Sintitul1

El Certamen Nacional de Ensayo Francisco I. Madero ha llegado ya a su cuarta edición. Al igual que en la anterior, el Instituto Federal Electoral consideró conveniente convocar a la participación en dos categorías: una de Ensayo y otra de Reflexiones y Testimonios con la finalidad de dar cabida a las diferentes expresiones ciudadanas sobre el acontecer político y social de nuestro país, en esta ocasión con los temas "Alternancia y Gobernabilidad" y "Cultura de la Paz", respectivamente.

1999 se caracterizó por ser un año de intensa actividad política preelectoral que se manifestó en todos los ámbitos de la vida nacional y que generó numerosas expectativas y reflexiones en torno al quehacer político, en particular a las elecciones federales del 2000. En ese contexto, el cuarto Certamen Nacional de Ensayo tuvo una amplia respuesta por parte de la ciudadanía, que con su participación reflejó el interés por el análisis de la alternancia y la gobernabilidad.

Por su parte, el tema "Cultura de la Paz" atendió a la designación que la unesco hizo del año 2000 como el "Año Mundial de la Paz". Aunado a ello, los valores como el respeto, el diálogo y la tolerancia, inherentes a una cultura de la paz, son la base misma de una sociedad pluralista y democrática; por ende, el tema es central para el análisis en el marco de la consolidación democrática, y con su reflexión se contribuye a la formación de una cultura política democrática.

En la categoría de Ensayo el trabajo ganador fue "La lógica de la parálisis y el cambio bajo gobiernos sin mayoría", de Benito Nacif Hernández, quien realiza un análisis del efecto del desarrollo de contrapesos al poder presidencial sobre la formulación de políticas gubernamentales. El ensayo propone una teoría para explicar y predecir la formación de coaliciones y la producción de cambios de política en México. Sugiere que esta última depende de tres factores: primero, las preferencias de la administración; segundo, la posición de un partido "pivote" y, finalmente, la ubicación del statu quo respecto de los dos actores anteriores. El autor advierte que la transición de un sistema de partido hegemónico hacia otro de tipo tripartidista puede traer consigo los beneficios asociados a una mayor competencia política, pero también entraña la seria amenaza de la parálisis gubernamental. No obstante, resuelve este planteamiento con el supuesto de que la parálisis es una amenaza ambigua, además de que la propensión a ella depende más bien del número real de actores con capacidad de veto en el proceso de formulación de políticas. En México, sostiene Nacif, la evolución del sistema de partidos ha dado lugar a la existencia de un mayor número de actores; esto, en conjunción con "la política de pivotes" y la ubicación del statu quo han confirmado que en condiciones de gobierno dividido, la parálisis es superable.

El jurado del Certamen otorgó también tres menciones honoríficas en esta categoría. La primera de ellas correspondió al trabajo titulado "Carta a Madero", de Adolfo Alberto Savín Cravioto. En formato de carta que dirige a Francisco I. Madero, el autor le narra los sucesos históricos más relevantes que han ocurrido desde su muerte hasta nuestros días y describe las aportaciones de los hombres y mujeres que, desde su propia óptica, han contribuido a la conformación de un sistema democrático en México. En principio, hace una equiparación entre el principio de la no reelección de Madero con la alternancia, ya que, como menciona, "en estos tiempos ya no se perpetúan los hombres sino los partidos políticos". Para el autor, el país se encuentra en el mismo momento político electoral en que Madero lo dejó: debemos entender _afirma_ que la alternancia es el camino correcto y que lejos de conducirnos al caos y a la ingobernabilidad nos impulsa hacia el desarrollo democrático.

El segundo ensayo que obtuvó mención honorífica fue "Gobernabilidad y alternancia. Dos conceptos unidos en la democracia", de María de los Ángeles Olvera Jiménez y Rafael Roa Guerrero. Dicho trabajo busca explicar los elementos de relación entre gobernabilidad y alternancia, considerando que el régimen político democrático reconoce su existencia como una condición fundamental para mantenerse y transformarse. Para definir los conceptos de alternancia y gobernabilidad y la relación que existe entre ambos, los autores abordan primero los conceptos de política, sistema político, marco jurídico y las diferentes formas de democracia que imperan en los sistemas presidenciales de América Latina, así como las formas de transición a la democracia.

Por último, la tercera mención honorífica fue otorgada a José Ricardo Jiménez Paniagua, por su ensayo "Alternancia y Gobernabilidad". El autor parte de la idea de que para entender los fenómenos de alternancia y gobernabilidad es preciso analizar las condiciones que deben cumplirse previamente para que éstos sucedan, entre las cuales sobresalen la participación política de la población y el marco institucional en que ésta se inscribe, así como los conceptos de Estado, nación, democracia, liberalización de las ideas y tipos de gobierno. Sostiene que la permanencia de un solo partido en el poder puede nutrir la idea del autoritarismo en el manejo sobre las cuestiones públicas y propone que la alternancia de grupos en el poder, por plazos fijos y determinados, propiciará que la sociedad disponga de un buen gobierno, esto es, la conducción de los asuntos públicos hacia la aspiración suprema de la sana convivencia y la satisfacción de sus necesidades básicas e inaplazables.

En la categoría Reflexiones y Testimonios el trabajo ganador fue "Cultura de la paz", de María de Lourdes Villanueva Saucedo, quien reseña una vida difícil y marcada por la violencia, pero sobre todo hace énfasis en la necesidad de la educación de las niñas y los niños en los valores para que, a su debido tiempo, sean buenos padres, buenas madres y excelentes ciudadanos. La autora considera que sólo será posible hablar de paz cuando deje de haber niños y mujeres maltratados y que la educación es el principal medio para acceder a una cultura de la paz.

En esta categoría también se otorgaron menciones honoríficas. La primera, para Francisco Blanco Figueroa por su trabajo "Cultura de la Paz". Esta reflexión pondera la paz sobre la guerra, rechaza la intolerancia y los conflictos bélicos que dieron lugar a cuantiosas pérdidas humanas y materiales durante el siglo xx. La cultura de la paz de nuestro tiempo _dice el autor_ se basa en el pluralismo y en el respeto a la diversidad; quienes aman la paz deben aportar su esfuerzo para conseguir la concordia que posibilite el desarrollo humano e intelectual de los pueblos.

La segunda mención honorífica se otorgó a la reflexión "La paz, más allá de los buenos deseos", de Rubén Pérez Anguiano, que gira en torno a la idea de que la paz, posiblemente, es un estado de tensión permanente que permite contener las tendencias innatas hacia el conflicto. Puesto que la buena voluntad no es sufi-ciente, afirma el autor, el poder legítimo debe crear un Estado de derecho que tenga como fin la paz, sin perder de vista que tanto la aplicación viciosamente estricta de la ley como la renuencia a atenderla son extremos que pueden perjudicar el interés político inmediato.

Con la publicación de estos trabajos se busca contribuir al análisis y la reflexión sobre los temas vinculados a la cultura política democrática.

Durante las tres últimas administraciones, México ha experimentado cambios sustanciales en el número y fuerza relativa de los partidos políticos. La votación en favor del partido en el gobierno _el Partido Revolucionario Institucional (pri)_ ha sufrido una caída significativa. Entre 1982 y 1997 ha pasado del 60.5% al 39% de la votación nacional. En ese mismo periodo, el Partido Acción Nacional (pan) _la segunda fuerza electoral_ ha logrado incrementar su base electoral del 18% al 26.6%. En 1989 surgió una tercera fuerza política, el Partido de la Revolución Democrática (prd), que entre 1991 y 1997 ha triplicado su apoyo electoral, al pasar del 8.5% al 25.7% de la votación nacional.

Como resultado de este proceso, México ha transitado de un sistema de partido dominante a otro de carácter tripartidista. El desgaste del partido en el gobierno se ha reflejado de una manera más directa en la Cámara de Diputados. Debido al sistema electoral, la composición de esta Cámara refleja de una manera más cercana la proporción de votos obtenida por cada partido. Así, la caída electoral del pri dejó al partido del presidente con sólo 260 escaños en la Cámara de Diputados. Su mayoría se redujo a 10 escaños y quedó 74 votos por debajo de los 334 que se necesitaban para aprobar cambios a la Constitución. Una segunda caída electoral en 1997 redujo aún más el número de escaños del pri en la Cámara de Diputados. El partido en el gobierno se quedó 12 votos por debajo de la mayoría absoluta.

El crecimiento de los partidos de oposición en la Cámara de Diputados ha activado contrapesos a las administraciones del pri. En primer lugar, la pérdida de la mayoría constitucional a partir de 1988 ha obligado a las subsecuentes administraciones a buscar el apoyo de la oposición para introducir cambios a las leyes constitucionales. En segundo lugar, el revés sufrido por el pri en las elec-ciones de 1997 ha activado restricciones aún más poderosas a la administración. Sin la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, el presidente y su partido necesitan del respaldo de la oposición tanto para aprobar cambios a la legislación existente como para crear nueva legislación. En otras palabras, el pri necesita formar coaliciones con los partidos de oposición para pasar iniciativas por la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el efecto de esta nueva situación en el proceso de gobierno?

El propósito de este trabajo es analizar el efecto del desarrollo de contrapesos al poder presidencial sobre la formulación de políticas gubernamentales. El ensayo propone una teoría para explicar y predecir la formación de coaliciones y la pro-ducción de cambios de política en México. Sugiere que la producción de cambios de política depende de tres factores: primero, las preferencias de la administración; segundo, la posición de un partido "pivote" y, finalmente, la ubicación de la política en curso (statu quo) respecto de los dos actores anteriores. La teoría predice que cuando la política en curso se encuentra muy alejada de las preferencias de la administración y del partido pivote, se podrá forjar una coalición para aprobar un cambio de política. Asimismo, previene que cuando la política en curso se ubica en una posición centrista respecto de las preferencias de la administración y el partido pivote, el statu quo prevalecerá.

La reflexión comienza con una discusión acerca de las implicaciones del presidencialismo en términos de la formación de coaliciones y la formulación de políticas. Las dos siguientes secciones tienen como propósito identificar a los actores con capacidad de veto en el proceso de formulación de políticas en el caso de México. Existen básicamente dos estructuras que definen a los actores con capacidad de veto: la Constitución y el sistema de partidos. La identificación de los actores reales con capacidad de veto sólo es posible mediante el análisis combinado de estas dos estructuras. Finalmente, se evalúa en qué condiciones podemos esperar la formación de coaliciones ganadoras en torno a cambio de políticas y se analiza un par de casos: la reprivatización de la banca en 1989 y el rescate bancario iniciado en 1995 y revisado por el Congreso en 1998.

Los críticos del presidencialismo han puesto varias señales en la ruta que el sistema político mexicano parece seguir en el proceso de transición del autori-tarismo a la democracia. Han advertido que los regímenes presidenciales son propensos a la parálisis y a la ingobernabilidad. La formación y existencia independientes de los poderes es una fuente estructural de conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. El conflicto puede inhibir la acción gubernamental. La parálisis gubernamental representa una amenaza potencial a la estabilidad de los regímenes democráticos. Cuando se produce de manera recurrente o en momentos críticos puede motivar a los actores políticos a buscar salidas autoritarias y a romper el orden constitucional.

Asimismo, los opositores al sistema presidencialista advierten que, en combinación con el multipartidismo, la propensión a la parálisis aumenta peligrosamente. Si el número de partidos relevantes es mayor a dos, la probabilidad de que se produzcan "gobiernos divididos" _gobiernos en los que el presidente no posee la mayoría en el Congreso_ crece sustancialmente. Tal ha sido el caso de México durante la segunda mitad de la administración del presidente Ernesto Zedillo. De acuerdo con los críticos, el problema con los gobiernos divididos es que en los regímenes presidenciales, los partidos políticos tienen muy pocos incentivos para cooperar y formar coaliciones. Por lo tanto, debemos esperar que la parálisis se produzca de forma recurrente cada vez que el Ejecutivo presente sus iniciativas al Congreso.

El argumento procede de la siguiente manera. Por un lado, el carácter unitario del Ejecutivo en los regímenes presidenciales coloca a los partidos políticos en una relación de competencia en la que se lleva todo. La contienda electoral entre el partido del presidente y los partidos de oposición es un "juego de suma cero" (para que la oposición avance, el apoyo electoral del partido del presidente debe disminuir). Por tanto, las ganancias potenciales por respaldar al Ejecutivo en la aprobación de una nueva política son a menudo negativas. En segundo lugar, el multipartidismo alienta la polarización ideológica y el extremismo político, e inhibe la convergencia de los partidos en torno a soluciones de política. Finalmente, la autonomía del Ejecutivo en los sistemas presidenciales limita la capacidad para formar coaliciones estables en la legislatura. Los presidentes pueden formar coaliciones compartiendo espacios en la administración con otros partidos, sin embargo, dado que retienen la libertad de remover a los miembros de su gabinete sin consultar a la legislatura, tales coaliciones suelen ser sumamente frágiles.

Los detractores del presidencialismo utilizan la parálisis o inmovilismo gubernamental como una variable que conecta el tipo de régimen constitucional con la ingobernabilidad. Por un lado, el arreglo constitucional en los regímenes presidenciales genera una propensión estructural a la parálisis en la producción de cambios de política. Por otro, la parálisis produce una tendencia hacia el rompimiento del orden constitucional. Los críticos de esta forma de gobierno han buscado la confirmación de sus argumentos en el elevado número de casos de ruptura (golpes de Estado, autogolpes, guerras civiles, etcétera) en las democracias presidenciales vis a vis las democracias parlamentarias.¹ Sin embargo, existe un vacío notable respecto del significado de la variable parálisis gubernamental. Además, la teoría que sostiene la relación entre parálisis y ruptura

¹ Shugart y Carey sostienen que un recuento de los casos de colapso de la democracia que se remonte hasta principios de siglo produce un saldo no del todo desfavorable al pre-sidencialismo. Asimismo, advierten que el hecho de que la gran mayoría de los regímenes presidenciales se ubiquen en América Latina impone un fuerte sesgo en la selección de casos. Matthew S. Shugart y John M. Carey, Presidents and Assemblies; Constitutional Design and Electoral Dinamics, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.

es muy poco puntual. Los mecanismos mediante los cuales la parálisis en la producción de cambios de política desata el colapso de la democracia no han sido claramente explicados.

La definición de parálisis que puede extraerse de las críticas al presiden-cialismo se refiere a la incapacidad del Ejecutivo para conseguir la aprobación de sus iniciativas. Ésta es, a todas luces, una definición elemental. Sólo supone que no existe un acuerdo entre los actores involucrados en el proceso de toma de decisiones respecto de una mejor alternativa para reemplazar la política en curso.² De esta definición, sin embargo, no se desprenden necesariamente las implicaciones negativas que se le atribuyen a la parálisis. En primer lugar, la detención de iniciativas promovidas por el Ejecutivo no es necesariamente algo adverso a la democracia. Por el contrario, la existencia de contrapesos con la capacidad efectiva de detener al Ejecutivo puede fortalecer a la democracia al evitar cambios erráticos de política. En segundo lugar, la parálisis en la formulación de cambios de política es sinónima de continuidad. Y la continuidad de las políticas en curso puede ser benéfica cuando no existe el acuerdo suficiente entre los actores políticos relevantes para modificar el statu quo. De hecho, una de las ventajas de los sistemas presidenciales es que crean un Ejecutivo estable y, por lo tanto, la autoridad para seguir ejecutando las políticas establecidas nunca desaparece. Como dice Ceaser: "En un sistema presidencial la fuerza ejecutiva nunca se extingue. En un sistema parlamentario la fuerza ejecutiva no puede garantizarse".³

Desde luego, la existencia de contrapesos puede disminuir la capacidad de reacción de los gobiernos ante contingencias. Frente a un cambio radical en el contexto de política, el mantenimiento de la política en curso puede ser desastroso. La parálisis gubernamental en presencia de un shock exógeno puede dar lugar a una crisis profunda y minar el respaldo de la opinión pública a un régimen democrático. Ésta es claramente una situación especial en la que el statu quo se ubica repentinamente en una posición extrema. El costo de esperar a que se forme una coalición en la legislatura para respaldar un cambio de política puede ser muy alto, quizá demasiado alto como dicen los críticos del presidencialismo.

Sin embargo, existen diversos mecanismos institucionales en las democracias presidenciales para hacer frente a situaciones de emergencia. Uno de los más

² Los mecanismos de frenos y contrapesos, como el veto presidencial, pueden dar lugar
a formas más sofisticadas de parálisis. Dados los mecanismos supramayoritarios para supe-rarlos, ponen en manos de una minoría el poder de bloquear cambios de política apoyados por la mayoría. Cfr. Keith Krehbiel, Pivotal Politics; A Theory of U.S. Lawmaking, Chicago, The University Chicago Press, 1998.

³ James W. Ceaser, "In Defense of Separation of Powers", en Robert A. Goldwin y Art Kaufman (eds.), Separation of Powers-Does it Work?, Washington, D.C., American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1986, p. 171.

comunes es la extensión de autoridad discrecional del Ejecutivo en determinadas áreas de política. El decreto presidencial ha sido un instrumento muy efectivo para introducir cambios sustanciales de política en respuesta a shocks externos en las democracias de América Latina. Tradicionalmente visto como una forma de usurpación de autoridad legislativa, el poder de decreto se ha utilizado a menudo con el consentimiento implícito de la propia legislatura. Otra forma de enfrentar cambios bruscos en el entorno económico ha sido delegar a órganos independientes el control de determinadas políticas. Tal es el caso de la banca central y el manejo de la política monetaria.

Un problema adicional de las críticas al presidencialismo es que carecen de una teoría para explicar en qué circunstancias se produce la parálisis y qué condiciones deben reunir para la producción de un cambio de política. Todo lo que advierten es que los regímenes presidenciales tienen una "propensión" mayor a la parálisis y que dicha propensión aumenta conforme el número de par-tidos relevantes crece más allá de dos. Hace falta un análisis más detallado de la interacción de los diversos actores que participan en el proceso de formulación de políticas para sacar conclusiones relevantes respecto de cuándo podemos esperar cambio o continuidad en las políticas del gobierno. Ello debe hacerse con la conciencia de que la producción de un cambio de política no es necesariamente un éxito, así como de que el mantenimiento de una política no implica un fracaso.

La Constitución estructura el proceso de formulación de políticas gubernamentales; define las etapas por las cuales una iniciativa puede convertirse en política gubernamental, determina qué órganos participan en el proceso y, finalmente, confiere y delimita la autoridad de los actores participantes. Los textos de derecho constitucional presentan a las ramas de gobierno como actores que desempeñan funciones distintas, idealmente de forma independiente. En la práctica, sin embargo, los poderes Ejecutivo y Legislativo son actores que comparten poder y se interrelacionan en el proceso de formulación de políticas.⁴ Los resultados de esa interacción pueden ser: la introducción de una nueva política o la continuidad de la política en curso.

⁴El Poder Judicial también es un actor constitucional que interviene en el proceso de formulación de políticas. Sin embargo, dado el propósito de este ensayo, no analizaré su papel. Cfr. Richard E. Neustadt, Presidential Power, Nueva York, Wiley, 1960.

En el análisis del arreglo constitucional es importante identificar a los que Tsebelis denomina como "jugadores con capacidad de veto" (veto players),⁵ es decir, aquellos actores individuales o colectivos cuyo consentimiento es requerido para cambiar una política gubernamental. Desde luego, en el caso de actores colectivos el consentimiento lo otorga la mayoría que tiene el poder de tomar decisiones. La capacidad de veto puede percibirse como un poder de tipo negativo. Sirve para detener o bloquear una iniciativa. Sin embargo, puede utilizarse para impulsar una iniciativa o para definir el contenido de otra. En la práctica, la distinción entre un poder negativo y un poder positivo es imposible.

La Constitución mexicana establece dos procesos distintos para introducir cambios en las políticas del gobierno federal: el constitucional y el regular. El proceso constitucional está diseñado para promover la estabilidad política. Resulta de la práctica de regular determinadas áreas de la política mediante leyes constitucionales. Con esta práctica, establecida por el Constituyente de 1917, se busca la protección de algunas políticas imponiendo requisitos supramayoritarios y multiplicando el número de jugadores con capacidad de veto. Cualquier iniciativa que busque modificar una política protegida por la Constitución (o que busque proteger una política mediante leyes constitucionales) debe ser aprobada por dos terceras partes de la Cámara de Diputados y el Senado y por 16 de las 31 legislaturas estatales.

El proceso regular para introducir cambios de política es, en cierto sentido, más sencillo. Involucra sólo a tres jugadores: la Cámara de Diputados, el Senado y el presidente de la República. En el proceso regular es suficiente que la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría en el Senado y el presidente de la República estén de acuerdo para que se produzca un cambio de política. La Cámara de Diputados y el Senado son jugadores con una capacidad de veto absoluta. Si no se conforma una mayoría en cada uno de estos cuerpos para respaldar una iniciativa de cambio de política, el cambio no se produce y prevalece el statu quo. Basta que uno solo de estos cuerpos no otorgue su consentimiento para que una iniciativa sea abortada.

El poder de veto del presidente de la República, sin embargo, es superable. El jefe del Ejecutivo sólo está protegido por un mecanismo supramayoritario. Ciertamente, puede detener la promulgación de una iniciativa aprobada por el Congreso y regresarla a la Cámara donde se originó. Sin embargo, la Constitución establece que si la iniciativa volviera a ser aprobada por dos terceras partes de la Cámara y el Senado, se convierte en ley automáticamente. El proceso regular para la formulación de una nueva política gubernamental puede apreciarse gráficamente en la figura 1.

⁵George Tsebelis, "Decisión Making in Political Systems: Veto Playeres in Presidentialism, Multicameralism and Multipartism", en British Journal of Political Science, núm. 25, 1995.

