Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

 


Misión

Derivado de las reformas constitucional y legal en materia electoral de 2007 y 2008, respectivamente, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) realiza dos funciones sustantivas:

  1. Llevar a cabo las actividades relacionadas con los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas nacionales: su registro y cancelación, vigilancia, ministraciones -financiamiento-, registro de dirigencias nacionales, candidaturas, fusiones, coaliciones, etc.

  2. Coadyuvar en el establecimiento de mecanismos para la administración de los tiempos del Estado en radio y televisión de los partidos políticos, autoridades electorales estatales, Tribunal Electoral Federal y del mismo Instituto Federal Electoral. En este ámbito, la DEPPP funge como Secretaria Técnica del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral.

¿Qué hacemos?

Coadyuvar al fortalecimiento y debido funcionamiento del sistema de partidos, así como al desarrollo de las Agrupaciones Políticas Nacionales, con especial énfasis en hacer patente la transparencia y certeza de los procedimientos, así como el cuidado en la rendición de cuentas como principio general mediante:

  • El oportuno otorgamiento de las prerrogativas de los partidos políticos (Financiamiento Público).
  • La realización de los trámites necesarios para hacer efectivas las prerrogativas fiscales de los partidos y agrupaciones políticas nacionales, así como para obtener las franquicias postales y telegráficas a que tienen derecho los partidos.
  • En general, el registro en libros de los partidos, sus órganos directivos, sus representantes ante el IFE a nivel federal, estatal y local, los candidatos a puestos de elección popular, sus convenios de fusión, frentes, coaliciones y acuerdos de participación. En el mismo sentido, el registro de dirigencias de las agrupaciones políticas nacionales.
  • La administración de los tiempos que corresponden al Estado en radio y televisión, otorgando a los partidos políticos, autoridades electorales y al propio Instituto su derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social, tanto en periodos electorales como no electorales, así como garantizar el cumplimiento de las transmisiones de acuerdo con la normatividad aplicable.





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