Figura 1. Proceso establecido por la Constitución para introducir cambios de política.

La Constitución no sólo establece los órganos de gobierno y define su esfera de autoridad en el proceso de formulación de políticas. También regula el acceso a los cargos en estos órganos y las condiciones en que estos cargos se desempeñan. Mediante estas instituciones se regula la formación y la actuación de los partidos políticos. Éstos son organizaciones que moldean el funcionamiento de los órganos constitucionales. Como dice Duverger, "el grado de separación de poderes depende mucho [más] del sistema de partidos que de las disposiciones previstas por las constituciones".⁶ En primer lugar, los partidos intervienen en el reclutamiento y en la promoción de cuadros políticos que llenan los puestos públicos en los órganos constitucionales. En segundo lugar, en los órganos colectivos como la Cámara de Diputados y el Senado, los partidos políticos coordinan a los miembros para la realización de sus finalidades comunes o colectivas.

Hay dos aspectos clave para entender el impacto de los partidos políticos sobre el funcionamiento del régimen constitucional: el grado de centralización al interior de los partidos políticos y el número de partidos relevantes. La centralización se refiere a la relación entre los dirigentes del partido y los políticos que desempeñan cargos en los órganos constitucionales. El grado de centra-lización depende básicamente de la capacidad de los dirigentes para influir en las carreras políticas de los cuadros del partido. Cuando los dirigentes pueden intervenir de manera determinante en la asignación de las candidaturas y en la promoción a posiciones de influencia dentro de los órganos constitucionales,

⁶Maurice Duverger, Los partidos políticos, México, Fondo de Cultura Económica, 1957,
p. 419.

los políticos que desempeñan cargos públicos se convierten en agentes de sus organizaciones partidistas. Cuando los políticos pueden avanzar en sus carreras políticas con independencia respecto de sus dirigentes partidistas, prevalece la descentralización al interior de los partidos.

La teoría también sugiere que la relación entre dirigentes partidistas y legisladores depende de la importancia relativa de dos factores en la consecución de cargos públicos y la realización de carreras exitosas: la reputación tanto personal como colectiva del partido. En la medida en que las características personales de los candidatos sean el factor determinante para conseguir el cargo en la legislatura, los políticos tendrán un mayor grado de independencia respecto de los dirigentes de partido. Si la consecución del cargo depende de la reputación colectiva del partido, los políticos dependerán de sus dirigentes. Esto es así porque los dirigentes son los encargados de proteger y cultivar un bien colectivo fundamental para todos los políticos del partido: la imagen del partido.

El peso de estos dos componentes está definido en gran medida por las instituciones que regulan la elección de representantes. En México, las instituciones electorales hacen que los políticos que buscan cargos en la Cámara de Diputados y en el Senado sean completamente dependientes de la reputación del partido que los postula. El voto personal en las elecciones congresionales es prácticamente irrelevante, lo mismo para candidatos en distritos uninominales que para candidatos en circunscripciones plurinominales. La reputación colectiva del partido es un bien fundamental para desarrollar carreras políticas largas y exitosas.⁷

Los partidos políticos en México son organizaciones sumamente cohesivas y sus dirigentes poseen instrumentos muy eficaces para influir en el reclutamiento y la promoción política de los legisladores. En consecuencia, los representantes tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado actúan como agentes de las organizaciones partidistas a las que pertenecen. El marco institucional definido por las leyes electorales mexicanas establece claramente un régimen de "responsabilidad colectiva" de los partidos políticos ante el electorado. El electorado juzga las posiciones del partido y el partido responde colectivamente por ellas en las siguientes elecciones. Los legisladores (y los funcionarios de elección popular en general) no son responsables individualmente ante sus electores puesto que no pueden reelegirse.

Dado el carácter centralizado de los partidos políticos en México, las organizaciones partidistas "consolidan" jugadores institucionales con capacidad

⁷ Para un análisis detallado de la forma en que las instituciones electorales moldean las estrategias de los legisladores para avanzar en su carrera política en México, véase Benito Nacif, "Legislative Parties in the Mexican Chamber of Deputies", en Documento de Trabajo de la División de Estudios Políticos del cide, núm. 83, 1998.

de veto, formalmente separados por la Constitución. Los grupos parlamentarios de un partido en la Cámara de Diputados y en el Senado no actúan independien-temente. Operan como agentes de la dirigencia nacional de su partido. Asimismo, cuando un partido llega a la Presidencia de la República, sus grupos parlamentarios en la Cámara y en el Senado operan en coordinación con el jefe del Ejecutivo. La relación entre el presidente de la República y la dirigencia nacional del partido es un aspecto clave. La experiencia histórica en México aunque se limita a un solo partido, el pri_ muestra que la subordinación de la dirigencia partidista al presidente de la República ha resultado ser un equilibrio bastante estable. El presidente de la República ha sido el dirigente de su partido. Desde luego, no sabemos qué pasaría si un partido diferente llegara a la Presidencia. Los partidos de oposición tienen instituciones distintas que regulan la selección de sus dirigentes. Sin embargo, a juzgar por lo que ocurre durante las campañas presidenciales, en las que los candidatos a la Presidencia asumen el control real sobre sus partidos, podemos esperar que prevalezca un patrón muy parecido al actual.

En consecuencia, el número real de jugadores con capacidad de veto depende más bien del régimen de partidos. Si un solo partido lograra controlar las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y el Senado juntos y tuviera la mayoría en 16 legislaturas estatales tendría la capacidad para imponer cualquier cambio de política. Habría, por lo tanto, un solo jugador con capacidad de veto. Sin embargo, bastaría con que perdiera la mayoría constitucional en alguna de las cámaras del Congreso para que surgieran más actores con capacidad de veto sobre cambios a políticas constitucionales. El número real de actores con capacidad de veto dependería de cuántos partidos serían necesarios para reunir las dos terceras partes de la Cámara en cuestión. Es decir, el número real de actores con capacidad de veto sería igual al número de partidos necesarios para formar una coalición mínima ganadora.

Lo mismo ocurre en el proceso regular de formulación de políticas. Si un solo partido controla la Presidencia de la República y las mayorías en la Cámara de Diputados y el Senado, habría un solo jugador con capacidad de veto. Bastaría con que el número de escaños de este partido cayera por debajo de la mayoría absoluta para que el número de actores con capacidad de veto aumente. Nótese que el número de actores con capacidad de veto no aumentaría más si perdiera la mayoría en la otra Cámara.

El cuadro 1 muestra el control del pri sobre los actores constitucionales con capacidad de veto durante las tres últimas administraciones. Los números en las columnas indican los escaños que le sobran o que le hacen falta al pri para conseguir la mayoría constitucional y la mayoría absoluta en cada una de las cámaras. Hasta la administración del presidente Miguel De la Madrid, el pri controla todo el circuito de producción de políticas. El pri era el único con capacidad de veto, sin embargo, a partir de 1988 no ha tenido la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados. Ello significa que todos los cambios constitucionales ocurridos desde 1988 se han ido produciendo en un contexto en el que existen al menos dos actores con capacidad de veto: el pri y un segun-do partido cuyos votos son necesarios para reunir las dos terceras partes de la Cámara. Se trata de un periodo interesante porque a pesar de la aparición de un segundo partido con capacidad de veto se produce un número importante de reformas constitucionales.

Cuadro 1. Control del pri sobre los actores constitucionales con capacidad de veto.

Periodo		82-85	85-88	88-91	91-94	94-97	97-00
Presidencia		De la Madrid	De la Madrid	Salinas	Salinas	Zedillo	Zedillo
Senado	PRI 2/3	16	16	12	14	10	-10
	PRI-MAY	32	32	28	30	32	12
C�mara de diputados	PRI 2/3	32	22	-74	-14	-34	-95
	PRI-MAY	98	88	9	69	49	-12

El otro cambio importante ocurre durante la segunda mitad de la administración del presidente Ernesto Zedillo. El pri pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y la mayoría constitucional en el Senado. La pérdida de la mayoría absoluta introduce un segundo partido con capacidad de veto en el proceso regular de producción de políticas. Nótese, sin embargo, que la pérdida de la mayoría constitucional en el Senado realmente no tiene implicaciones en términos del número de actores con capacidad de veto. La misma coalición de partidos puede proporcionar suficientes votos en ambas cámaras para aprobar una iniciativa.

El desgaste del pri en la Cámara de Diputados y en el Senado ha ocurrido dentro de ciertos límites. El pri ha conservado la mayoría absoluta en el Senado, lo cual le permite bloquear cualquier iniciativa promovida por una coalición de partidos de oposición en la Cámara de Diputados, sin que el presidente tenga que enfrentarla directamente con su poder de veto. Por otro lado, ningún partido de oposición ha conquistado la mayoría que el pri perdió en la Cámara de Diputados. Ello significa que el pri no está obligado a conseguir el consentimiento de un partido político en particular para aprobar un cambio de política. Podría decirse que el pri puede escoger, entre los partidos de oposición, un socio con el cual formar una coalición.

La pérdida de la mayoría ha introducido un segundo actor en el proceso de formulación de políticas que, siguiendo a Krehbiel, podemos llamar el partido pivote. El pivote es aquel partido del cual el pri depende para introducir un cambio de política.⁸ Para identificar el partido pivote no es suficiente saber qué partidos pueden aportar los votos suficientes para formar coaliciones ganadoras mínimas junto con el pri. Para identificarlo es necesario hacer un ejercicio basado en tres supuestos acerca del proceso de formulación de políticas y de los actores participantes.

Primero, supongamos que podemos ordenar las propuestas o políticas en un eje. Es decir, se trata de un espacio de política unidimensional. Por conveniencia, asumimos que el espacio de política es un espectro continuo donde podemos ubicar a las políticas de izquierda en un extremo, a las políticas moderadas en el centro y a las políticas de derecha en el otro extremo. Existe un statu quo (q) exógeno que se refiere a la política en curso y que puede interpretarse como el resultado de un proceso previo de toma de decisiones.

Segundo, supongamos que existen tres jugadores: los principales partidos políticos, el pri, encabezado por el Ejecutivo (e), el pan y el prd. Para cada jugador existe un punto ideal en el espacio de la política. Es decir, una política que produce los mayores beneficios posibles para el jugador que cualquier otra política. Cualquier desplazamiento respecto del punto ideal (ya sea a la izquierda o a la derecha) en el espacio de la política disminuye el nivel de bienestar del jugador. Esto es, los jugadores tienen funciones de utilidad unimodales tal como se puede apreciar en la figura 2.

Finalmente, supongamos que los actores adoptarán estrategias que eleven al máximo su nivel de bienestar. Los jugadores tienen la información necesaria para definir sus estrategias: conocen las reglas del juego definidas por la Constitución y el punto ideal de los otros jugadores.

⁸ El partido pivote se define en función del pri porque éste posee por sí solo la capacidad de vetar cualquier iniciativa. En el modelo original de política de pivotes aplicado al proceso legislativo, Krehbiel define los pivotes en función del legislador. Keith Krehbiel, Pivotal Politics; A Theory of U.S. Lawmaking, Chicago, The University of Chicago Press, 1998.

Dados estos supuestos, para tener la categoría de pivote un partido debe reunir tres condiciones:

a) Sus votos deben ser necesarios y suficientes para formar una coalición mínima ganadora con el pri.

b) La distancia entre su punto ideal y el punto ideal del pri (e) debe ser menor que la distancia existente entre (e) y los puntos ideales de los otros partidos.

c) La distancia entre (e) y el statu quo (q) debe ser mayor a la distancia entre el punto ideal del partido pivote y (e).

Así, la respuesta a la pregunta ¿cuál es el pivote?, depende de las preferencias de política de los partidos y de la oposición del statu quo.

Un ejemplo que sirve para ilustrar el modelo es la evolución de la política bancaria durante la gestión del presidente Carlos Salinas. El statu quo heredado por su gobierno fue establecido por la administración anterior. Después de que el presidente José López Portillo decretó la expropiación de la banca en su último informe de gobierno, el régimen entrante llevó al ámbito constitucional el control estatal sobre la banca y la participación minoritaria de la iniciativa privada mediante la reforma al artículo 28 de la Constitución. Tanto la expropiación de la banca como la constitucionalidad del monopolio estatal sobre el servicio de banca y crédito pudieron establecerse con facilidad porque el pri controlaba más de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y el Senado, así como todas las legislaturas estatales. Puede decirse que el punto (q) en la figura 3 representa el punto ideal de la administración del presidente De la Madrid respecto del papel del Estado en el sector bancario.

Figura 3. Ubicación del partido pivote en la política de reprivatización de la banca.

La sucesión presidencial de 1988 trajo consigo un cambio importante que alteró el equilibrio existente en torno a la política bancaria del gobierno. Con el cambio de administración en ese año, hubo un desplazamiento hacia la derecha del punto ideal del Ejecutivo (e). El presidente Salinas y su administración estaban convencidos de la necesidad de liberalizar el mercado bancario y vender los activos del gobierno concentrados en las instituciones nacionales de crédito mediante la privatización de los bancos. Sin embargo, la caída del pri en las elecciones de 1988 había dejado a su partido sin los votos suficientes para aprobar en la Cámara de Diputados una reforma al artículo 28 constitucional. Necesitaba conseguir el respaldo de un segundo partido que pudiera aportar los 74 votos faltantes.

Dada la nueva posición del Ejecutivo, el partido pivote era aquel cuyo punto ideal se encontraba a la derecha del statu quo (q): el pan. Éste fue el único partido de oposición que votó en contra de la iniciativa del presidente De la Madrid para elevar al ámbito constitucional el monopolio estatal sobre la provi-sión de servicios bancarios. Su postura ante la política bancaria del gobierno seguía siendo muy parecida a la adoptada en 1983. Sin embargo, muy probablemente se encontraba a la izquierda de la posición adoptada por la administración del presidente Salinas, la cual buscaba la completa liberalización del mercado de servicios bancarios y la venta rápida de los activos gubernamentales. El pan tenía menos prisa por vender y buscaba establecer algunos mecanismos para involucrar a la banca privada en la promoción de ciertas actividades económicas. El statu quo estaba tan alejado del punto ideal del pan que terminó aceptando la propuesta del Ejecutivo. El resultado fue el establecimiento de una nueva política bancaria y un nuevo statu quo.

El ejemplo anterior muestra cómo aun en ausencia de un "gobierno unificado" se pueden producir cambios sustanciales de política. Podría objetarse que la reprivatización de la banca fue un caso especial y que no debemos hacer generalizaciones a partir de él. Sin embargo, si sólo consideramos aquellas políticas respaldadas por leyes constitucionales, donde las condiciones de gobierno dividido se presentaron desde 1988, difícilmente podría emplearse la palabra análisis para describir el resultado. Durante la administración de Salinas se introdujeron nuevas políticas en el sector educativo, en las relaciones Iglesia-Estado y en el régimen de propiedad ejidal, a pesar de los candados constitucionales que protegían el statu quo. Asimismo, la gestión de Zedillo inició con una profunda reforma al Poder Judicial, no obstante que su partido estaba 34 votos debajo de la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados.

Sabemos que en ausencia de un gobierno unificado se activan contrapesos partidistas al poder de las administraciones del pri. Ello significa que los cambios de política no responden simplemente a los desplazamientos en las pre-ferencias del Ejecutivo en el espectro de la política. Sin embargo, ¿bajo qué condiciones los contrapesos partidistas permiten el cambio de política?; ¿bajo qué condiciones debemos esperar que el statu quo prevalezca a pesar de que el Ejecutivo desea modificar la política en curso?

La teoría de pivotes políticos de Krehbiel puede ayudarnos a responder estas preguntas. Krehbiel argumenta que la estabilidad o el cambio son resultados de política que dependen de las preferencias de los actores relevantes en el juego y de la ubicación del statu quo. La teoría desarrollada por Krehbiel permite definir primero si el resultado del juego será estabilidad o cambio y, segundo, suponiendo que se reúnen las condiciones para una nueva política, cuál será el equilibrio resultante. La teoría de pivotes políticos fue diseñada para explicar y predecir resultados en el proceso legislativo en Estados Unidos. El modelo original incluye un número mayor de actores de los que realmente existen en México.

La figura 4 presenta una adaptación de la teoría de pivotes políticos al caso mexicano. Incluye dos actores: el Ejecutivo y el partido pivote. La figura presenta en el eje vertical los resultados de política posibles y en el eje horizontal las variaciones en el statu quo con respecto de las preferencias de los actores. (En la figura 3 el punto ideal del Ejecutivo se encuentra a la derecha del punto ideal del partido pivote. El modelo permite distinguir cinco intervalos (identificados con números romanos) en los que se puede ubicar el statu quo y predecir el resultado para cada uno de ellos.

Figura 4. Equilibrios de política resultantes de acuerdo con la teoría de pivotes políticos.

Intervalos I y V: Convergencia total en el punto medio (m) entre los puntos ideales del Ejecutivo (e) y del partido pivote (p). En estos intervalos el statu quo está ubicado en una posición extrema, tanto que el Ejecutivo como el partido pivote preferirían una nueva política que se ubicara a la mitad de sus posiciones.

Intervalo III: Estabilidad de política (o parálisis). Si el statu quo reside en este intervalo la introducción de una nueva política constituye un "juego de suma cero", es decir, para que alguien gane otro debe perder. Ello significa que uno de los dos actores resultaría perjudicado si se modifica el statu quo. Por lo tanto, el resultado esperado es que utilice su capacidad de veto para bloquear cualquier cambio de política.

Intervalos II y IV: Convergencia parcial hacia el punto medio (m). Dentro del intervalo II, entre más se aleje el statu quo de (p) hacia la izquierda, más dispuesto estará a aceptar propuestas más cercanas a (m). Asimismo, dentro del intervalo IV, el resultado tenderá a converger con (m), en la medida en que el statu quo se aleje de (e).

En resumen, el modelo predice que en presencia de un contrapeso partidista al poder de las administraciones del pri, cuando la política en curso esté muy alejada de las preferencias del Ejecutivo y del partido pivote, la tendencia será producir nuevas políticas que se ubiquen en medio de los puntos ideales de estos dos actores. Asimismo, la teoría predice que si la política en curso se encuentra entre los puntos ideales del Ejecutivo y el partido pivote, el resultado será la continuidad de esta política. Ello significa que entre más grande sea la dis-tancia entre los puntos ideales del Ejecutivo y el partido pivote, mayor será la estabilidad de la política. Es importante notar que esta distancia sólo se puede aumentar si todos los partidos de oposición se mueven en dirección opuesta al Ejecutivo, como de hecho ocurrió después de las elecciones de 1997.

Un ejemplo que sirve para ilustrar la aplicación de la teoría de pivotes políticos es la reformulación de la política de rescate bancario en 1998. Tal rescate fue iniciado por la administración del presidente Ernesto Zedillo en 1995. Las elevadas tasas de interés y la caída del salario y del empleo habían convertido en impagables a una gran parte de las deudas contratadas con los bancos. Como resultado del crecimiento explosivo de los créditos vencidos todos los bancos estaban al borde de la quiebra. El gobierno decidió intervenir comprando una parte importante de estos créditos. La compra se efectuó con pagarés firmados por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (fobaproa), que tenían una garantía implícita del gobierno. Los pagarés del fobaproa evitaron la quiebra de los bancos, pero eran insuficientes para resolver el principal problema del sistema bancario: los bajos niveles de capitalización. Tales pagarés resultaban ser instrumentos de bajo rendimiento y cero liquidez.

Figura 5. La política de rescate bancario y la posición de los actores políticos.

Para resolver este problema el Ejecutivo envió una iniciativa al Congreso para dar una garantía explícita a los pagarés del fobaproa mediante su conversión automática en títulos de deuda pública que pudieran venderse en el mercado secundario. Sin embargo, su propuesta llegó a una Cámara de Diputados donde su partido no tenía mayoría y se ubicó muy lejos de las posiciones de todos los partidos de oposición. El pan pedía que la recapitalización de los bancos fuera acompañada de un programa adicional de ayuda a deudores, que se auditara la cartera vencida comprada con los pagarés del fobaproa antes de emitir los nuevos documentos financieros y que renunciaran el gobernador del Banco de México y el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El punto ideal del prd al respecto es un poco más complicado de definir, pero podemos ubicarlo más hacia la izquierda que el del pan. Varias de sus demandas fueron incorporadas por el propio pan en su planteamiento. Había, por lo tanto, coincidencias importantes. Sin embargo, su punto ideal refleja que el prd prefería un programa adicional de apoyo gubernamental a deudores de la banca más extensivo, que incluyera a deudores de tarjetas de crédito. Asimismo, el prd pedía que los bancos absorbieran parte del costo fiscal del rescate bancario.

La figura 5 presenta las posiciones de los actores relevantes respecto de la política de rescate bancario en un espacio unidimensional. La ubicación del statu quo debe considerar que la continuación de la política en curso estaba aumentando peligrosamente la percepción de riesgo en los mercados financieros en relación con el futuro del sistema bancario mexicano. De continuar la incer-tidumbre se podría producir lo que los pagarés del fobaproa evitaron: la quiebra del sistema bancario. Por esta razón, podemos asumir que el statu quo se ubica en una posición extrema en el intervalo I. La posición extrema del statu quo hizo posible producir una nueva política. La nueva política que finalmente aprobó la coalición pri-pan en el Congreso fue una versión muy diferente a la propuesta original del Ejecutivo. De acuerdo con el modelo de política de pivotes, se puede decir que la nueva política convergió totalmente en el punto medio (m) entre las posiciones del pan y las del Ejecutivo.

Los críticos del presidencialismo advierten que el proceso de democratización que se registra en México supone riesgos. La transición de un sistema de partido hegemónico hacia otro de tipo tripartidista es un mixed blessing. Por un lado, trae consigo los beneficios asociados a una mayor competencia política: transparencia en la toma de decisiones y responsabilidad en el comportamiento de los gobernantes y, por el otro, dada la naturaleza presidencial de la Constitución, el desgaste del partido hegemónico entraña una seria amenaza: la parálisis gubernamental. La sombra de la parálisis se cernió sobre el gobierno mexicano a raíz de las elecciones intermedias de 1997. Cuando el pri perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, el mantenimiento del programa de gobierno del presidente Zedillo pareció quedar en manos de una improbable coalición entre el pri y los partidos de oposición.

La parálisis, sin embargo, ha sido una amenaza ambigua. Básicamente, significa que el Ejecutivo no tiene éxito en conseguir la aprobación de sus iniciativas en el Congreso. El resultado de la parálisis es, por lo tanto, la persistencia de la política en curso o statu quo. Los críticos del presidencialismo argumentan que el statu quo tiende a moverse rápidamente hacia posiciones extremas, particularmente en los países de América Latina sujetos continuamente a shocks externos. Por lo tanto, el sesgo conservador hacia la estabilidad en las políticas del gobierno es adverso a la democracia. Este argumento es cuestionable. La estabilidad en las políticas gubernamentales puede fortalecer la democracia al evitar cambios erráticos y promover la certidumbre a largo plazo. Es decir, un poco de parálisis puede ser bueno para las democracias.

Por otra parte, los detractores del presidencialismo sostienen que la pro-pensión a la parálisis puede determinarse a partir de los arreglos constitucionales. Ciertamente, la Constitución estructura el proceso de formulación de políticas y define los actores con capacidad de veto y la secuencia en que participan. Sin embargo, el funcionamiento de la Constitución depende principalmente de la configuración del sistema de partidos, el cual, en la práctica, termina definiendo el número real de actores con capacidad de veto. La propensión a la parálisis depende más bien del número real de actores con capacidad de veto. Conforme aumenta el número de contrapesos, mayor es la tendencia hacia la estabilidad política. Pero la tendencia hacia la estabilidad también depende de otros factores: las preferencias de los actores relevantes y la ubicación del statu quo.

La evolución del sistema de partidos en México ha introducido a un segundo actor con capacidad de veto en el proceso de formulación de políticas. El desgaste del otrora partido hegemónico ha transformado el tradicional dominio del Ejecutivo en lo que Krehbiel denomina una política de pivotes. El presidente necesita de un segundo partido en el Congreso, en el cual pueda apoyarse para la aprobación de sus iniciativas. Sin embargo, dado que el pri aún tiene la pluralidad de votos en la Cámara de Diputados y la mayoría en el Senado, el presidente tiene la capacidad de escoger al partido pivote.

La teoría del partido pivote predice que el presidente escogerá como aliado al partido de oposición cuyas preferencias se encuentren más cerca de las propias. Sin embargo, las posibilidades de introducir una nueva política no sólo dependen de las intenciones del Ejecutivo. La ubicación del statu quo es un factor decisivo para la formación de coaliciones. Cuando éste se encuentra en posiciones extremas, se reúnen las condiciones para romper la parálisis e introducir una nueva política. Cuando el statu quo se encuentra entre las posiciones del Ejecutivo y el partido pivote, el resultado esperado será la continuación de la política en curso.

La experiencia política durante las dos últimas administraciones confirma que, en condiciones de gobierno dividido, la parálisis es superable. Las coaliciones para respaldar cambios de política incluso sustanciales, se han producido cuando el statu quo se desplaza a posiciones extremas. Este desplazamiento puede ser producto de dos tipos de cambios exógenos. Por un lado, están los cambios en las preferencias de los actores relevantes producto principalmente de factores electorales. Eso fue lo que sucedió en 1988. La sucesión presidencial modificó la posición de la administración respecto del sector bancario y junto con una coalición con el pan se aprobaron los cambios constitucionales que permitieron la reprivatización de la banca. Por otro lado, están los factores exógenos que modifican el contexto de una política y que hacen que se desplace hacia posiciones extremas, muy alejadas de las preferencias de los actores relevantes.

En estas circunstancias, existen las condiciones para que se produzca un consenso en torno a una nueva política ubicada en una posición centrista respecto de las preferencias del Ejecutivo y el partido pivote. Tal fue el caso de la política de rescate bancario en 1988. Ante una inminente crisis bancaria que amenazaba con producir el colapso del sistema financiero mexicano, la administración del presidente Zedillo y el pan formaron un acuerdo para permitir la recapitalización de los bancos.

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Le escribo la presente con el ánimo de ponerlo al corriente de los acontecimientos que han venido sucediendo en este, nuestro país, desde que cierto tiranuelo tuvo a mal traicionarlo, dejándonos a todos, como usted obviamente sabrá, en una continua zozobra que hasta esta fecha no hemos podido terminar de poner en orden.

Por supuesto, señor Presidente, que usted, desde el lugar donde se encuentre y sobre todo por esa tan suya y tan añeja afición por el espiritismo, ya debe tener conocimiento de los grandes acontecimientos que han sucedido en nuestra patria desde el momento de su partida hasta nuestros días, con lo que doy por sentado que tiene usted más y mejor información que la de cualquier habitante de nuestro planeta. Asimismo, creo que su visión, como es de suponer, está enfocada de arriba hacia abajo y, si este es el caso, debe usted conocer los acontecimientos de las cúpulas, pero se le hará difícil vernos a los ciudadanos comunes y corrientes y, sobre todo, no tendrá usted una información de primera mano sobre las consecuencias que tuvo su sueño democrático, y también su sacrificio, en los hombres y mujeres sin nombre ni rostro. Esa es precisamente la idea que me motivó a escribirle esta carta.

En principio, habría que ponerlo al corriente con algunos términos: ahora le llamamos alternancia a lo que usted llamó simplemente no reelección; en estos tiempos ya no se perpetúan los hombres sino los partidos políticos, lo cual viene siendo más o menos lo mismo que en su época sólo que ligeramente más complejo pues nosotros tenemos que aprender más nombres y conocer más mañas dado que cada seis años (ahora tenemos un plan sexenal) se cambia al presidente y a su gabinete, aunque éstos siguen la misma tesitura y los mismos planes que anunciaba su muy conocido don Porfirio, esto es, mantenerse en el poder el mayor tiempo posible aunque el pueblo no quiera. Bueno, pues ahí es donde usted nos ha dejado tal vez su mayor legado: los ciudadanos estamos empeñados, gracias a su ejemplo, en que cada vez que así lo queramos cambien hombres, planes y programas y, por tanto, que existan alternativas viables que nos convenzan y que nos lleven a mejorar visible y palpablemente en nuestra vida cotidiana, y que además puedan coexistir en el país las más diferentes ideologías sin que necesariamente se tenga que armar "la bola", como en sus tiempos, don Francisco. Ahora, a eso de la coexistencia ideológica le llamamos "la gobernabilidad", y pues tratamos que no les pase a los que llegan al poder lo que le sucedió a usted, que nomás nunca lo dejaron trabajar en santa paz.

No crea, señor, que tenemos una gran experiencia en esto de la alternancia y la gobernabilidad, pues la primera consecuencia de los acontecimientos que sucedieron en cuanto usted y el señor Pino Suárez involuntariamente partieron, fue que inmediatamente algunos representantes de gobiernos extranjeros intentaron apuntalar al general Huerta para garantizar la gobernabilidad, inaugurando, seguramente sin querer (el general nunca tuvo esos alcances), una muy negra tradición en toda la América hispana, la de provocar los derrocamientos de los gobiernos que no gustaban o que no eran convenientes al "Gigante de América".

Cuando esto sucedía, dos grandes grupos políticos intentaban consolidar una misma meta desde dos objetivos diferentes, digamos que eran los de siempre, liberales y conservadores, pero en este caso sólo se trataba de guardar cierta, y por cierto muy tenue, línea democrática y no una real alternancia entre ambas grandes ideologías. El pretexto siempre fue usted y su sacrificio, aun cuando su lucha por hacer de México una verdadera democracia se fue _cada vez más_ alejando de la realidad política. Sin embargo, el lema de Sufragio efectivo. No reelección se hizo institucional, aunque sólo como un lema, que a la vuelta de los años llegó a sonar muy hueco. En realidad, todos querían el poder, pero nadie quería ganarlo por la vía democrática y así vinieron muchos hombres después de usted, sólo que de todos prácticamente no se hizo uno, con lo que la alternancia se confundió con la gobernabilidad a ultranza; había pues, regresado la pax porfiriana... sin don Porfirio.

Fue hasta que se dio otro hecho de sangre, ahora del presidente electo Álvaro Obregón _quien ya había sido presidente entre 1920 y 1924 y que por medio de su influencia en el Congreso logró que en enero de 1927 se modificara el artículo 83 constitucional para que se pudiera reelegir al presidente por una sola vez aunque no de manera inmediata, provocando con ello una nueva ola de violencia, la cual supone que sofocó, pero fue asesinado el 17 de julio de 1928, después de 16 días de que el Congreso lo había declarado Presidente Electo para un segundo periodo_, cuando se intenta de nuevo enderezar el barco y darle al pueblo algunas alternativas para escoger. Sin embargo, un antiguo seguidor suyo llamado Plutarco y de apellido Elías Calles nos volvió a la senda porfiriana al inventar un partido político único, el "partido de partidos" lo denominó él nosotros lo llamamos el partido de los partidos_, y con ello inauguró otra larga noche sin democracia en el frente. Sólo hubo una pálida oposición nacida de los antiguos conservadores, que intentaba no restablecer la alternancia en el poder sino más bien sobrevivir y sobrellevar los asuntos políticos, haciéndole, queriendo o sin querer, el juego a los que en verdad manejaban las cosas. Casi lo mismo que cuando usted empezó su lucha, ¿verdad? Por ello, le digo que casi no tenemos experiencia en eso de la alternancia en el poder; de la gobernabilidad ya no se diga, se nos está acabando el siglo y seguimos con las mismas estrategias con las que usted vivió (perdón) y sufrió; el gobierno considera gobernable sólo a un pueblo sin fe en la democracia, y entre más callado y quieto, mejor. Sólo dos presidentes podrían servir de parangón en cuanto a alternancia se refiere, aunque cabe aclararle que los dos provenían del mismo partido: uno, llamado Lázaro Cárdenas del Río, militar, liberal, con ideología socialista, y el otro de nombre Miguel Alemán Valdés, civil, conservador en la práctica, con ideología internacionalista. Únicamente ellos dos podrían servir como muestra de las ventajas de una verdadera competencia político-administrativa; aunque ambos no coincidieron en tiempo ni lugar, cada cual a su manera y en su estilo modificaron la faz del país y establecieron las bases de un México diferente. Es claro que en el ejemplo anterior no se dio una real alternancia, pero nos sirve como única muestra de que en nuestro país se avanza a grandes pasos cuando se establecen diferencias substanciales en el estilo y en la estrategia de gobierno, además nos demuestra que en la realidad, México, como cualquier otro país con verdadera vocación democrática, bien puede subsistir con el método de alternancia diferencial, condición sine qua non del desarrollo sustentable y real.

¿No es ésta la verdadera Revolución que usted, señor Presidente, pretendía? Realmente es una lástima que nadie, o muy pocos tal vez, a lo largo de estos muchos años, hayan estudiado a fondo su doctrina y que todos lo consideran a usted como una figura sólo a partir de su martirio y no se hayan tomado la molestia de entender que su lucha, en esencia, se centró en establecer una verdadera y real alternancia de los poderes políticos.

Por ello, me he atrevido a escribirle estas líneas sólo para decirle que al fin, después de ochenta y tantos años, su semilla ha comenzado a rendir frutos, su estandarte, que han enarbolado sólo unos cuantos, muy pocos ellos, casi desconocidos todos, pero de un valor innegable, ha logrado permear la sociedad mexicana hasta el mismo hueso. Su labor, señor Presidente Madero, su logro, querido y admirado amigo, su grito de ¡Vámonos con Madero!, al fin empieza a posicionarse en la gente. Su lucha valió la pena, nos tardamos pero ya llegamos y desde aquí en adelante ya no vamos a dejarnos.

Es, claro, apenas el principio. Fíjese nomás, estamos ahora justo en el mismo momento político que cuando usted accedió al poder, pues sólo hasta el inicio de los noventa tuvimos al primer gobernador de oposición, en la era llamémosla posrevolucionaria, aun cuando todavía no hemos logrado lo que usted. Hoy en día hay diez estados de la República gobernados por algún partido diferente al oficialista y en ninguno de éstos se ha roto la gobernabilidad sino, por el contrario, se han establecido las bases para una verdadera y sana competencia democrática; incluso, por ejemplo, uno de estos estados, Chihuahua, ya ha sido gobernado por dos instancias diferentes entre sí, estableciendo la alternancia tan mencionada en mi carta, sin que haya pasado otra cosa que una mejoría palpable en el nivel de vida de los ciudadanos de ese lugar; y en otro, el también norteño estado de Baja California (en sus tiempos, territorio), que por cierto fue el primero en ser gobernado por la llamada oposición, la ciudadanía ha reiterado su voluntad de continuar bajo ese régimen al volver a sufragar mayoritariamente por el mismo partido, que es el más antiguo opositor al régimen "oficial" del país, con tendencia política de centro-derecha (ahora se les dice demócrata-cristianos).

Realmente no es casualidad que esta alternancia de aires políticos se haya iniciado y tal vez consolidado en estados norteños (hoy la oposición gobierna también en Baja California Sur, Zacatecas y Nuevo León, y recién resultó electa en Nayarit). Pero sería demasiado simplista comentarle que esto se ha dado por alguna romántica obsesión territorial, pues también se ha comenzado a presentar esta alternancia en los estados de Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Tlaxcala y hasta en el mismísimo Distrito Federal, que ahora lo gobierna un partido diferente al del presidente de la República.

La alternancia ha comenzado, sin embargo, no ha sido lucha ni logro solamente de los partidos políticos _ya que por muy loable que fuera su contribución no lograron jamás pasar de ser una pálida sombra de democracia_ lo que ha dado por resultado el inicio de regímenes alternativamente diferenciales entre sí.

No obstante, ello ha creado las condiciones para que en México se comience a dar una alternancia, y las ha establecido principalmente la gente, los ciudadanos, en un ejercicio de expresión de necesidades, de preparación y de inconformidad. Bajo estas premisas, al sistema político mexicano no le ha quedado mayor margen de maniobra, y con la presión de que en cualquier momento pudiera verse rebasado por la sociedad en su conjunto, no le ha quedado otra opción que hacerle caso a la voluntad ciudadana. En mucho se lo debemos a usted, que siendo alguien como nosotros, desconocido, ignorado y, sobre todo, subvalorado, ha trascendido para mostrarnos cómo, con preparación y perseverancia, se pueden canalizar las necesidades de creer, de cambiar, de darnos la verdadera dimensión que como pueblo tenemos para movernos hacia donde nosotros _el pueblo_ queramos.

En su caso, eran sólo usted y un puñado de acompañantes; ahora somos millones los que creemos en esta revolución pacífica y ciudadana que da la oportunidad a quienes pretendan gobernarnos de poner a competir sus ideas, sus propuestas y planes de gobierno, para que los comparemos con otros similares y, así, hacer llegar al poder a quienes nos planteen las mejores soluciones por medio del sufragio efectivo _como diría usted_ y no como hasta hoy, por el agradecimiento, presión o incluso por la simulación en que se sustentó durante muchas décadas el acceso al poder público.

Somos millones, le decía a usted, la mayoría de nosotros sin militar en partido alguno, sólo simpatizando con el hombre o mujer (hoy, al fin, también se rompió este tabú) que nos presente una mejor propuesta. Es claro que hoy tenemos mucha mayor información de la que en su tiempo usted y sus correligionarios tenían; en eso estriba, en mucho, el enorme valor de su contribución a democratizar nuestra patria. Sin embargo, habrá que hacer patente la historia de algunos cientos de mexicanos que a lo largo de todos estos años, sin su presencia, han contribuido también con su inteligencia, talento y enorme amor por México, para heredarnos lo que en este tiempo empezamos a disfrutar (tal vez, como le decía al principio de esta ya larga carta, pasaron para usted desapercibidos, pues fueron y son compatriotas casi desconocidos que, como usted, sólo buscaron aportar sus luces, despojados de todo afán de protagonismo individual; algunos desde luego son un poco más conocidos, pues el sistema en sí propició brotes importantes y en otros casos condujo en sus errores a que algunos se hicieran de cierta ineludible fama al señalarlos). Quisiera, si usted me lo permite, en homenaje a todos ellos, darle los antecedentes de algunos.

Viéndolo en retrospectiva, podríamos decir que después de su malogrado régimen, algunas _muy pocas_ voces se alzaron para defender su nombre y reivindicar su lucha por la democracia, hombres como por ejemplo don Belisario Domínguez a quien usted conoció y trató; como los diputados Félix F. Palavicini y Alfonso Cravioto, que en su momento tampoco quisieron firmar el dictamen que daba lugar a la usurpación del traidor Huerta, el sastre Luis Méndez, que entre coser y cantar fundó la casa del Obrero Mundial y hasta llegó a gobernar su natal Michoacán; los miles de coterráneos suyos civiles y militares que sufrieron en carne propia y calladamente al haberlo apoyado; familias enteras como los Martínez Peña, de Piedras Negras, que pagaron con su vida el precio de protestar abiertamente por su sacrificio; don Joaquín Méndez Rivas, a la postre fundador de la Escuela Libre de Derecho y quien en sus Madrigales escritos con sangre nos dejó la narración de su vocación democrática y en Las tristezas humildes lo describe en su forma de poeta inmenso; mujeres insignes, como doña Catalina Nateras, de Michoacán, que aportaron la sangre de sus hijos; el maestro emérito don Miguel Othón de Mendizábal, quien dedicó su vida entera a la reivindicación de nuestras etnias y que en su momento empuñó las armas en su defensa; los hermanos Telésforo y Celso Gómez, quienes desde Teloloapan y Arcelia lucharon contra el usurpador, o algunos otros menos conocidos como don Alberto Vargas, quien en Pachuca dedicó su vida y fortuna a mantener viva la imagen de la democracia en la mente de los hidalguenses a través de sus escritos en periódicos hechos por su propia mano y que repartía en cuanta plaza se paraba, osadía que le costó el destierro en el entonces terrible desierto de Sonora; jueces de paz como don José Cantú en Tuxtepec, Oaxaca, quien terminó con sus septuagenarios huesos en la prisión y que, sin embargo, ni eso lo pudo callar; el veracruzano José Mancisidor, socialista, maestro y narrador excelso, en cuyos escritos como La rosa de los vientos, Cómo cayeron los héroes y su Síntesis histórica del movimiento social de México, describe el derecho democrático del pueblo mexicano, en fin, sólo ciudadanos que como usted, señor Presidente, nos hicieron lo que ahora somos. Sólo desparrame su vista en ese altar patrio donde se encuentra y mirará, seguro, a todos los que no menciona la historia pero que lograron un lugar junto a usted y a Pino Suárez, hermanándolos en la paternidad de la democracia mexicana.

Posterior a la Revolución, que se inició en razón del derrocamiento de Huerta y que terminó en razón de un sinnúmero de causas, cada cual, cada vez más alejada de usted y de su lucha, surgieron otros pocos que intentaron regresarnos a la verdadera meta de su lucha social, que desde todo punto de vista sólo era el encausar la vida democrática, que necesariamente conduce a la alternancia. Qué sencillo parece su planteamiento don Francisco, pero qué difícil nos ha resultado entenderlo, cuánto tiempo perdido... cuánta sangre derramada... cuánta estupidez y barbarie... para llegar al mismo punto de partida... la democracia.

Desgraciadamente, como le mencioné líneas arriba, el Estado, en su debilidad ideológica y magro sustento, temía por la gobernabilidad, entendida ésta como sujeción y control y no como debía de ser, convencimiento y libertad y, así las cosas, inventó un sistema sui generis en el cual la alternancia en el poder sólo se daba entre los correligionarios al régimen y nunca entre disidentes al mismo, con lo que, según ellos, se garantizaba la gobernabilidad, evitando alzamientos y asustándonos con "el petate del muerto", considerando al pueblo como "la masa", un informe conjunto de menores de edad que no entendían nada de "política" y por ende había que mostrarles el camino a seguir, sin que se "desvalagaran".

Afortunadamente, siempre hubo "desvalagados" que mantuvieron vivas las esperanzas de lograr alguna vez el advenimiento de un sistema democrático. Aun cuando cada uno veía su proyecto como viable, y a veces no se tenía una real plataforma ni base de sustentación ideológica alguna, estará usted de acuerdo conmigo en que precisamente de eso se trataba, pues la alternancia en su expresión más simple se da cuando alguien nos expone su muy personal forma de cómo pretende gobernarnos; de entre estos pocos disidentes podemos, en lo individual, mencionar a don José Vasconcelos, maestro, literato y liberal, que por cierto fue su secretario en la primera parte de su candidatura de 1909 y, posterior a la guerra civil, secretario de Educación Pública en el periodo de 1921 a 1924 (don José casi logró inaugurar el sistema de alternancia en 1929, pero al fin, cuando ya tenía una enorme popularidad y apoyo, extrañamente dimitió a sus planes y dejó "colgados de la brocha" a sus miles de seguidores, tal vez por miedo a emularlo, señor presidente); Juan Andrew Almazán, quien despertó gran simpatía entre los militares de su época, pero que no logró penetrar entre los civiles; Francisco Múgica, también militar, socialista de pura cepa, hombre cabal y honrado, pero que le faltó medir con exactitud los tiempos y la circunstancia (de él podremos decir que su mejor alumno fue sin lugar a dudas uno de los dos únicos presidentes que trascendieron a su tiempo y que le mencioné en párrafos anteriores, por lo que merece un estudio mejor que este mero ensayo, pero que nos servirá de ejemplo sobre cómo se debe gobernar sin miedo a quebrar la "gobernabilidad").

El otro gran ejemplo de las bondades de una alternancia política en México fue don Ezequiel Padilla, abogado, liberal y gran orador, quien realizó en 1946 una campaña electoral de masas que penetró profundamente entre el pueblo, hecho que dio por resultado que muchos vieran en él una opción válida y que obligó al candidato oficial a un esfuerzo extra, debido a esa otra alternativa, para formular un plan de gobierno que ha sido considerado por muchos como el mejor que se ha logrado en el país. Así pues, quien resultó triunfador en esas elecciones fueron todos los mexicanos porque, ya presidente, Miguel Alemán hizo cosas sólo comparables al ya multicitado Lázaro Cárdenas, siendo los dos, como ya le dije, el único punto de apoyo con que contamos para demostrar las bondades de su teoría democratizadora que intento, pálidamente, sustentar en estas líneas.
Seguramente, dos condiciones básicas impulsaron a Miguel Alemán a ser mejor que sus antecesores: una, haber sido el primer presidente civil de la historia posrevolucionaria y, otra, haber sido obligado por Ezequiel Padilla a una campaña política a fondo y de contenido social. Es gracias al licenciado Padilla que encontramos que el principio de la competencia y la posibilidad de opciones buenas opciones pueden obligar a quien resulte triunfador a sublimarse, dándonos lo mejor de sí y buscando en verdad el bienestar social; algunas décadas después se dio otra vez este fenómeno y pasó casi lo mismo, sólo que el final de este posterior sexenio se lo voy a comentar aparte.

Otro que casi llega a este nivel fue el general Miguel Henríquez Guzmán, de popularidad vasta y enorme simpatía y genio, simplemente un fenómeno, cuya candidatura puso a temblar a todo el sistema político y que tal vez sin querer motivó a su vencedor en los comicios de 1952 a ser el otro parámetro de las bondades de la alternancia, entendiendo ésta desde la propia oferta política de los candidatos a cierto puesto de elección popular. Henríquez Guzmán era, por así decirlo, el prototipo del guerrero de la posguerra, capaz, con gran personalidad, adinerado y con presencia entre la oficialidad del ejército mexicano. Su contrincante, que a la postre resultó triunfador, era un burócrata de muchos años, honrado y austero a ultranza, y su carta mejor, el ser paisano y amigo del presidente en turno, lo que le valió la cartera de Gobernación en principio y la candidatura del partido oficial posteriormente. Sin embargo, su previsto y anunciado triunfo no fue nada fácil; Henríquez lo obligó a establecer y mejorar los planes de su gobierno y a ventilarlos de cara a la nación, cosa que en ese entonces ni se soñaba; fue, digamos, el umbral de las campañas modernas y también el perfeccionamiento de los fraudes electorales maquinados desde el gobierno en vez de manejarse desde el partido. Hubo, pues, necesidad de que Gobernación _a la sazón dirigida por quienes serían desde dos presidentes de la República hasta los responsables de la seguridad nacional por las siguientes tres décadas_ instrumentara un plan nacional de simulación electoral, que funcionó casi tan bien _para nuestra desgracia_ como el que tenía don Porfirio, para poder derrotar a Henríquez. Sin embargo, la presentación de una opción en ese entonces novedosa despertó entre los ciudadanos una posibilidad real de que por medio de la alternativa diferenciada se podría avanzar con mayor rapidez en el logro de una mejor calidad de vida. Pero todo ello quedó inmerso en una enorme cortina de humo: Henríquez finalmente sucumbió al "canto de las sirenas" y no quiso o no pudo estar a la altura de un liderazgo capaz de trascender y pues simplemente habría que esperar a mejores tiempos y circunstancias.

De los periodos y elecciones efectuadas en los años 1958, 1964, 1970 y 1976 poco o nada hay que valga la pena mencionar sobre el asunto de la alternancia y la gobernabilidad, pues como ya le comenté, después del susto con Henríquez Guzmán, el aparato gubernamental endureció las formas y controló a ultranza a los medios de producción e información del país, las clases obrera y campesina fueron manejadas a través de centrales sindicales, tales como la Confederación Regional de Obreros de México (crom), fundada desde los tiempos de su muy conocido don Venustiano Carranza, la Central General de Trabajadores (cgt), antecedente de la Confederación de Trabajadores de México (ctm); la Central Nacional Campesina (cnc) y la Central Campesina Independiente (cci), a las cuales, a diferencia del objeto para lo que fueron creadas, se les utilizó con fines corporativos y para mantener un voto cautivo dentro de ellas. El magisterio no escapó a este férreo control, pues al crear el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte) se controló a los maestros, dándoles plazas fijas y ascensos a los que más apoyaran al control de sus compañeros; nada ni nadie parecía encontrar una salida a esta especie de dictadura de Estado, con decirle que hasta los músicos y limpiadores del calzado resultaron coptados. Fueron tiempos difíciles para quienes disentían del sistema, pues sólo tenían dos caminos: la clandestinidad o la cárcel, a veces ambas cosas. Muchos son los rumores que han corrido sobre la suerte de hombres y mujeres que afanosamente buscaban la democracia, usted, señor Presidente Madero, recordará bien esos métodos y yo no quisiera echarle sal a su herida que aún no cicatriza del todo, sin embargo, la democracia cual flor en el desierto se abrió paso y brotó aun en esas condiciones. Muchos son a los que el pueblo de México les adeuda gratitud por su contribución a mantener prendida la antorcha de la libertad y de la esperanza: Rubén Jaramillo, Valentín Campa, Demetrio Vallejo, el doctor Salvador Nava, el ingeniero Heberto Castillo, don Manuel Gómez Morín y Vicente Lombardo Toledano, miembros ambos de los llamados siete sabios; Manuel J. Clouthier, Israel Muñoz, Jorge Cruickshank, entre los que se han ido, y don Luis H. Álvarez, Ernesto Rufo, Cuauhtémoc Cárdenas, Gonzalo Rojas, Jesús González Schmall, Rosario Ibarra, Arnoldo Martínez Verdugo, Diego Fernández de Cevallos y otros muchos que todavía nos acompañan, cada cual con sus ideas, cada cual con sus defectos, algunos radicales, otros moderados, hombres de izquierda _los más_ o de derecha, liberales o conservadores, nacionalistas o internacionalistas, el país entero algún día les dará un lugar en la historia, tal vez hasta alguno esté junto a usted leyendo estas líneas.

Gracias a ellos, la democracia en México siguió su camino penosamente, en ocasiones con retraso, a veces radical, a veces moderada. Dos acontecimientos fortuitos y otro necesario para el sistema dieron lugar a un avance real y palpable, el primero de ellos fue sin duda el movimiento estudiantil de 1968, derivado de una necesidad de los jóvenes de manifestar su inconformidad con los cánones establecidos a nivel internacional; la llamada Guerra Fría entre el capitalismo y el socialismo estaba en su apogeo, las naciones punta de cada uno de estos sistemas luchaban por consolidar su hegemonía y mantener una supremacía económica, política e ideológica con los llamados países satélites, en fin, el mundo cambió y se establecieron, en razón de su fuerza económica y desarrollo técnico, tres grandes estancos: los llamados países desarrollados, los que estaban en vías de serlo y las naciones subdesarrolladas o pobres; nuestro país se vio envuelto entre estas últimas aunque durante algún tiempo, por periodos cortos, casi se le consideraba dentro del parámetro medio. Esta situación causó entre los entonces adolescentes una indefinición acerca de los valores morales y éticos de quienes les precedían en razón generacional, mientras que México, con su sistema de medianía, sin poder encontrar ni una definición política real ni una identidad nacional definida, nunca quiso pasar del discurso vacío de una democracia "a modo", ni pudo ofrecer a la ciudadanía una alternancia posible y plausible; sólo algunos como los mencionados lo intentaban, y los entonces jóvenes comenzaron a sacudirse el yugo cuestionando al sistema y a la democracia que éste ofrecía, sin embargo, tendrían que pasar casi 20 años de ese movimiento juvenil, emanado de las instituciones de educación superior de gran parte del país, para que estos jóvenes _casi niños algunos_, con una lucha constante y decidida, lograran por fin poner contra la pared al sistema y éste, obligado por las circunstancias, se comenzara a abrir a la alternancia, tímidamente primero y con grandes pasos después.

Otro hecho que se concatenó al narrado fue determinado por el deterioro del llamado bloque socialista en el ámbito mundial, que terminó con el desgajamiento de los países que lo componían en virtud de que el bloque contrario dominado por los capitalistas logró globalizar la economía y por medio de un ingenioso método de libre comercio (que no es otra cosa que la eliminación de algunos aranceles fiscales) los países más poderosos continúan oprimiendo a los más débiles, sólo que ahora "nos dejan" crecer a la categoría de "socios comerciales", a diferencia de los "estados asociados o protectorados" que en su tiempo se estilaban; pero como alguna cosa positiva habría que tener la globalización comercial del llamado capitalismo, es el hecho de que no pretende, bajo su óptica más simple, la dominación política por medio de la dictadura de Estado sino que pugna por abrir a los países miembros _ahora casi todos_ a una democracia alternante y diferenciada ya que esta postura les ha dado a los países desarrollados una situación inmejorable desde el punto de vista político.

Ello obligó, casi al final de los años setenta, a que en México se iniciara una reforma política a fondo que como consecuencia directa nos dio la posibilidad, a través de los llamados diputados de partido _o de representación proporcional_, de que las llamadas minorías estuviéramos representadas en el Congreso de la Unión, primero en la Cámara baja y posteriormente, hacia mediados de los noventa, en la Cámara de Senadores con el advenimiento de los senadores de primera minoría. Las elecciones comenzaron a transformarse, las mañas a tecnificarse y el sistema político a cimbrarse, pues cada día los ciudadanos estábamos más compenetrados en los acontecimientos electorales y se exigía un mayor cuidado en la transparencia y en la limpieza de los resultados, sin embargo, el control gubernamental continuaba existiendo pues el Ejecutivo, representado por el secretario de Gobernación, presidía los órganos electorales de cada entidad federativa y simplemente parecía un muro infranqueable con el que se topaba la sola posibilidad de que algún ciudadano común o que algún partido interfiriera en forma directa en cualquier comicio. Faltaba pues, la llave de amarre.

El tercer hecho (este sí de manera directa) nace en el seno mismo del partido oficial, llamado Revolucionario Institucional y que es como ya se lo mencioné un partido de partidos, creado ex profeso para ser el canal por el que el sistema político surgido posterior al movimiento armado que con el pretexto de derrocar a Huerta se inició casi al dejarnos usted, pero que al derrocar al usurpador siguió dando rienda suelta a la barbarie hasta el advenimiento del asesinato del general triunfante, quien por cierto ya le mencioné que había ocupado la primer magistratura pero que quiso, sobre la base de su fuerza de revolucionario invicto reelegirse pasado un periodo del suyo propio y para lo que se "olvidó" de que toda su lucha, desde los tiempos en que usted la inició, la había centrado en el principio de la "no reelección", hasta que las balas de un fanático idealista (nunca se supo si por sí o por interpósita persona) acabaron con su sueño de perpetuarse en el poder tal y como el general Díaz había hecho posterior a la muerte de Juárez y al derrocamiento de Lerdo de Tejada. Bien, pero esa es historia por usted muy conocida. Le decía que de este partido de partidos surgió un hombre a quien se le consideró como uno de los llamados "cachorros de la Revolución", nacido en la mismísima residencia oficial de "Los Pinos" (ahora el presidente en turno vive y trabaja casi siempre en este lugar), pues es hijo del general Lázaro Cárdenas del Río, de quien ya le he mencionado su enorme trascendencia para nuestro país, y que por ello fue siempre calificado como uno de los "hombres más destacados del sistema", cosa sui generis en la "polaca" mexicana, pues a éstos se les considera "intocables", nunca se les ve con malos ojos y hasta es normal y motivo de admiración que se dediquen a todo tipo de negocios al amparo de su muy ilustre y revolucionario apellido, pero que resulta impensable que quieran dedicarse de buena fe a la política real, fuera de la "nomenklatura" de la "familia feliz", término con el que ahora se distingue a quienes son parientes o miembros del gabinete en turno y a los que destacan política o económicamente en el "sistema" y que desde hace al menos siete décadas dominan el espacio político nacional. Pero como un sabio dicho mexicano versa... "para que la cuña apriete, debe de ser del mismo palo".

Entonces, este hombre, cuyo nombre, Cuauhtémoc, simboliza en sí la resistencia y la rebelión orgullosa del alma mexicana, no podía hacer otra cosa que encabezar un movimiento para equilibrar las fuerzas dentro del partido oficial, y al formar la que llamó "Corriente Democratizadora" causó un enorme revuelo en la política nacional y con el paso de los años se ha convertido en el líder que México requería para inaugurar de una vez y para siempre la alternancia con gobernabilidad. Al igual que en sus tiempos, para 1988 era inaudito que alguien se opusiera a las llamadas reglas del juego, en donde cada seis años el presidente designaba a su sucesor y éste a su vez al suyo en una larga cadena que el vulgo político llamó "el dedazo"; esta técnica de sucesión única en el mundo logró que, sin serlo, se nos considerara como un país democrático, y de ahí que su ideal del "Sufragio efectivo. No reelección" fuera por muchos años el lema con que se remata cada uno de los documentos oficiales. Pero hasta ahí se nos acabó el asunto pues los electores no contábamos para mucho, si acaso para asistir cada seis años a la opereta de la reelección que como le decía al principio ya no era de un solo hombre, sino de un solo partido (perversamente, ingenioso, ¿no lo cree así?); bien, esto hasta el año en que Cuauhtémoc Cárdenas logra con su posición personal de sacrificarlo todo, en una apuesta que para muchos sonaba descabellada (salirse del cobijo oficial que siempre lo había mimado), empeñar su destino en favor de la democracia (¿recuerda usted a un adinerado joven idealista coahuilense?), cerrando con ello el impasse que se había dado con el affaire de Henríquez Guzmán y motivando con su intento de democratizar al más viejo y poderoso de los partidos políticos de la América Latina a que otros hombres y mujeres salieran a la luz y se lanzaran a ofrecer diferentes opciones, todas válidas en sí mismas para algunos o varios de los sectores de la sociedad mexicana. Supondrá usted que no fue ni fácil ni tampoco obra de una sola perso-na, pero en sí se requirió siempre de alguien que quitara la primera piedra para que este muro alrededor de la alternancia y la democracia mexicana comenzara a derrumbarse. Hubo, asimismo, en las memorables elecciones de ese año, otro hombre que desde una posición contraria al primero citado contribuyó a que por vez primera desde los comicios de 1910 se ofreciera a los electores tres diferentes opciones, reales, interesantes y con fuerza en contenido y posibilidad; éste, sinaloense, bueno y grande, sincero y bronco, llamado Manuel J. Clouthier y conocido como El Maquío (tal vez en honor a los maquí, héroes de la resistencia francesa durante la intervención de la Alemania nazi), le puso el sabor necesario al caldo democrático que se cocinaba en ese momento y que nos gustó tanto a los pobladores de nuestro país, que desde ese momento cada vez somos más los que pretendemos una alternancia cada seis años, con lo que por ende ya no permitimos que el partido oficial se despache y se coma solo todo el pastel.

Habrá que comentarle que ninguno de los dos mencionados venció, sino que el partido oficial volvió a ganar en esas elecciones, sin embargo, su triunfo fue tan cuestionado y las opciones de los candidatos de oposición fueron tan agradables a millones de ciudadanos, que obligó al candidato triunfador a cuidarse mucho al gobernar, implementándose una racha de casi cinco años de un parcial bienestar económico, aunque lamentablemente no en lo social, pues en su modo de ver las cosas, el presidente consideró que al quedar bien con la clase poderosa y abrirle al empresariado las puertas del control gubernamental de los bienes nacionales _en algo que llamó internacionalización y neoliberalismo_ podría concluir su plan sexenal sin mayores sobresaltos, sólo que se equivocó (como se equivocó don Porfirio) al creer que la población sin recursos económicos carecía también de recursos intelectuales y nociones cívicas. El resultado fue una generalizada pobreza extrema, un enorme vacío político y el advenimiento de movimientos armados como hacía muchos años no se veían en el suelo de la patria.

Sólo gracias a que tanto Cárdenas como Clouthier tuvieron los arrestos y el criterio de no embarcarnos en otra lucha armada, no sobrevino la guerra civil. Ambos decidieron continuar la lucha por la alternancia apostando a la razón y no a la demencia, sin embargo, el sistema no lo quiso entender y, tal y como el general Díaz desató una persecución política, el nuevo gobierno atacó con ferocidad a estos dos hombres; uno de ellos, Clouthier, murió a los pocos meses en un accidente carretero inexplicablemente oportuno; el otro, Cárdenas, fue y sigue siendo objeto de infundios y calumnias que sólo demuestran el miedo toral de los hombres del sistema a dejar el poder. Ya alguno de ellos nos lo habría advertido con la frase "a balazos llegamos y a balazos nos corren", la cual indicará a usted en qué manos estamos y que, como lo podrá observar, en este sentido, seguimos en el mismo camino. Por ello le comenté que estamos exactamente en el mismo momento político electoral en que usted nos dejó. Al parecer, a lo largo de nuestra historia no hemos logrado entenderlo; primero los jacobinos, luego los yorkinos, siguieron los liberales, vinieron los conservadores, reformistas y clericales, indios, barbones, pelones y hasta austriacos, todos con su verdad, todos con sus ambiciones, pero ninguno ha querido o ha podido entender que la continuidad se debe dar con la alternancia, que el meollo del asunto no es perpetuarse en el mandato sino abrir espacios democráticos, que en realidad todas las ofertas políticas tienen bondades y aspectos negativos, que sólo hay que ofrecerle al ciudadano opciones y darle la oportunidad de escoger la que mejor le parezca en su momento; sólo el pueblo debería decidir y si esta decisión es equivocada sólo el pueblo debería decidir rectificarla escogiendo otra opción. Ya usted nos lo había demostrado con su lucha, pero después de tantos años no lo habíamos comprendido, o al menos no del todo, así que hemos llegado al final de la centuria y del milenio y seguimos tratando de encontrar el camino a la democracia plena.

Es por ello que líneas arriba le comenté que esta elección de 1988 fue a todas luces histórica. Sus consecuencias las seguimos viviendo, el método de opciones diferenciadas dio, al fin, resultados, la lucha se siguió dando, la población en general comprendió que sin una alternancia de poderes no se avanza al ritmo que se necesita; también entendió que un esquema de continuidad permanente termina siempre muy mal y que al no haber oportunidad de opciones el gobierno cae en profundas crisis económico-políticas que no hacen sino retrasar el tan ansiado desarrollo e inhiben la no menos necesaria justicia social. Aun cuando el sistema se declaró triunfante por enésima vez, ahora ya no pudo hacerlo sin abrir espacios a la sociedad en su conjunto; se tuvo que ciudadanizar y profesionalizar al aparato electoral, que cada día se nota más imparcial y menos comprometido con el gobierno; las áreas del sistema que tradicionalmente controlaban a los medios y a los gremios se vieron rebasadas y rechazados sus tradicionales métodos de votos corporativos y de acarreo de contingentes a las urnas, en fin, la contribución de los hombres y las mujeres mencionados en esta carta ha sido de enorme trascendencia, el pueblo ganó y al ganar se rompieron tabúes y viejos miedos; durante el sexenio 88-94 se dieron por vez primera en la nación comicios donde la oposición al sistema resultó triunfante y se crearon las condiciones, a través de instituciones como el Instituto Federal Electoral y sus homólogos en cada entidad federativa, para que las personas sin nombre y sin rostro podamos restablecer la confianza en elecciones cada vez más limpias y sin las tradicionales mañas, herencia maldita de nuestro sistema de gobierno, casi tan añejas como la nación misma.

Y aunque todavía en este sexenio el gobierno intenta regresarnos por todos los medios al sistema tradicional, cada vez que hay elecciones el pueblo comprueba que la alternancia es el camino correcto, que cambiar de método de gobierno y optar por alguna de las ofertas políticas de los partidos no nos conduce al caos y a la ingobernabilidad sino por el contrario, nos impulsa y desarrolla; que tener diferentes opciones para escoger de entre ellas la que más nos convenza no nos lleva necesariamente al abismo y que equivocándonos también podemos ganar. Es así como hemos llegado a este 1999, preámbulo a lo que algunos han llamado "la madre de todas las elecciones", al grado de que hay una _muy alta_ probabilidad de lograr lo que sólo usted logró: ganar la elección presidencial sin el respaldo del sistema y con ello inaugurar la democracia plena en éste, nuestro muy amado México.

Éste será el reto, lograr emularlo e incluso superar lo hecho por usted. Para ello contamos con su fuerza y con su ejemplo, tenemos a los hombres y a las mujeres necesarios, sólo basta que la voluntad y el patriotismo superen a la ambición y al egoísmo. Sólo se requiere anteponer los intereses nacionales a los protagonismos banales, con ello seremos dignos de verlo de frente y de mencionar su nombre y poder entonces legarle a nuestros hijos lo que usted nos heredó: un país, una patria donde el sufragio es efectivo y la alternancia y la gobernabilidad se traduce en la no reelección. Cuando lo logremos, podremos decir sin vergüenza alguna...

Cuando hablamos hoy día de ciencia política y teoría política no se puede prescindir de los estudios de gobernabilidad y alternancia para explicar los cambios en los sistemas políticos. La democracia ha demostrado ser, hasta ahora, la forma de gobierno más viable, sin embargo, enfrenta dificultades que ponen en riesgo la estabilidad del sistema político.

El presente trabajo busca explicar los elementos de relación entre gobernabilidad y alternancia, considerando que el sistema político democrático reconoce su existencia como una condición fundamental para mantenerse y transformarse. Por ello, es imprescindible hacer referencia a las ideas de política, sistema político, el marco jurídico que sostiene a todo sistema democrático, las distintas formas de democracia que imperan en los sistemas presidenciales de América Latina y los procesos de transición a la democracia, para plantear la definición conceptual de gobernabilidad y alternancia y así diseñar la relación entre ambas. Es necesario delimitar que la inserción de estos conceptos se da en la democracia, entendiendo a ésta como "una forma de gobierno en la que los gobernantes responden plenamente ante los gobernados".¹

"El estudio de la política debe ser un análisis del sistema y sus procesos dinámicos y no meramente un análisis de tipo estético y estructural".² Este planteamiento deja ver, en su primera acepción, un enfoque de tipo funcionalista, es decir, una sociedad organizada a través de una serie de instituciones que desarrollan diferentes funciones para satisfacer las necesidades básicas. Dentro de la sociedad política se presenta como un conjunto de actividades diseñadas para construir las bases o escenarios de la convivencia humana, que permite llegar a niveles de compromiso por parte de los distintos intereses para resolver los problemas fundamentales. Además, observa y participa en la creación de leyes e instituciones en el sistema político, por ello, emana en términos de acciones y decisiones. De esta manera, la política presenta dos niveles: 1) los procesos democráticos para la conformación de gobiernos legítimos, y 2) el ejercicio

¹ Riker, citado por Adam Przeworski en "Democracia y representación", revista Metapolítica, núm. 10, México, junio de 1999, p. 229.

² Almond y Powell, Política comparada. Una concepción evolutiva, 1a. ed., Buenos Aires, Argentina, Editorial Paidós,1968, pp. 23-44.

gubernamental eficiente con vocación de ejercicio ciudadano.³ Queda claro que la política está inmersa dentro de los sistemas políticos, la cuestión ahora es definir qué es un sistema político.

Los sistemas políticos son el conjunto de estructuras institucionalizadas y preparadas que guardan una estrecha relación para desarrollar las actividades políticas que incluyen los intereses de la sociedad en general. Presentan las capacidades de extracción, de regulación, de distribución y de respuesta en los ámbitos nacional e internacional con la finalidad de mantenerse y transformarse. Con esta idea, los sistemas políticos ostentan tres elementos que tienen la capacidad de someterse al cambio, es decir, cuentan con una estructura política, con una cultura política y con actores políticos. Ahora bien, un sistema político democrático responde mínimamente a este concepto cuando existe un número elevado de ciudadanos que tienen el derecho a participar directa o indirectamente en la toma de decisiones con reglas establecidas que rigen estos procesos, y quienes eligen deben hacerlo entre alternativas reales que den la posibilidad de escoger entre una u otra.⁴

Por tanto, el sistema político existe en la sociedad dentro de un marco de legalidad y legitimidad que la ciudadanía ha configurado, no importa si se trata de una democracia presidencial o de una parlamentaria. El sistema político debe construirse bajo normas que tengan facticidad y validez y, estudiando a un Estado moderno en términos de la Teoría del Discurso de Jürgen Habermas, se puede lograr gracias al discurso y al poder comunicativo que poseen los ciudadanos dentro de una comunidad jurídica. Ello, porque el sistema político incluye las instituciones de donde emana el gobierno y las estructuras sociales que tienen una relación política con el sistema, por ejemplo, los partidos políticos, las organizaciones profesionales, etcétera, y esta relación no es necesariamente a través de la fuerza.

Es importante destacar cuál es el marco jurídico que sostiene a todo sistema político democrático, porque la democracia depende de factores económicos, sociales, culturales y, sobre todo, de las instituciones políticas. De ahí la importancia de analizar el marco constitucional que establece los principios de gobierno y las garantías de los ciudadanos en un esquema de pluralidad y mayoría. La Constitución es entendida, por lo tanto, como "el conjunto sistemático de normas jurídicas fundamentales que rigen la organización y funcionamiento de un Estado y que señalan los derechos y garantías de sus miembros [...] indica la forma del Estado y la forma de gobierno que adopta una sociedad y determina

³ Antonio Camou, Gobernabilidad y democracia, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, núm. 6, 1a. ed., México, ife, 1995, p. 7.

⁴ Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, 2a. Edición, México, fce, 1995, pp. 11-13.

las competencias de los órganos gubernamentales y los derechos y deberes que corresponden a las personas que se acogen a su ordenamiento jurídico".⁵ Esta ley fundamental, escrita o no escrita lógicamente, se encuentra condicionada por elementos sociales, económicos, ideológicos y políticos de un espacio o tiempo específico; además, se interpreta como la voluntad de un pueblo en el presente y en el futuro. La Constitución en un sistema democrático se encarga de establecer las normas básicas para la formación del gobierno y la ejecución de decisiones; asimismo, busca crear las condiciones para que el sistema continúe estable, desarrollando su capacidad de distribución y respuesta en beneficio de los ciudadanos.

Aunque el diseño constitucional no garantiza la estabilidad democrática, lo importante es que los marcos jurídicos influyan en las capacidades de las instituciones políticas y proporcionen alternativas reales de solución en caso de conflictos dentro del orden político ya que, de acuerdo con Lechner, la conducción efectiva de los procesos sociales da paso a una gobernabilidad democrática.⁶ La Constitución prevalece en el orden jurídico otorgando validez a los preceptos constitucionales que de ella se derivan, así como garantizando y regulando ciertos deberes y obligaciones que les han sido conferidos a los ciudadanos y a los órganos de gobierno. Por ello, se pueden identificar dos puntos en la estructura constitucional: la parte dogmática y la parte orgánica. Como referencia histórica a esta aseveración, basta recordar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano formulada en Francia en agosto de 1789 y que fue incluida en la Constitución de ese país en 1791, dando paso a la forma constitucional que hoy conocemos.

La parte dogmática contiene los principios denominados "garantías individuales", es decir, los derechos y obligaciones que un individuo posee por el simple hecho de nacer y que el Estado no puede restringir (propiedad, igualdad, seguridad jurídica y libertad), y atribuye las fronteras en la expansión del poder y las reglas para la organización de una sociedad. La parte orgánica regula las estructuras de gobierno y plantea la organización de los aparatos estatales por medio de la coordinación y subordinación de los mismos; por tal motivo, establece el ámbito de competencia de las tres esferas gubernamentales, las prerrogativas de sus funcionarios y las condiciones de existencia para otro tipo de instituciones. En resumen, la Constitución es el sustento jurídico-político (que incluye factores económicos, sociales, culturales e ideológicos) de un sistema político, aunque cabe destacar que la realidad social dentro del mismo no siempre corresponde

⁵ Rodrigo Borja, Diccionario de política, 1a. reimpresión, México, fce, 1998, p. 154.

⁶ Véase Norbert Lechner, Cultura política y gobernabilidad democrática, colección "Temas de la Democracia", serie Conferencias Magistrales, núm. 1, 3a. ed., México, ife, 1997, p. 10.

con el marco constitucional vigente; más bien, se encuentra en las soluciones y alternativas que utilizan los distintos grupos para resolver los conflictos. Sin embargo, la Constitución se ha establecido como un sólido factor para la relación entre el Estado y la sociedad.

Antes de explicar el término gobernabilidad y sus elementos, es necesario hacer una referencia breve sobre el concepto de democracia y las consecuencias que implica una transición democrática. La democracia es el gobierno de la mayoría, donde es fundamental la participación de los ciudadanos en todos los ámbitos del Estado así como la pluralidad política, es decir, depende de factores económicos, sociales, culturales y sobre todo políticos, insertos en normas constitucionales de pluralidad y mayoría. Entre los principales aspectos que se derivan de este concepto figuran la democracia representativa y la democracia delegativa. La primera se refiere a la democracia indirecta que ejerce la sociedad porque ésta se encuentra gobernada por personas que eligió para un periodo determinado y en quienes depositó su confianza para el desarrollo de acciones gubernamentales. Decimos que es representativa porque el poder lo ejercen los ciudadanos elegidos por el pueblo, que actúan como intermediarios entre el Estado y la sociedad. La democracia delegativa, según Guillermo O'Donnell,⁷ aparece en las democracias latinoamericanas recientes y aunque es una concepción que se opone a la representativa es necesario anotar sus características. La democracia delegativa incluye presidentes que ejercen como si estuvieran por encima de los partidos; además, instituciones como el Congreso y el Poder Judicial son consideradas un impedimento para la libre acción del presidente, quien, junto con su equipo se califican altamente capacitados para la política y, al mismo tiempo, el presidente marca la diferencia entre él y las instituciones, estableciendo las características de la política. Dentro de la lógica de la democracia delegativa actual encontramos presidentes que creen que su mandato es personal y, por ello, adoptan una posición de discurso frente a las instituciones políticas (Habermas lo llama instrumento de dominación) y, a la vez, buscan acercarse al pueblo que los eligió. Este tipo de democracia quizá pueda darse en otros marcos constitucionales, pero al parecer en el presidencialismo de América Latina ha encontrado el contexto básico para desarrollarse.

La razón por la que se señala aquí tanto la democracia representativa como la delegativa responde a la situación que vive el México actual. Evidentemente, la democracia representativa está sustentada en la Constitución que nos rige; en cambio, la democracia delegativa resulta un proceso que deriva del

⁷ Véase Juan Linz (comp.), Las crisis del presidencialismo, 1a. ed., México, Alianza, 1994, pp. 185-209.

desarrollo del sistema presidencial "democrático" que impera en nuestro país y en el resto de América Latina que ha adoptado este sistema. La democracia delegativa se da por el carácter unipersonal del presidente que establece la Constitución y por la debilidad del Congreso; a diferencia de Estados Unidos, en México no hay un sistema de pesos y contrapesos que norme la división de poderes y su ámbito de competencia. Por tanto, nuestra democracia es de una forma mixta, que presenta características tanto de la representativa como de la delegativa y muestra, además, una transición que "supone una competencia libre y pluralista de partidos políticos y la celebración de elecciones universales y libres para ocupar mandatos y funciones públicas".⁸ La forma en que se lleve a cabo la transición determinará el destino de la democracia y sus características y, con ello, la gobernabilidad del sistema político mexicano. Queda claro que la democracia implica que los intereses y deseos de los ciudadanos se conecten con las leyes y las decisiones políticas.

La gobernabilidad es, en términos descritos por Nohlen, "La interacción entre gobernantes y gobernados, entre capacidades de gobierno y demandas políticas de gobierno".^.9 Es, pues, el desempeño gubernamental que exige eficacia, legitimidad y estabilidad¹⁰ en la toma de decisiones del Estado para satisfacer las necesidades de los individuos del sistema político. La gobernabilidad de un sistema político implica estabilidad, cambio, libertad, orden, participación, eficacia en las decisiones gubernamentales y responsabilidad ciudadana, donde los elementos estratégicos en las decisiones para el equilibrio social derivan de las élites, grupos relevantes y la mayoría ciudadana. La eficacia de un sistema político que posibilite un estado de gobernabilidad fluye de las capacidades de distribución y de respuesta de ingreso, transformación y producción de resultados que le permiten mantenerse vigente. Siguiendo la línea de la Teoría de los Sistemas, los insumos o ingresos de un sistema político se constituyen en demandas y ayudas. Las demandas son en cuanto a bienes, servicios de cualquier tipo, regu-lación de conducta, participación política y comunicación, y se constituyen como elementos básicos para la toma de decisiones; por ello, el sistema político debe satisfacer las demandas mediante un proceso de "conversión" que le permite realizar acciones y obtener resultados. Las ayudas que recibe el sistema son de tipo material (impuestos), de obediencia y de participación política, además de que recibe ayudas de otros sistemas sociales o subsistemas. En sí, las demandas afectan las políticas del sistema; las ayudas proveen de recursos que le permiten llevar a cabo sus fines y los productos son la capacidad de distribución y de

⁸ Dieter Nohlen, Democracia, transición y gobernabilidad en América Latina, colección "Temas de la Democracia", serie Conferencias Magistrales, 2a. ed., México, ife, 1998, p. 19.

⁹ Manuel Alcántara, Gobernabilidad, crisis y cambio, 1a. reimpresión, México, fce, 1994, p. 39.

¹⁰ Véase Antonio Camou, Gobernabilidad y democracia, op. cit., p. 17.

respuesta del sistema político. Es esencial la transformación de las demandas y ayudas en decisiones eficaces que satisfagan las necesidades sociales. Cuando los objetivos políticos, económicos, sociales o culturales son alcanzados, decimos que el desempeño gubernamental ha sido eficiente.

La legitimidad en un sistema político es otro rasgo que conduce a la gobernabilidad. En las democracias consolidadas, entre otras cosas, debe existir un Estado de derecho donde impere la ley y que el Estado tenga suficiente capacidad regulativa para que el marco jurídico sea respetado y, a la vez, haya una correcta satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos. Habermas, al hablar de las sociedades modernas que buscan la legitimidad del Estado de derecho en el orden jurídico, explica que éste se da en la unión del discurso jurídico con el poder político. Es decir, que existe la necesidad del Estado como poder de sanción, organización y ejecución para la comunidad jurídica, entendida como la reunión voluntaria de los individuos delimitados en tiempo y espacio que cuentan con una instancia que está facultada para actuar en nombre del todo. Dentro de la Teoría del Discurso, las normas son legítimas cuando son aceptadas por la comunidad jurídica ante una serie de razones y motivos que surgen de la acción comunicativa y discursiva de la voluntad de todos los ciudadanos que la conforman. La formación discursiva se constituye como una actividad legislativa que adquiere poder en el Estado, por ello, dentro de un Estado los ciudadanos se reconocen derechos y, al mismo tiempo, el Estado les reconoce su participación en los procesos legislativos y electorales.

Se habla de un Estado democrático cuando el poder entendido y presupuesto por el derecho recurre a la forma jurídica, y el poder político se establece por los preceptos jurídicos que se han presentado como derechos fundamentales (derecho a la protección de los derechos individuales). En la Teoría del Discurso, el fundamento del sistema de derechos va más allá de las libertades de los individuos (privadas) y los ciudadanos (comunicativas) para expanderse al poder político. "El derecho no solamente otorga a las normas que regulan los conflictos una determinada forma; somete también la relación de fines colectivos a determinadas restricciones".¹¹ Ahora bien, la legitimidad de un sistema político se da a través del apoyo social de los ciudadanos, que se rige por las normas del derecho generalmente aceptadas que han pasado por un proceso comunicativo y discursivo; si hay legitimidad puede haber gobernabilidad.

La estabilidad política como condición para asegurar la gobernabilidad incluye, a primera vista, la ausencia total de violencia, un periodo gubernamental, un marco constitucional legitimado y algunos otros factores económicos. La estabilidad desarrolla la capacidad de prevenir transformaciones rápidas que

¹¹ Jürgen Habermas, Facticidad y validez, 1ª, ed., Madrid, España, Trotta, 1998, p. 226.

puedan llevar al desastre dentro del sistema; para que haya cambios las instituciones deben adaptarse, conservando su función principal. Se concibe un sistema en equilibrio dinámico, pero la estrategia principal consiste en que las transformaciones no trastoquen la estabilidad adquirida.

Acerca de la gobernabilidad y su dicotomía existente, autores como Camou especifican diferentes grados de gobernabilidad en los cuales se puede encontrar un sistema político. Además, explica que no se debe hablar en términos polarizados sobre gobernabilidad e ingobernabilidad porque la relación demanda-respuesta no puede separarse de los valores adoptados en las diferentes situaciones. Si bien es cierto que los individuos conservan sus valores, no por ello van a resolver el proceso de transformación demanda-respuesta o van a impedir que se llegue a cierto grado de gobernabilidad. La gobernabilidad se traduce en el eficaz desempeño gubernamental en los ámbitos económico, político, social y cultural bajo un marco de legitimidad y estabilidad. Retomando los grados de gobernabilidad, encontramos el punto ideal de este concepto; la gobernabilidad ideal es el equilibrio justo entre las demandas de la sociedad y las respuestas del gobierno y supone una sociedad carente de conflictos. La gobernabilidad normal incluye un proceso dinámico entre las demandas y las respuestas, y aunque no declara la ausencia de conflictos, éstos son aceptados dentro de un margen real. El déficit de gobernabilidad se refiere al desequilibrio demanda-respuesta para con los actores relevantes en distintas áreas de la sociedad; la crisis llega cuando hay un conjunto de desequilibrios entre los rubros ya anotados.

El grado de ingobernabilidad requiere una explicación más detallada sobre la construcción del concepto y sus elementos.

La ingobernabilidad es la incapacidad de dar respuesta a las demandas sociales a través de las accio-nes gubernamentales de un sistema político, teniendo en cuenta que las demandas pueden ser de cualquier tipo y conducen al conflicto entre distintos grupos y actores políticos. Los elementos que caracterizan a un sistema político en un estado de ingobernabilidad son los siguientes: a) los esfuerzos de ciertos ciudadanos, traducidos en indisciplina violenta o ilegal para influir en la toma de decisiones públicas, b) la inestabilidad de la élite política para conservar su posición de privilegio y reproducir las situaciones de dominación, c) la disminución de capacidades por parte de los actores gubernamentales para cumplir los objetivos exigidos y a la vez la falta de seguridad en los mecanismos y decisiones emanadas del Estado para alcanzar dichos objetivos y, d) la falta de legalidad en las acciones por parte de funcionarios que sólo buscan su propio beneficio.

Asimismo, las capacidades del sistema político para transformar las demandas en resultados se ven afectadas por los siguientes factores: la calidad de la burocracia, que en muchas ocasiones no garantiza el planteamiento eficaz de las políticas públicas; el bajo nivel de compromiso de la misma con los objetivos del gobierno; la función de las instituciones en la construcción de los objetivos y el sistema de partidos que ante la posibilidad de una alternancia en el poder no permita el seguimiento y la continuación de lo planeado. La gobernabilidad implica el binomio legitimidad-eficacia, el proceso de demandas y ayudas al aparato gubernamental, la reconstrucción de la sociedad en términos de distribución y respuesta a las necesidades, y la modernización económica con sus respectivas consecuencias; la ingobernabilidad, obviamente, no actúa con estas caracterís-ticas. En resumen, el momento más grave en un sistema político se refiere a la situación de ingobernabilidad entendida como el desequilibrio existente entre las demandas sociales y la capacidad de respuesta para alcanzar dichos objetivos por parte del aparato gubernamental.

La ingobernabilidad genera directamente anormalidades sobre la función democrática en el sistema político; Samuel Huntington se refiere a esta situa-ción enumerando cuatro características que van desde la deslegitimación de la autoridad y la pérdida de confianza, el desequilibrio del gobierno ante la expansión de los grupos en diferentes ámbitos, la fuerte competencia política y la desarticulación de intereses, hasta la proyección de los grupos sociales como entes alejados a la modernización incluso en la política exterior (caso Chiapas, por ejemplo). Por tanto, la ingobernabilidad concurre en la pérdida de eficacia, legitimidad y estabilidad en el sistema político sustentado por la Constitución.
Sin embargo, cualquier sistema político democrático debe garantizar que los intereses y deseos de los ciudadanos sean reconocidos por las leyes y las decisiones políticas del aparato gubernamental. La gobernabilidad está sustentada y legitimada por el marco constitucional, que reconoce las garantías como individuales y concretas ya que los derechos del hombre se conciben en términos generales y abstractos. Las garantías a las cuales el individuo tiene derecho se clasifican en derechos de igualdad, libertad, propiedad y seguridad jurídica, y siempre deben ser protegidos por el Estado. Por ello, la gobernabilidad es el mérito esencial de un sistema político democrático, aun cuando la alternancia de partidos en el gobierno sea una condición fundamental para su existencia; por tanto, la interacción gobernante-gobernado, decisición-necesidad, fluye en las estructuras sin importar quién o quiénes operen en el aparato gubernamental. Decimos que es una condición fundamental porque la alternancia implica cambios y transformaciones en el sistema, y para que el sistema político continúe es necesario que existan cambios y sea dinámico. Lo que no cambia tiende a desaparecer.

La alternancia política, según Espinoza, es "la alternancia regular de partidos de distinto signo en el gobierno".¹² La alternancia política reviste gran importancia por la necesidad de comprender e interpretar las condiciones lógicas del proceso político, los factores que impulsan el cambio y los efectos que el mismo produce. La discusión sobre la alternancia política como elemento de transformación se centra en el compromiso que los partidos de oposición han hecho con la democracia y la eficiencia. Las expectativas de cambio que se generan con la alternancia enfrentan serias limitaciones en el momento que llegan al gobierno, y éstas pueden ser tanto estructurales como pragmáticas. La cuestión requiere analizar hasta qué grado la alternancia de partidos logra transformaciones esenciales en los compromisos adquiridos antes de gobernar (lo cual no es tema de este ensayo).

El análisis de la alternancia política se relaciona con el análisis de la transición democrática que, a la vez, ha sido objeto de muchas interpretaciones derivadas tanto de las ideas de democracia como del carácter diferencial del sistema político y del proceso de cambio que se viene presentando (en América Latina y México, por ejemplo) a partir de los años setenta. El análisis del problema de la democracia conlleva dos puntos fundamentales: el primero está relacionado con los autores que definen a la democracia de manera pragmática, y se refiere a términos institucionales que abarcan la competencia por los puestos políticos y el derecho de participación ciudadana.¹³
El segundo punto corresponde a la democracia con un carácter normativo (no en el sentido estricto de la palabra), que relaciona al gobierno con la sociedad, así como con la calidad de vida y la justicia social, por tanto, constituye una concepción más abstracta. Los estudiosos que abarcan estas opiniones explican que los problemas de la democracia no pueden limitarse a los planteamientos de la ingeniería política. Los lineamientos institucionales son insuficientes para sociedades de América Latina que poseen fuertes problemas de desigualdad social y económica, ya que la democratización no será posible sin una modificación sustancial de las políticas sociales y económicas.¹⁴

Las expectativas que genera la alternancia política están relacionadas con las expectativas que plantea el cambio. De acuerdo con Bazdresch son: a) el deterioro de la imagen del partido hegemónico que aparece por la forma en que se designan o imponen candidatos desde el centro, b) la pérdida de credibilidad, la desaparición paulatina del temor a participar y una creciente organización formal e informal basada en la experiencia de grupos que aparecen en el nivel

¹² Víctor Espinoza, "Gestión pública y alternancia política, Baja California (1988-1994)", en Revista de Administración Pública, núm. 89, México, inap, 1995.

local y, c) la presencia de elementos que influyen en la modificación cultural; desde una perspectiva, la tendencia a desaparecer la idea de votar por alguna persona con la finalidad de conseguir algo a cambio y, desde otra, la modificación o nuevos modelos que presenta la administración pública. Por lo anterior, los partidos que buscan la alternancia política en la esfera gubernamental deben incorporar a su plataforma política los elementos de eficacia y democracia. A partir de la alternancia política como elemento democrático se pueden distinguir dos momentos que generan gobernabilidad: el primero, relacionado con la forma en que los partidos de oposición acceden al gobierno y en el que debe analizarse el grado en que haya influido el proceso electoral en el desarrollo de configuración de poder, y el segundo, que tiende a considerar el ejercicio del gobierno para satisfacer y responder las necesidades ciudadanas. Es decir, el sistema electoral como método democrático para elegir a los representantes del pueblo y el sistema de partidos deben procurar que las elecciones sean competitivas y garanticen la libertad de elegir, la posibilidad de cambiar el gobierno y la legitimación del sistema político;¹⁵ la importancia del sistema político se deriva de la configuración del poder. La legitimidad del proceso de alternancia proporcionará las bases del sistema político sustentado en un marco de legitimidad, estabilidad y eficacia para dar paso al desempeño gubernamental en los ámbitos económico, social, político y cultural. Si alguna de las condiciones no aparece, el riesgo del conflicto es evidente.

Tonatiuh Guillén subraya la importancia de transformar la estructura institucional para que la alternancia tenga un verdadero significado; el autor señala que si los partidos diferentes al partido hegemónico responden a los retos de gobierno desde la misma estructura autoritaria de toma de decisiones, normas y procedimientos, se acaba por desconocer la pluralidad y las demandas de la sociedad por intervenir activamente en las decisiones y, por ende, no se avanza en la democracia. La alternancia política debe promover el cambio en un sentido positivo y dinámico, y ello conlleva la transformación de estructuras e instituciones con la finalidad de responder a los deseos ciudadanos; la plataforma política implica la promoción social y económica olvidando los intereses partidistas. Es necesario reconocer que el presidencialismo en América Latina se ha distinguido por el autoritarismo que existió en décadas pasadas. Actualmente, la transición a la democracia, entendida como la competencia entre partidos para llegar al poder, no sólo debe efectuarse con estabilidad y legalidad, sino que debe garantizar la gobernabilidad.

¹⁵ Dieter Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, México, unam, fce, 1995, pp. 9-45.

Si un sistema político es sustentado por la democracia, la alternancia de partidos es sólo una condición derivada del sistema electoral y de partidos del sistema político, y la gobernabilidad será el eje conductor del partido en el gobierno que le permitirá consolidarse ante la sociedad. La existencia de la alternancia política lleva implícita la posibilidad de que los ciudadanos evalúen la actuación de los partidos en el gobierno y premien o castiguen a través de su voto. Sin embargo, queda la posibilidad de que haya una situación en la que el electorado resulte sumamente volátil en su comportamiento, o bien, que los votos no manifiesten realmente las preferencias sino que estén más asociados a la idea de no perder los beneficios que de alguna manera proporciona el sistema; esta situación constituye un problema para la democracia.

Por tanto, se puede concluir que en un sistema político que tiene a la democracia como forma de gobierno, los gobernantes están obligados a responder plenamente a los gobernados y, así, se sirven de la política para diseñar las bases de convivencia entre la sociedad. Además, la constitución de cualquier sistema político democrático establece las facultades y atribuciones de los aparatos gubernamentales para garantizar el correcto ejercicio de sus funciones y la satisfacción y bienestar de los ciudadanos.

La democracia implica que los intereses y deseos de los ciudadanos se conecten con las leyes y las decisiones políticas, con ello la gobernabilidad encuentra el marco ideal para desarrollarse: el desempeño gubernamental sustentado en las bases de legitimidad para la toma de decisiones que benefician a los ciudadanos. Sin embargo, la alternancia entendida como el cambio de partidos en el gobierno se presenta como una condición fundamental para su continuidad dentro del sistema político. Esto provoca una fuerte competencia electoral entre partidos para llegar al poder; aquí, los sistemas electoral y de partidos constituyen un eje direccional para proporcionar legitimidad al proceso electoral y al nuevo gobierno. La actuación eficaz del partido, una vez que ha conseguido el poder, es básica para que el ciudadano, a través de su voto, decida si continúa en el poder u otro partido deba ser electo para gobernar. La alternancia de partidos indica pluralidad, compromiso y transformación para que las estructuras e instituciones se vuelvan eficaces, legales y proporcionen estabilidad.

La estabilidad de partidos como condición fundamental debe garantizar la gobernabilidad del sistema político. Es importante destacar que los actores políticos y las estructuras e instituciones deben coadyuvar a la existencia de la gobernabilidad.

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Abordar el tema de la alternancia y la gobernabilidad dentro de las dimensiones y características de un ensayo es un reto a la imaginación y a las inquietudes profesionales de quienes nos vemos atraídos por las artes del gobierno, y que no se comprenden si no tenemos claro los conceptos de Estado, nación y gobierno.

Para entender los fenómenos de la alternancia y la gobernabilidad es preciso analizar las condiciones que previamente se tienen que registrar para que éstos sucedan, entre las cuales sobresalen la participación política de la población y el marco institucional en que se inscribe esa actividad. Los conceptos de democracia, liberalización de las ideas y tipos de gobierno son definitivos para esos cambios cuyo rango de acción está dado por la Constitución General de la República, acervo doctrinario para la evolución de nuestra organización política que en ninguna de sus partes propone ni da preeminencia a la gestión de un solo partido político. Por el contrario, deja el camino abierto a la alternancia y, desde luego, a la gobernabilidad, siempre condicionadas a la existencia de partidos debidamente integrados, apoyados en grupos de poder definidos, que dispongan de su declaración de principios, programa de acción y estatutos.

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es el instrumento institucional que garantiza la legalidad de la lucha electoral, que marca los lineamientos con los que los ciudadanos pueden tener acceso a alcanzar el poder a través del sufragio universal, en una contienda legal y civilizada, que legitimice al gobierno que haya sido electo. Alternancia y gobernabilidad son posibles y deseables, siempre que se cumpla con los requisitos básicos para constituir partidos fuertes y con capacidad para conducir los destinos nacionales. Independientemente de sus postulados y ofertas políticas, los partidos tendrán que circunscribirse a un ámbito geográfico, a los perfiles poblacionales y al marco jurídico que establezcan los principios de gobierno. Alternancia y gobernabilidad sólo se entienden en función de esos requisitos, con la idea central de optimizar el uso de recursos, perfeccionar el cuerpo institucional y responder con mayor eficiencia a las exigencias sociales. Alternar debe ser siempre la oportunidad de dar a otros la potestad de gobernar mejor y lograr, con un equipo bien integrado, la aceptación mayoritaria de sus iniciativas y actos de gobierno.

El texto considera que décadas de un solo partido en el poder pueden nutrir la idea de autoritarismo en el manejo de las cuestiones públicas y, aunque no fuera tal en múltiples ejemplos, el simple hecho de que pareciera no haber los conductos legales para proceder en contrario tuvo categoría de aceptación general. El presente trabajo prescinde de cuadros estadísticos y elaboraciones numéricas, en aras del espacio para desarrollar las ideas.

El ensayo como forma literaria se refiere al estudio general de una materia. Desde un punto de vista teórico, pretende mostrar de modo sencillo y escueto la composición y naturaleza de una tesis que en este caso concierne a la alternancia de grupos en el poder, por plazos fijos y determinados, con el fin de que la sociedad disponga de un buen gobierno, esto es, de la conducción de sus asuntos públicos hacia la aspiración suprema que es la sana convivencia y la satisfacción de necesidades básicas e inaplazables.

La alternancia se define como el hecho de repetir con cierta regularidad cosas diferentes, es distribuir por turno un trabajo entre varios. Es sucederse en el espa-cio y el tiempo dos o más cosas, repitiéndose una después de la otra. En el campo político significa que un partido reemplaza a otro en el poder mediante elecciones democráticas. Es benéfica cuando existen instituciones políticas sólidas, pues hace posible la gobernabilidad y más expedita la atención a los ciudadanos.

La alternancia en el poder de grupos de distinta formación ideológica beneficia directamente a la población, siempre y cuando existan los órganos adecuados de vigilancia y control de los actos de gobierno. Ahora bien, ante las preguntas de ¿cómo puede haber gobiernos que se alternen por determinados periodos para ejercer el poder?, y ¿cuál debe ser el mecanismo para que esa alternancia tenga lugar dentro de un marco legal?, la respuesta es: sólo a través de los partidos políticos y únicamente si disponen de la estructura y presencia necesarias. De lo contrario, sólo permanecerá aquél que disfrute de esas cualidades y en ese caso la alternancia sería un simple enunciado. Además, para que exista, debe considerarse que quienes llegan al poder disponen de la suficiente fuerza para cubrir los cargos de la administración y en un momento dado cuentan con los medios para legitimar su forma de gobierno.

administrar, de dirigir personas o cosas hacia un fin determinado y, tratándose de un conglomerado social, procurar su armonía, progreso integral y tranquilidad pública. Implica el acatamiento irrestricto de los actos de gobierno por la mayoría de la población, de lo que ordene la autoridad constituida. Esas actitudes se dieron en un tiempo por temor, ante la capacidad gubernamental de hacerse obedecer por la fuerza. Pero los tiempos han cambiado y los ordenamientos son aceptados por la sociedad cuando provienen del consenso general de los gobernados y no está en duda el origen del mando.

Sin embargo, no puede hablarse de alternancia cuando un solo partido gobierna por mucho tiempo, no obstante que su gestión se rija por plazos determi-nados y sustituya a sus hombres en el poder en cada periodo constitucionalmente establecido para que actúen en la escena política _tal vez cambiando estrategias o perfeccionando procedimientos_, porque si bien hubiere modificaciones y mejores procedimientos dentro del campo técnico o administrativo, lo esencial no se toca, esto es, el factor ideológico y la plataforma política.

Si, además, el partido dominante carece de los contrapesos necesarios para ordenar su gestión, priva la visión unilateral de los problemas; más aún, se propicia la abulia y el desinterés por comprobar el resultado de los actos de gobierno. Un ejemplo sería la cantidad de obras que quedan inconclusas al término de los ejercicios gubernamentales y las consecuencias de políticas fallidas en los puntos vulnerables de la economía nacional. En ese caso podría hablarse de gobernabilidad, aunque por diversos medios se controle la opinión o se someta por la fuerza a los actores de cualquier insatisfacción popular; se trata, desde luego, de una gobernabilidad inducida.

De producirse la alternancia entre partidos, existirá el prurito de no dejar cabos sueltos ante la sola expectativa de tener que ceder el lugar a quien, de entrada, pasará a analizar los manejos de su antecesor, con las reales perspectivas de fincar responsabilidades si en actitud irresponsable se malversaron recursos o se comprometió el patrimonio público. Es decir, quienes gobiernan sienten de alguna manera que hay un límite a su gestión y que de perder el poder pueden ser vulnerables a sanciones civiles, administrativas y penales. La alternancia es saludable para cualquier país, si el grupo que llegue al poder por medio de un partido político dispone de la penetración y la fuerza suficientes para que se acaten sus disposiciones de gobierno. Pero conviene ahondar en los procedimientos para que esa situación sea posible.

Gracias a la nueva legislación electoral hay un camino para que alcance el poder quien obtenga la preferencia de la ciudadanía, y si por la vía del sufragio la elección es legítima, la ciudadanía se beneficia porque:

La posibilidad de evaluar los manejos del gobierno anterior (y actual) es mayor, al contar con elementos de control para quienes desempeñan o hayan desempeñado actividades públicas.

Si mediante el voto hay una vía para cambiar a los gobernantes y hacerlos cumplir los compromisos adquiridos con sus gobernados, quienes desempeñan la función de gobierno van a tener buen cuidado en evaluar las repercusiones de sus actos.

Ante el riesgo de que la oposición llegue al poder, habrá la voluntad de crear instituciones sólidas y permanentes que sobrevivan a los periodos constitucionales, así se evitará que en cada sexenio aparezcan y desaparezcan organismos e instituciones a capricho de los gobernantes en turno.

Por último, si las cosas van bien no hay de qué preocuparse, pero si van mal, entonces la posibilidad de cambio será el conducto para que los asuntos se manejen de otra manera, y ello, por medio del sufragio en los procesos electorales.

La alternancia puede asegurar los planes a largo plazo cuando éstos han sido elaborados por consenso entre las fracciones políticas de la nación y no son susceptibles de ser cambiados o suprimidos a capricho, en tanto que obedecen a metas y objetivos de carácter generacional. Ejemplos hay muchos, bastaría señalar sólo uno para ponderar su importancia, el Plan Monet, destinado a sacar a Francia de la postración y devastación en que quedó al término de la Segunda Guerra Mundial. Muchos gobiernos y de diferentes tendencias ideológicas se han alternado el poder desde entonces, pero la gobernabilidad del país ha quedado incólume porque las instituciones fueron diseñadas a largo plazo y la población se ha sentido protegida en sus intereses. En pocas palabras, el voto popular entregado a grupos alternativos ha sacado adelante a la nación.

En ese orden de ideas, procede repasar los elementos de que se dispone para que en nuestro país pueda darse ese fenómeno.

Realmente es muy rico el cuerpo doctrinario que nos rige sobre la materia, empezando por la Constitución Política. Sus artículos, 136 en total, definen al país que hoy tenemos y por ello es obligado evocar a grandes rasgos el contenido de aquéllos que más se relacionan con la alternancia de los grupos en el poder y la gobernabilidad del país; antes, un breve paréntesis introductorio.

Quienes redactaron ese documento seguramente pensaron que su destino no debería ser el estar en los anaqueles de las bibliotecas, los armarios o las gavetas, sino que estaba dirigido al hombre común, del campo, de la fábrica o de la ciudad. Ley suprema, ley de leyes, eso es la Constitución, la norma fundamental, redactada en nombre de los grupos mayoritarios que hicieron la Revolución. Expresa sin equívocos el sentimiento popular, como ideal y estilo de vida, el proyecto de país al que se aspiró y los medios para lograrlo. Ese objetivo une e identifica a quienes habitan el territorio nacional, lo cual les da el perfil patrio. De ahí que la condición de mexicano obligue a participar en los ideales comunes y defender las conquistas que dan el ser a la nación, a estar al tanto de los dere-chos y las obligaciones que les corresponden y a fortalecer las instituciones que forman el Estado. Cuando en 1910 se rompieron las amarras de la contención social, nada pudo ya parar a los obreros, estudiantes e intelectuales que buscaban un mejor futuro. Al promulgarse en 1917 la nueva ley, comenzó la etapa constructiva de la Revolución. De su articulado, el Tercero es quizás el que contiene los principios fundamentales y la dimensión que quiso darse a nuestro destino: amor a la patria, solidaridad internacional en la independencia y equidad en el trato. Asimismo, define la democracia como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Otros artículos se refieren a temas de singular trascendencia:

La renovación de los Poderes de la Unión a través de elecciones perió-dicas en las que se exprese la voluntad popular.

La forma de gobierno: se establece que la República será representativa, porque el pueblo designa a quienes en su nombre deberán de gobernarlo; democrática, porque el gobierno debe ser de todos y para su beneficio, y federal, porque mediante un pacto los estados libres y soberanos delegan facultades a un gobierno superior para que atienda los asuntos que afectan a la población en su conjunto.

La soberanía nacional: se refuerza el principio de que el poder público dimana del pueblo y se instituye para su servicio, definiendo que habrá una sola fuente de dirección que a su vez sea el Supremo Poder de la Federación, el cual se divide para su ejercicio y limita para impedir su abuso, en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Señala, asimismo, las responsabilidades de aquellos ciudadanos que por elección o designación tengan a cargo las funciones de ese supremo poder.

Los nueve títulos que componen el texto, diez capítulos y cuatro secciones, más los transitorios y decretos, forman un cuerpo doctrinario excepcional con que el pueblo mexicano debe regirse. De ahí que sin importar qué partido político llegue al poder, es obligatorio que ciña sus actos a la Carta Magna, por ejemplo, si se trata de una política de Estado a largo plazo, es básico partir del artículo 25, en el cual se ordena que "corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para que éste sea integral, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza [...] el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional [...]" Y aún más, el artículo 26 dice que "el Estado organizará un sistema de planeación democrática [...] habrá un plan de desarrollo nacional al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal", y qué sólo mediante la concertación se incorporará a grupos privados en las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

Asimismo, el artículo 39 declara que la soberanía nacional reside en el pueblo, el poder público dimana de él, para él se instituye y tiene el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Cabe mencionar lo referido por el artículo 41, en el sentido de que es de inte-rés general la existencia de partidos políticos, los cuales tienen como fin integrar la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, ser la guía de acceso al poder público; de ahí que la creación de un instituto autónomo, separado del poder, del gobierno, para conducir los procesos electorales, sea garantía de lo anterior. Cuando los Poderes de la Unión estén integrados por una voluntad realmente democrática, por el consenso mayoritario de las diferentes corrientes políticas, entonces sí podrá hablarse de ejercer la verdadera soberanía popular.

Un régimen que pretenda el calificativo de democrático necesita acreditar ciertas condiciones:

Que quienes participen en la toma de decisiones formen parte mayoritaria de la población adulta.

Que exista la garantía de respetar las libertades básicas de opinión, información, asociación, reunión, etc., de modo que los ciudadanos puedan manifestarse sobre las diferentes opciones sin coerción ni condición alguna.

La existencia de diversos partidos políticos, porque representan las distintas opiniones y proyectos de gobierno de la sociedad, generan el debate de ideas y compiten para ocupar cargos de elección popular a través del voto. Los partidos políticos son la base de los regímenes democráticos porque permiten la expresión de los intereses más variados de la sociedad; gracias a su gestión, los distintos caminos de solución y propuestas acerca de sus problemas se enfrentan dentro del marco de la ley, por los procesos electorales o por medio del debate parlamentario. De no existir los partidos políticos, los individuos y grupos sociales podrían enfrentarse de manera violenta y poco civilizada, ganaría sólo el más fuerte y no el que pudiera convencer con la razón.

En relación con los requisitos de la democracia, el de mayoría es fundamental. En sociedades grandes la unanimidad es imposible, por lo cual es necesario que se cumpla con un conjunto de derechos que permitan a sus integrantes decidir libremente, por ejemplo, acerca de las libertades de expresión, de reunión o de asociación. Ello significa que se puedan expresar públicamente opiniones sobre diferentes tópicos sin temor a represalias, sin cortapisas y de manera respetuosa, así como debatirlas, además de no temer relacionarse con otras personas para perseguir fines que estén dentro de la ley, y elegir la forma de vida que mejor convenga a cada quien. Sin esos derechos y libertades ni los ciudadanos ni la democracia podrían prosperar. Hay que agregar como requisito adicional muy importante el hecho de que la competencia política se realice en igualdad de circunstancias. Para que un gobierno sea democrático no basta que se lleven a cabo elecciones en las cuales gane la mayoría, es indispensable que las minorías sean respetadas, que la legalidad garantice la competencia política y que, de esa manera, quede abierta la posibilidad de la alternancia. De lo contrario, podrían suceder casos como, por ejemplo, el de Alemania en 1932. Adolfo Hitler ganó las elecciones con casi 14 millones de votos, los nazis se hicieron del gobierno, pero una vez en el poder el Tercer Reich se volvió totalitario, cancelando toda presencia de grupos opositores _caso de los comunistas_ y entidades étnicas como los judíos, que fueron perseguidos y condenados al exterminio. La historia y esos ejemplos catastróficos han dado la pauta para crear mecanismos de control y limitar el uso exclusivo del poder y la posibilidad de ejercerlo a capricho de personas o instituciones, y restringirlo a través, por ejemplo, de la división de poderes, el fortalecimiento de los medios de expresión de la opinión pública y la activa e intensa participación ciudadana, entre otros.

Dos son los grandes sistemas democráticos de gobierno: el presidencial, en el que el titular del Poder Ejecutivo es electo por votación popular directa, el Congreso no interviene en su elección y cada uno de los poderes tiene mandato por separado. El sistema se basa en el control que ejercen los poderes Legislativo y Judicial sobre el titular del Ejecutivo así como en la independencia de cada uno de ellos, y el parlamentario, en el que el pueblo nombra a sus representantes al Parlamento y ese órgano es el que elige al primer ministro _o jefe de gobierno_ y al resto de los demás ministros. El gobierno no se integra por elección popular sino a través de la mayoría parlamentaria.

¿Será entonces momento de reflexionar sobre la conveniencia de perfeccionar nuestro sistema de gobierno e instaurar el servicio público de carrera?, ¿de intro-ducir el derecho a la reelección de representantes populares con el fin de asegurar la continuidad de los planes de desarrollo económico y social a largo plazo? Lo que sí no es una interrogante sino una realidad es el costo que tiene para la nación la permanente improvisación de hombres y programas, que si bien podrían ofrecer un alto contenido de solidaridad humana, se distorsionan o fracasan al no haber un seguimiento institucional de sus objetivos. Las dificultades tan profundas por las que ha transitado el país en los últimos 25 años tienen su origen en que desde las más altas esferas gubernamentales se ha dejado de lado el cumplimiento de los ordenamientos constitucionales, como el federalismo, lo cual ha dejado inermes a las entidades que le dan cuerpo y forma, ante las veleidades de un poder omnímodo y centralizado.

Es bien sabido que Estado equivale al cuerpo político de una nación. Lo constituye la sociedad, soberana, independiente, orgánica y total, establecida en determinado territorio para mantener la armonía y la ordenada coexistencia entre todas las personas que la integran, así como para buscar su protección y progreso mediante la declaración y el cumplimiento de normas jurídicas encaminadas al bien común. Para ello, los órganos que lo conforman están investidos de poder público, adecuado y suficiente, y diferenciados en razón de sus respectivas funciones.

Su constitución orgánica supone la diferenciación política entre los que se dedican directamente a realizar las funciones estatales, llamados gobernantes, y los que no intervienen de modo directo y constante en las mismas, llamados go-bernados. Los elementos esenciales son materiales y formales, entre los primeros se cuentan el territorio y el pueblo; y entre los segundos, los órganos oficiales que lo representan y cumplen sus funciones con la autoridad legal de que se hallan investidos.

La nación es el conjunto o agrupación de hombres que generalmente forman parte de una comunidad con características étnicas, lingüísticas, históricas y culturales comunes, que viven casi siempre establecidos sobre un determinado territorio. Pero el elemento territorial a veces no condiciona la existencia de la nación, como sucede en pueblos históricamente dispersos que conservan vivo el espíritu de solidaridad nacional. Son, pues, pueblo y territorio, los elementos esenciales de la nación.

La constitución de los Estados modernos asentados generalmente sobre comunidades sociales de tipo nacional ha llevado a confundir frecuentemente los conceptos de Estado y nación; sin embargo, son claramente diferenciables si se atiende que la nación es una comunidad esencialmente social, y el Estado una organización política que coincide sólo histórica pero no indispensablemente con la nación. Así, se tienen distintas nacionalidades constituidas en un solo Estado, por ejemplo Suiza, donde franceses, italianos y alemanes evidencian la coexistencia social de tres nacionalidades bajo una organización política común.

El gobierno, en sentido lato, es el conjunto de personas y órganos revestidos de poder para expresar la voluntad del Estado y hacerla cumplir. Lo forman todos los poderes de la autoridad pública, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Desde luego que la función que muestra más actividad es la ejecutiva. Por eso se llama gobierno, en sentido estricto, al Poder Ejecutivo o a los órganos encargados de dirigir la función ejecutiva. El gobierno responde a la organización del Estado de que forma parte y así será, como éste, absoluto, autoritario, democrático, constitucional, unitario o federal.

La sabiduría debe ser cualidad indispensable de los gobernantes, quienes han de ser seleccionados en razón de atributos como su prudencia, energía y, sobre todo, por su fidelidad al bien público. La tarea del verdadero amante de la ciencia de gobernar no radica tanto en cerrarse a las nuevas o extrañas ideas que toquen a su puerta, más bien, el filósofo, el que aspira a gobernar con sabiduría, toca a las puertas de otros para conversar con ellos, en una actitud de apertura y búsqueda de la verdad.

En cuanto a las condiciones para que se de un buen gobierno, no es necesario buscar mucho porque se encuentran en las cualidades propias de los ciudadanos, es decir, en las virtudes y en la armonía de los gobernados. El gobierno es un medio para el progreso cultural y la cultura, a su vez, es una condición del buen gobierno. Así, un pueblo obtiene los mayores beneficios cuando posee una forma de gobierno que define que la soberanía reside en la comunidad y en la que cada ciudadano desempeña una función pública, lo cual está íntimamente ligado a su nivel cultural. El gobierno ideal _desde luego_ es el representativo y entre sus condicionantes figuran que el pueblo desee, se apreste y esté capacitado para participar en los asuntos públicos.

La política, por su parte, se encarga de regular la relación entre los individuos, es la mediadora para la solución de los conflictos; impide que los problemas crezcan hasta destruir la sociedad y favorece que se pueda vivir en comunidad. Es todo lo que tiene que ver con los asuntos públicos del Estado, de donde régimen político es el conjunto de instituciones y normas jurídicas que regulan el acceso a la distribución y al ejercicio del poder. En consecuencia, los encargados de establecer esa mediación son las autoridades políticas.

LA GOBERNABILIDAD GARANTIZADA POR UNA LEY GENERAL Y OBLIGATORIA PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Al reflexionar sobre lo anterior, se puede concluir que con la alternancia en el poder por parte de diferentes partidos políticos se beneficia el país, si sus objetivos parten de perfeccionar el marco legal con el que desempeñan sus fun-ciones y eso, desde luego, se convierte en una condición sine qua non de la gobernabilidad.
Se ha visto _especialmente en los últimos cinco siglos_ cómo el progreso real de una nación surge cuando en las acciones públicas hay mayor participación política y se han diseñado instituciones adecuadas para dar forma a esa realidad. El siglo xix marca el ingreso de las multitudes a la vida política. La Revolución Industrial, las transformaciones en el mundo rural y los movimientos migratorios, concentraron en las ciudades a grandes grupos de asalariados y artesanos que descubrieron la homogeneidad de sus condiciones de vida y reivindicaron derechos políticos. Ese siglo se caracterizó también por las luchas populares tendentes a incorporar el sufragio universal a la vida política y es en esa acción que nacieron los primeros partidos políticos de masas. Así, las ideas de representación y participación ampliada hallaron su punto de convergencia en la gradual consolidación del sistema de partidos y en la celebración de elecciones cada determinado tiempo.

La democracia representativa encontró, entonces, en sus organizaciones y procedimientos el conducto para incorporar a amplios segmentos de la población a la actividad política. Pero ese fenómeno no ha seguido el mismo curso en los diferentes países, ni tampoco ha sido fácil alcanzarlo, porque como derecho está sometido a los vaivenes de la historia. No obstante, la legitimidad de los regímenes políticos se da en función de la capacidad de participación política de sus ciudadanos, en el marco de las instituciones de la propia democracia representativa. La larga evolución que ha tenido en sus formas ha dado lugar a concepciones distintas por parte de los ciudadanos, así como de los conductos ideales para que se exprese la soberanía popular.

Cabe mencionar también la otra forma de democracia, la directa, que es un estilo de gobierno en el cual el pueblo participa de manera continua en el ejercicio directo del poder. Es la comunidad y no la sociedad la entidad política que hace funcionar el modelo de democracia directa, aplicable _claro_ sólo a comunidades pequeñas, las cuales podrían tener como práctica habitual el referéndum, al igual que en los casos de la democracia representativa, cuya condición no es suficiente para resolver cuestiones clave de la nación, pero no para tareas de rutina, pues sería inoperante e impráctico que la comunidad política tuviera que ser consultada permanentemente sobre los asuntos públicos.

En contraste, se encuentran las virtudes de la democracia indirecta, en la que el pueblo como tal no gobierna pero elige a quienes desea que lo gobiernen, una ventaja para países muy extensos o de una alta densidad demográfica pues evita la polarización de la sociedad, haciéndola menos manipulable, aunque sus miembros tengan que compartir sentimientos entre sus representados, el partido que los postuló y las convicciones personales, sin embargo, eso se supera cuando los políticos así elegidos actúan dentro de un sistema institucionalizado y es en ese contexto que sus acciones se vuelven positivas en favor de quienes los llevaron al poder.

En el mundo moderno, son esos cuerpos colegiados los que enmarcan la vida democrática, por ejemplo: en los regímenes parlamentarios se da la alternancia cuando un partido político gana las elecciones y en consecuencia tiene derecho a que el primer ministro acceda al poder para sacar adelante sus políticas. Caso clásico es el sistema inglés, que se apoya en dos partidos fuertes para integrar sus cámaras, la de los Lores y la de los Comunes, sin tocar al jefe del Estado. Otros países cuentan con un sistema similar, favoreciendo la alternancia de dife-rentes partidos en el poder y aglutinando inconformidades sobre el modo de conducir los asuntos de la nación, habiendo, de facto, una perfecta gobernabilidad.

Alternancia y gobernabilidad están muy cerca del fenómeno de transición democrática, un ejercicio complejo que implica estrategias y modalidades específicas por parte de los actores involucrados, sean autoridades, partidos, movimientos sociales, grupos de presión o dirigentes políticos. Concretamente, en el caso de México se trata de propiciar, por conducto del sufragio, la alternancia de grupos políticos en el poder con el fin de transitar de un régimen de matices autoritarios a uno democrático, intervalo durante el cual se pasa de un conjunto de arreglos institucionales y prácticas políticas _definidos y controlados discrecionalmente por la élite en el poder_ a otro acuerdo en el que la definición y funcionamiento de las estructuras y prácticas políticas se sometan a discusión, estén garantizadas por la Constitución y respaldadas por la participación ciu-dadana. La alternancia es consecuencia de la necesidad de una transición democrática; se trata de un visible desplazamiento de las fuerzas políticas hacia posiciones más cercanas al justo medio, que es lo ideal para contar con un buen gobierno.

Cuando por sí solo el cambio se hace difícil, hay acontecimientos que lo favorecen, a saber:

Los que se gestan por fuerzas externas y se traducen en intervenciones extranjeras, conquistas o guerras impuestas.

Las motivaciones violentas de algunas fuerzas sociales o políticas internas, por ejemplo, conatos de revolución, guerras civiles o golpes de Estado.

Cuando la paciencia de la población está colmada por la crisis interna del régimen político imperante, que se manifiesta por la ruptura del consenso entre los actores que controlan o apoyan las decisiones políticas.

Lo analizado hasta aquí refleja un verdadero proceso de liberalización política, que implica un cambio en los niveles de pluralismo y de competencia política, tole-rados y garantizados por el régimen autoritario en cuestión. En ese sentido, sólo puede hablarse de un proceso de transición democrática cuando la liberalización política conduce a la democratización del sistema. A mayor abundamiento, el nivel de pluralismo político permitido es importante para distinguir entre democratización y liberalización política, así como para analizar la dinámica de la primera.

El pluralismo es resultado de la diversidad de características al interior de un país, en el que existen diferencias y conflictos, y cuando llega a expresarse abiertamente se está frente a una de las facetas más importante de la democracia. En ese ámbito, la gama de oportunidades permite a las oposiciones optar entre varias alternativas con el propósito de afinar la eficacia de sus acciones políticas, principalmente en materia de programación, organización e instrumentación de su actividad. Se trata de un campo propio del pluralismo liberalizado, que a la vez es organizativo aunque se halle sólo medianamente institucionalizado, pero tolerado por el régimen autoritario o no democrático, como producto del proceso de ampliación de los derechos civiles y políticos de la población que pudieran estar restringidos o incompletos. Por su parte, el comportamiento de las oposiciones está condicionado por el nivel de competencia permitido por el sistema y cuando alguna de ellas logra constituirse en organización partidista está en posibilidad de incidir en la toma de decisiones o de tener influencia política si además de desempeñar funciones de articulación y suma de intereses puede convertir esas demandas en políticas públicas. Sucede cuando las motivaciones de la oposición superan su inicial carácter genérico y ocasional, desarticulado e intermitente, para tomar el lugar de una oposición específica, de motivaciones más concretas y permanentes a nivel de política económica y social. El cambio de un sistema no competitivo a otro competitivo de partidos puede examinarse a partir de las consideraciones siguientes:

1. La orientación política general y las predilecciones de la población hacia la democracia, régimen prevaleciente y los partidos políticos, más en concreto las tendencias ideológicas de las clases o grupos organizados, considerando los distintos puntos de fricción o líneas de conflicto latentes en la sociedad, para evaluar su impacto en la composición de la competencia partidista.

2. Las percepciones, valores, cálculos estratégicos sobre la capacidad de decisión y gestión de la élite política, en particular partidistas, para lograr atraer el soporte electoral, formas de acercamiento con los grupos de presión, movilizaciones que promueven, recursos políticos que acumulan y hasta sus convicciones ideológicas.

3. Los factores institucionales, como el tipo de reforma política o acuerdo electoral existente, la representación parlamentaria obtenida, concesiones al partido gubernamental, financiamientos, composición de las instituciones que determinan las relaciones entre partidos, límites de la reforma política, de la ley federal y la estructura de autoridad imperante.

Un sistema de partidos no es competitivo si no permite elecciones disputadas. Cualesquiera que sean las normas legales, la competencia termina cuando a los adversarios y oponentes se les priva de la igualdad de derechos, poniéndoles toda clase de impedimentos y amenazas, intimidándolos e incluso sancionándolos por atreverse a decir lo que piensan. En cambio, el proceso de democratización concluye cuando se instaura un nuevo ordenamiento institucional y se alcanza su consolidación en fases sucesivas de transición de un régimen autoritario a uno democrático.

Por instauración democrática se entiende el proceso de establecimiento y aprobación de los lineamientos para los procedimientos democráticos. Por lo general, esa etapa puede corresponder con la aprobación de una nueva Constitución nacional o con la realización de las primeras elecciones libres y dentro de un marco legal que dé legitimidad y certidumbre.

La consolidación democrática es el proceso mediante el cual los gobiernos establecidos están en condiciones de funcionar y evitar su deterioro. Es un movimiento complejo que debe conducir al definitivo establecimiento y adaptación de las bases del régimen, así como de sus normas y relaciones con la sociedad civil por las que conquista autonomía y legitimidad. El cambio político ha sido, y es, un fenómeno frecuente que afecta a las naciones y a los sistemas políticos del orbe, que repercute en el destino de los pueblos y las naciones.

Todo proceso de esa índole se configura y dinamiza a partir de un conjunto de actores sociales y políticos _individuales y colectivos_, institucionales o no, que se interrelacionan por el interés de transformar el régimen político del cual forma parte. En general, los regímenes políticos son dinámicos por sí mismos, lo que significa que se encuentran expuestos a la adaptación y al cambio, pero hay que considerar que los resultados de esos dinamismos son inevitablemente inciertos; por ejemplo, en el caso de un régimen autoritario, el cambio a la dirección democrática es _durante un proceso de transición_ sólo uno de los posibles resultados de su transformación.

La educación es elemento indispensable para propiciar la democracia y conseguir la formación de ciudadanos que participen libre, racional y responsablemente en los procesos de cambio. Lleva implícita la idea de favorecer una cultura política que estimule la participación cívica y civilizada, el respeto a los derechos humanos, a las diferencias culturales y a las minorías, tanto en el ámbito público como en el privado, en un marco de justicia y libertad. Es tarea esencial de la educación, sea formal o informal, proveer a la población tanto del conocimiento de los principios democráticos, sus valores y evolución histórica, como de habilidades y destrezas que estimulen su disposición a participar y comprometerse en los asuntos públicos.

La opinión pública es la que se genera y difunde entre los miembros de la sociedad, se refiere a asuntos de interés general y, en su mejor expresión, debe servir para el control del poder. La información sobre el debate político y las acciones de gobierno que se transmite a través de los medios de comunicación debe ser veraz, y éstos observantes de la ética profesional e independientes de los centros de poder para que estén en condiciones de pedir cuentas y erigirse en espacios para la discusión de los diferentes puntos de vista acerca de las cuestiones de interés público. Corolario de lo anterior es la participación ciudadana, que es el conjunto de actividades voluntarias por las que los individuos intervienen en los asuntos de la comunidad. Gracias a esa participación, a través del voto, mediante la acción de los sindicatos, asociaciones civiles, organizaciones vecinales y partidos políticos, se otorga o retira el apoyo a los gobernantes, se busca solución a los problemas, protestando o generando propuestas. Se está hablando de política, en otro sentido, porque tiene que ver con los asuntos públicos del Estado y del régimen político, que es el conjunto de instituciones y normas jurídicas que regulan el acceso y el ejercicio del poder.

En México se dispone de un cuerpo doctrinario bien cimentado en lo que concierne a los derechos sociales, la administración económica y el buen uso de los recursos nacionales, ya sean físicos, humanos o institucionales. En cambio, no se conoce con exactitud el número de miembros que componen los partidos políticos (el solo contar los votos con que uno de ellos detente el poder es dudoso). Sin embargo, el resultado de las elecciones da una idea de la fuerza electoral que puedan tener, según se ha visto en las elecciones celebradas recientemente en varios estados de la República. Por mucho que se eche a volar la imaginación, se reduce a sólo tres los principales partidos políticos en el país. Los demás partidos registrados no parecen tener hasta la fecha una amplia presencia territorial, excepto por su posibilidad de hacer alianzas y llegar a la lucha electoral con candidato único, quien aun cuando carezca de un perfil partidista significativo de llegar al poder va a encontrarse con la situación de que el grupo que encabeza no cuenta con posición ideológica propia, por lo que una vez instalado en el mando regirá sus funciones más por intereses económicos o administrativos que por un cuerpo doctrinario sólido para conducir un gobierno. Hasta hoy, sólo en los niveles municipales y estatales se ha conquistado el poder por medio de las alianzas y, comoquiera que sea, de ese modo se ha echado a andar el principio de la alternancia en el ejercicio del poder público. Desplazado un grupo, otro asume el poder y su gestión será exitosa sólo en la medida que resuelva problemas de la población en forma eficiente y expedita.

El instrumento clave para garantizar la legalidad de la lucha por el poder en México es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En su articulado se encuentran los lineamientos para tener acceso al poder en términos éticos y civilizados, esto es, mediante el juego democrático entre partidos políticos en el que quien gane la mayoría de votos en los procesos electorales se convierte en órgano de gobierno. Las disposiciones del Código son de orden público y de observancia general en la República. Reglamenta las normas constitucionales sobre derechos y obligaciones electorales de los ciudadanos, la organización, función y prerrogativas de los partidos políticos y la función estatal de organizar las elecciones para integrar los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.

Para fines de este ensayo vale mencionar que su Título Segundo se refiere a la participación de los ciudadanos en las elecciones, sintetiza el derecho que les asiste para constituir partidos, agrupaciones políticas y afiliarse a ellos en lo individual y con libertad absoluta. Estipula cómo debe ser la participación ciudadana en los procesos electorales, los requisitos de elegibilidad al Congreso de la Unión y para la Presidencia de la República, así como la fórmula para que tengan acceso a las Cámaras los representantes no electos por mayoría relativa sino por el principio de representación proporcional. Señala, igualmente, que para que una organización pueda ser registrada como partido político debe acreditar su declaración de principios y, en congruencia con ellos, el programa de acción y los estatutos que normen su actividad, así como contar con un mínimo de tres mil afiliados en por lo menos diez entidades federativas de la República, o 300 en por lo menos 100 distritos electorales uninominales. En ningún caso el número total de afiliados a un partido político en el país podrá ser inferior al 0.13% del padrón electoral federal.

En ese sentido, la declaración de principios contendrá la obligación de observar la Constitución General de la República y respetar las leyes e instituciones que de ella dimanen, así como los principios ideológicos de carácter jurídico, económico y social que postule y no depender del extranjero ni de asociaciones religiosas.

Respecto del programa de acción, determinará las medidas para: realizar los postulados y alcanzar los objetivos enunciados en su declaración de principios; proponer políticas para resolver los problemas nacionales; formar ideológica y políticamente a sus afiliados, infundiendo en ellos el respeto al adversario y a sus derechos en la lucha política, así como preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales.

Por último, los estatutos partidarios deberán precisar la denominación del propio partido, el emblema y color o colores que lo caractericen y diferencien de otros organismos similares, el procedimiento para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, sus derechos y obligaciones, los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos, así como sus funciones, facultades y obligaciones.

El Código abunda sobre la problemática que atañe a los partidos _agrupaciones políticas nacionales que son la vía de asociación ciudadana para contribuir al desarrollo de la vida democrática y la cultura política, así como a la conformación de una opinión pública mejor informada_, es decir, acerca de su registro ante la autoridad electoral, características de los contendientes, derechos de los partidos políticos, obligaciones, prerrogativas como tener acceso a la radio y la televisión, los financiamientos, régimen fiscal, excenciones, franquicias postales y telegráficas, de los frentes, coaliciones y fusiones, de la pérdida del registro... y mucho más.

Para concluir, en el Libro Tercero del Código se define y explica lo que es el Instituto Federal Electoral, depositario de la autoridad electoral y responsable de la función estatal de organizar las elecciones federales, organismo público autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios. En el Código se detalla lo relativo a delegaciones y subdelegaciones, órganos centrales como el Consejo General, las atribuciones de sus miembros y de los órganos jurisdiccionales, así como al padrón electoral, la preparación de las elecciones, el proceso electoral, las campañas, y acerca de las faltas administrativas, las sanciones y la gestión del Tribunal Federal Electoral.

La alternancia es deseable porque contribuye a transparentar la acción gubernamental, pero exige la participación de partidos políticos debidamente integrados con los requisitos indispensables para actuar con la fuerza de la legalidad.

La gobernabilidad es posible en la alternancia, cuando el poder constituido acredita legitimidad y responsabilidad como consecuencia del sufragio universal.

Tanto la alternancia como la gobernabilidad exigen el cambio en el poder de diferentes partidos. En cambio, no se producen si los movimientos se dan sólo al interior del partido dominante que detente el poder, del unipartidismo autoritario.

La sola posibilidad de perder las elecciones, y en consecuencia el poder, constituye un reto para la clase gobernante _del partido que sea_ porque los abusos y actos ilegales que pudiera cometer le pueden repercutir en forma de sanciones políticas, administrativas y hasta penales.

La alternancia puede asegurar la consecución de planes a largo plazo, cuando éstos hayan sido diseñados a partir de los intereses públicos y no privados, lo cual constituiría una sólida política de Estado.

La Constitución Política es la base doctrinaria por excelencia que garantiza la posibilidad de la alternancia de grupos en el poder, para beneficio del pueblo, tal y como lo marca su articulado.

La soberanía popular sólo se ejerce cuando los Poderes de la Unión están integrados con una voluntad realmente democrática, por consenso mayoritario de las diferentes corrientes políticas.

Los partidos políticos son protagonistas relevantes de la democracia, porque se trata de organizaciones que representan las distintas opiniones, proyectos de gobierno de la sociedad, generan el debate de ideas y compiten para ocupar cargos de elección popular a través del voto.

De no existir los partidos políticos, los individuos y los grupos sociales podrían enfrentarse de manera violenta y poco civilizada, y ganaría el más fuerte y no el que pudiera convencer con la razón.

Para que un gobierno sea democrático no basta que se lleven a cabo elecciones y gane la mayoría: es indispensable que las minorías sean respetadas.

El sistema presidencial de gobierno debe basarse en el control que ejerzan los poderes Legislativo y Judicial sobre el titular del Poder Ejecutivo, lo cual sólo es posible si existe en realidad un gobierno de partidos.

Es impostergable revisar el actual sistema de gobierno del país, por el elevado costo que tiene la permanente improvisación de hombres y programas sin que haya un seguimiento institucional de los objetivos.

Estado, nación y gobierno deben velar por el bienestar de la población. Si bien los dos primeros quedarían comprendidos dentro de las condi-ciones dadas, el último sólo puede ser legítimo en la medida en que base sus políticas en el mejoramiento constante de la situación económica, social y cultural del pueblo, como lo marca la Constitución.

Si con toda legitimidad un grupo llega al poder con el apoyo de su partido, debe desplegar una acción política que sirva para regular la relación entre los individuos y sea la verdadera mediadora en los conflictos para que se resuelvan y no crezcan hasta destruir la sociedad.

El progreso real de una nación surge cuando en las acciones públicas hay mayor participación política de la población.

La legitimidad de los regímenes políticos está en función de la participación política de los ciudadanos, que se da mejor en el ámbito de la democracia representativa.

La alternancia y la gobernabilidad están muy cerca del fenómeno de la transición democrática de un sistema autoritario a un sistema de partidos.

La paciencia de la población puede colmarse por la crisis interna del régimen político imperante, que se manifiesta por la ruptura del consenso entre los actores que controlan o apoyan las decisiones políticas.

El comportamiento de las oposiciones está condicionado por el nivel de competencia permitido por el sistema. Cuando alguna de ellas logra constituirse en organización partidista puede convertir las demandas populares en políticas públicas.

El cambio de un sistema no competitivo a otro competitivo depende de las predilecciones de la población hacia la democracia, de la capacidad de decisión de la élite política y de los factores institucionales.

Para que un sistema de partidos sea competitivo debe haber elecciones disputadas.

La educación es elemento indispensable para que exista un régimen democrático.

La opinión pública se refiere a asuntos de interés general y, en su mejor expresión, debe servir para el control del poder "desde afuera".

La información sobre el debate político y las acciones de gobierno debe ser veraz, apegada a la ética profesional e independiente de los centros de poder para que sus medios de expresión sean espacios para discutir las cuestiones de interés público.

La participación ciudadana es decisiva para apoyar o censurar la acción de los gobernantes.

A través de los medios institucionales, o bien, con la ampliación de la participación del sector privado, es de interés general fortalecer a los partidos políticos, para que se dé la única forma civilizada de lograr la alternancia en el poder, y hacer de la gobernabilidad el beneficio supremo de la acción pública.

Para fortalecer el espíritu cívico es inaplazable iniciar una gran cruzada en favor del conocimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos

Electorales y de lo que es y cuáles son las funciones del Instituto Federal Electoral.

1) Si bien en el país se ha dado una magnífica y avanzada legislación en materia electoral, es poco conocida, por ello su difusión por los medios radiofónicos, televisivos y académicos debe ser de interés nacional en todo tiempo y no sólo en los periodos electorales.

2) El conocimiento en materia de derechos y obligaciones electorales debe ser acción permanente de los partidos políticos, quienes habrán de considerar la formación cívica y la preparación ideológica como elemento determinante de la calidad de sus miembros.

3) La alternancia en el poder debe ser la aspiración máxima de los partidos políticos, para lo cual se tiene que preparar, profesionalizar y convencer a sus miembros de que la ideología que los agrupa es la mejor para el bien nacional.

4) La falta de convencimiento es lo que provoca el fenómeno de que militantes activos de un partido se cambien a otro tan pronto no ven complacidos sus deseos y hasta caprichos. Por elemental principio de honestidad cívica, tendrá que impedirse la baja y alta de un partido a otro por parte de los inconformes, porque por un lado se desmerece la integridad de los primeros y, por otro, se alienta el oportunismo de los segundos.

5) Es necesario distinguir entre ambiciones personales y lucha política; ningún partido, "sólo para ganar", debe recoger lo que quedó de otros, porque se estaría complaciendo únicamente a personas físicas que buscan una posición de privilegio en vez de fortalecer la contienda partidista, donde la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos sean producto de convicciones profundas y no etiqueta que se cuelgue en la solapa como un simple adorno.

6) Un sistema unipartidista es ya anacrónico para los tiempos actuales, más si se contrasta con lo que señala la Constitución en el sentido de que cuando un partido es gobierno se hace responsable de los bienes y los males del país, pues queriéndolo o no, asume la personalidad del Estado, la nación y el gobierno. Debe procurarse su remoción sólo por medio del proceso electoral, a través de verdaderos partidos políticos que reúnan las características que se han descrito.

7) El régimen unipartidista, ante la presión de las circunstancias, que marcan que ha llegado el momento de cambiar, de ceder civilizadamente el poder, debe perfeccionarse en lo interno tanto para aceptar una derrota en las elecciones, como para que se legitimice como autoridad verdadera si logra el triunfo electoral. Esa responsabilidad recae en sus dirigentes que, actuando así, contribuirán a salvaguardar el interés de la nación.

8) Para fortalecer el régimen democrático ninguna acción pública es válida si no va precedida del análisis y la aprobación de los ciudadanos; sólo así procederán las responsabilidades legales contra quienes la ini-ciaron sin considerar el perjuicio que pudieran ocasionar a la población si resulta equivocada.

9) El actual sistema de gobierno del país requiere de ajustes y cambios, tal vez un nuevo Congreso Constituyente. De los 136 artículos constitucionales y los más de 500 cambios que ha sufrido el texto original, muchos dejaron de aplicarse, no obstante ser el verdadero espíritu del proyecto de nación que tenemos.

10) Definidos los conceptos de Estado, nación y gobierno, queda claro que el beneficio de la población sólo puede darse sin un sistema autoritario y con el perfeccionamiento del régimen democrático. Es indispensable, entonces, que los ciudadanos conozcan sus derechos y los hagan valer, de preferencia por medio del partido político al que pertenezcan o por el que hayan dado su voto.

11) Es hora de privilegiar la política sobre el uso de la fuerza, para eso los políticos tienen que profesionalizarse, prepararse para el cargo, conocer a la perfección los principios, el programa y estatutos del partido al que pertenezcan. En la actualidad es poco frecuente que en los debates políticos o en las cámaras se parta de la doctrina partidista para defender una idea. El deslizamiento de estrategias y respuestas hacia el terreno personal indica que se carece de argumentos sólidos para defender tesis y criterios sobre la problemática nacional.

12) La situación actual de las luchas políticas entre partidos merece una revisión a fondo porque éstos, si se toma en consideración lo prescrito por la Constitución y por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no se basan en un proyecto de nación, sino más bien en el deseo obsesivo de desplazar al grupo en el poder para instalar a otro.

13) Es necesario analizar los motivos éticos del poder, de modo que aspirar a gobernar no sea sólo pretender administrar bienes y proporcionar servicios, censurar al antecesor y justificar la inacción, sino dar un perfil humano y social a la acción pública, labor que debe quedar a cargo de las dirigencias partidistas y de los órganos institucionales de acción electoral.

14) La transición de un régimen unipartidista y autoritario a otro democrático, de liberalización política, con una intensa participación ciudadana, debe originarse en el convencimiento nacional de que en caso de no favorecerla_ se compromete la existencia misma del país. Esa labor ha de provenir, en primer término, de la autoridad en funciones.

15) Las alianzas opositoras son una especie de híbrido entre el régimen autoritario y unipartidista y la presencia de un partido de oposición fuerte y bien organizado. Más que estimularlas, es preferible unificarlas bajo un mismo partido e identificarlas en la declaración de principios, programa de acción y estatutos. De lo contrario, si toman el poder, sólo podrán desempeñarse en el campo económico y administrativo, sin rumbo fijo ni proyecto político a largo plazo.

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Mi mente me trae las imágenes de la infancia: tardes de sol, jugando con mis amigos en la calle polvorienta, en esos instantes de auténtica alegría brotándome por los poros de la piel. Entonces la libertad tenía el sabor de los caramelos, las galletas, las palomitas de maíz, las jícamas con chile; olía a hierba fresca, a tierra mojada y tantas cosas que ahora me traen recuerdos.
El juego, esa provisión maravillosa de Dios para los niños, esa fantasía, esa capacidad de imaginar y de soñar, se convirtió en una burbuja protectora, como la atmósfera de mi mundo, que me separaba del mundo real.

En mi universo de sueños existía todo cuanto la vida me había negado: una casa confortable, ropa, zapatos, atenciones, alimentos. Inventé algo distinto de lo que la realidad me ofrecía.

Mis padres me amaron a su manera y me educaron como pudieron, porque sus padres hicieron lo mismo con ellos. Trabajaron intensamente por todos sus hijos. Mi padre salía temprano por la mañana a trabajar; mi madre no descansaba un solo minuto atendiendo las labores de la casa, lavando y planchando ropa ajena para poder completar el gasto.

Me dolía tanto que el trabajo sobrehumano de mis padres no pudiera acabar con nuestra pobreza. Por eso deserté de la escuela a los once años, para trabajar como sirvienta y así aligerar un poco la carga económica que ellos llevaban. En la casa donde me emplearon sí vi de cerca las comodidades, los lujos... inalcanzables otra vez. El trabajo era excesivo, no podía tomar los alimentos cuando lo deseaba, ni acostarme temprano si aún había algo que hacer; se me discriminaba en muchos aspectos y no se me permitía tener amigas. Mis patrones no pudieron tener hijos y decían que yo llenaba ese vacío, que me querían como a una hija. ¿Habrían tratado así a uno de sus vástagos?; ¿lo habrían hecho sentir tan miserable como yo me sentía?; ¿albergaría su corazón alguna clase de amor? ¡Jamás llamaría padres a esas personas que me hicieron tanto daño!

Ese señor, a quien tuve que limpiarle de rodillas los zapatos, abusó sexualmente de mí de la manera más cruel y violenta a los doce años. Y sus amenazas de muerte me hicieron callar y regresar a mi hogar.

Volví a los brazos de mi madre, a las miradas escudriñadoras de mi padre, completamente triste, sin más ilusión que olvidar. Comencé a vivir por vivir, sintiendo a cada instante el deseo de morir. ¡Por Dios!, ¿qué clase de sitio era ese planeta turbulento? Violencia, violencia, violencia a diestra y siniestra: en los periódicos, en las revistas, en la televisión y en el alma.

Así como no hay paz en un puerto que está siendo devastado por un huracán, ni en un campo de cultivo que es arrasado por una plaga, no existe paz en el alma que ha sido violentada. A mi regreso, comencé a ver todo de una manera distinta; si antes me deprimía, ahora todo me resultaba insoportable. Además, mi familia también había cambiado, noté que mis hermanos peleaban mucho, que mis padres reñían constantemente. O quizás sólo entonces me daba cuenta de lo que ocurría: uno de mis hermanos se había vuelto drogadicto, mi hermana mayor se fugó con su novio y el otro hermano, el primogénito, se fue a vivir con una mujer en contra de la voluntad de mis padres.

Mi hermana de quince años y yo entramos a trabajar a una pequeña fábrica de dulces, envolviendo y empacando tamarindos a destajo. Eran jornadas largas y con poca paga, pero al menos teníamos dinero para comprarnos ropa y zapatos. Un día, vi pasar a mis antiguas compañeras de escuela con sus uniformes de secundaria; yo ni la primaria había terminado. Y sentí tanta frustración, tanta rabia, que eso me hizo despertar y volver a los estudios, a los libros, mis antiguos paliativos que aminoraban mi dolor infantil.

Mi nuevo contacto con la escuela no fue fácil al principio, pues tenía que recuperar el tiempo perdido, en el que no leí ni aprendí lo que debía. Ahora cuestionaba todo lo que mi maestra nos decía. Estaba en la búsqueda de mi paz interior y para hallarla pensaba que ni un solo concepto debía ser aceptado y asimilado sin antes analizarlo: ¿Por qué el Himno Nacional nos incitaba a la guerra, mientras los maestros nos hacían un llamado a la paz y a la concordia?; ¿por qué admirábamos a nuestros héroes si habían arrastrado a la muerte a cientos de personas?; ¿por qué nos parecían bonitas las tradiciones que exhiben derramamiento de sangre y crimen, como el vía crucis de Jesucristo? Las respuestas de mi maestro no me satisfacían del todo y busqué en la lectura esa verdad que necesitaba.

A mí me sucedió lo que dice Jaime Torres Bodet en su poema "Civilización": un ser iba muriendo en mí, siempre que otro era asesinado por el hombre. Hay muchas formas de matar, pero la peor es cuando se intenta destruir el espíritu de humanidad, de amor.

Fue en la escuela secundaria donde se iluminó mi camino. Y ahí descubrí mi vocación magisterial: iría a la raíz del árbol, que es la sociedad, para enseñar a los niños a encontrar su equilibrio, el secreto para encontrar también la paz: "Educar al niño, para no tener que hacer sufrir ni castigar al hombre". Sí, atacar la enfermedad y no sólo los síntomas.

Un niño no nace odiando o amando; aprende del contacto con su madre, su padre y las personas que lo rodean. Es como una esponja que absorbe con sus sentidos los estímulos: si éstos son negativos le crearán malos hábitos, pero si son positivos lo ayudarán a desarrollarse plenamente. Ardua tarea la de enseñar, la de educar, de conciliar intereses, de lograr la convivencia y de sembrar la semilla del conocimiento.

¿Y de qué le sirve al hombre el conocimiento sin los nobles sentimientos? Es como tirarle "perlas a los cerdos". ¿Y quién habrá de enseñarnos a amar, a respetar, a ser solidarios y tolerantes?

En 1984 me titulé como profesora de educación primaria. Amo mi profesión porque me ha dado la oportunidad de contribuir a sembrar la semilla de la paz y el amor. He visto en distintas escuelas a tantos niños rebeldes rendirse ante una caricia, ante una palabra amable. Y es que son apenas una ramita verde, que no serán un árbol torcido si sabemos guiarlos. Entre juegos y cuentos fantásticos les digo: "Miren, una vez existió una ave bella y maravillosa, de hermoso plumaje, pero los hombres que eran cazadores la persiguieron y la hirieron. Cayó del cielo y sus alas se rompieron. Quedó en medio del follaje, oculta, y no pudieron hallarla. Quisieron apoderarse de ella de una forma equivocada, por eso la perdieron para siempre".

Al niño se le debe hablar en su propio lenguaje, entrar en su terreno, una tierra que creemos explorada y conquistada pero que aún nos tiene reservadas muchas sorpresas. Por eso, más que hablar de una cultura de la paz, yo hablaría de una educación para la paz porque ésta sería la base para el florecimiento cultural que todos anhelamos.

No podemos cambiar lo establecido, pero aún es posible darle otro enfoque. Nuestra sociedad actual, al igual que la de todos los pueblos del mundo, es el resultado de un sinnúmero de guerras; pareciera que se trata de una ley a la que no podemos escapar. Así lo expresó el filósofo francés Jean Jacques Rousseau en 1762: "El hombre ha nacido libre, y sin embargo, vive en todas partes entre cadenas". Luchadores por la libertad son seguidos por multitudes armadas para enfrentarse con sus opresores. La triste realidad es, no obstante, que pelear por la libertad de una persona suele implicar el pisoteo de los derechos y libertades de otra. Por otro lado, tenemos el ejemplo pacifista de Mahatma Gandhi, aunque su lucha sin armas no tuvo continuidad después de su muerte.

Las sangrientas batallas no son el camino a seguir porque después de éstas seguimos viviendo "entre cadenas", envueltos en la injusticia, en la pobreza, víctimas de la corrupción.

Y si hablamos de la paz interna de una nación, tenemos que considerar que esto depende de que la gente se sienta segura tanto en su casa como en la calle. Si alguien se queda sin trabajo o siente que su vida y sus pertenencias están en peligro, se vuelve inseguro, ansioso, y la desesperación también es una arma mortal en potencia.

Reflexionando sobre lo anterior, creo que el secreto está en el equilibrio. En él hay armonía, equidad, pero, ¿cómo lograrlo? Enseñando al ser humano a dominar sus pasiones; haciéndolo ver que no hay mejor batalla ganada que la que nos da valor sobre nosotros mismos para vencer lo negativo. Se le debe hacer comprender que esta lucha es de todos los días y para siempre, y que es falso que la paz siempre es calma, porque en ella hay alegría, bullicio de esa felicidad en el juego de los niños, actividad creadora y ritmo, mucho ritmo.

He encontrado en las actividades artísticas, tan relegadas en la educación, la clave para ennoblecer a los que tienen instintos violentos. La buena literatura, por ejemplo, y la poesía en especial, dan sosiego a los que en la pubertad van despertando a un cúmulo de sensaciones que a veces los confunden.

Me encanta cambiar el sentido de las cosas. A los niños les digo que en nuestro Himno Nacional, cuando se nos llama a luchar con valor, se hace referencia a que nuestras armas deben ser el conocimiento y el amor, y que el extraño enemigo es la ignorancia, la desigualdad y la violencia. Y no destruyo la imagen que tienen de los héroes nacionales, porque para ellos es necesario tener alguien que personifique los ideales, que sea una imagen objetiva de la fuerza y la constancia; simplemente pongo en su razonamiento que la patria va evolucionando y que requiere no de héroes cubiertos de sangre, sino de hombres ejemplares que se ganen ese título con su trabajo.

No hablaremos de paz sino hasta que deje de haber niños y mujeres maltratados, hasta que termine la discriminación racial y se acaben el hambre y la pobreza. No se mencionará esa sagrada palabra hasta que haya justicia. Pero para eso se requieren hombres y mujeres nuevos y comprometidos con la sociedad.

Quiero confiar en que con el esfuerzo conjunto, los niños _quienes no son sólo la esperanza del futuro, sino nuestro presente que nos necesita aquí y ahora_ sean, a su debido tiempo, buenos padres y buenas madres, excelentes ciudadanos, y que si alguna vez llegan a ocupar un cargo importante tengan un gran espíritu de servicio social y de honestidad.

Si no hay voluntad en el hogar, que sea la escuela la que rescate esos valores. Me dan tristeza los niños que en ninguna parte encuentran comprensión o amor. ¿Cuántos padres y maestros se propondrían para esta empresa de rescate?, ¿diez, veinte? Y cada uno educará a cien, a doscientos, y que la cantidad se vaya multiplicando.

¡Pueblo atormentado, confusa aglomeración que sufre, y se ilusiona y yerra; vuelve a poseer confianza! Concentra y purifica tu aspiración; piensa que todo ideal logrado aparece primero en la conciencia; quiere el bien, exígelo y pronto nacerán tus héroes. Reconócelos y aclámalos si pueden decir con verdad: "Ni mis manos, ni mi conciencia se han manchado de sangre".

Cuando así sea y llegue la dulce noche del quince de septiembre, nuestro amor patrio no estará amargado por el luto, ni por la duda que suscitan los ideales incompletos. Entonces podremos bendecir la patria y jurar, más resueltos que nunca, la defensa de un ideal puro. Y el pabellón tricolor radiante ondeará en nobles manos; y en su centro, sobre inmaculada blancura, volará una águila nueva, una águila que ya no luche con la serpiente pues la ha destrozado y sólo atiende a la tranquila majestad del firmamento inmenso.

Por el momento, enseñemos a los niños a distinguir entre el bien y el mal, y a apartarse de este último en el mundo actual que les ofrece cosas malas que parecen buenas: entretenimiento audiovisual que incita a la destrucción y al crimen, publicidad que genera vicios. Dediquémosles tiempo y atención de calidad para que se sientan seguros y protegidos.

He escrito un poema, que para mí lo es no por métrica o rima sino porque, más que un tecnicismo, es la expresión del corazón:

Lejana e inolvidable infanciaquiero verte otra vez con ojos de niña,retomarte en medio de la lluvia como un barco de papel,
abrazarme de ti como de un roble,
despertarte en el silencio de la noche
para que me acompañesa perseguir estrellas, a buscar tesoros
y a espiar a los duendes.
Aún existe algo de ti en mi interior,
cuando lloro, cuando río,
te siento en mis ojos y en mis labios.

Todo habrá de pasar en nuestro ciclo vital. Mi padre se ha ido para siempre de este mundo, pero no de mi corazón. Mi madre sigue viva, tan viva como siempre la he sentido en mi alma. Ella tan sensible y admirable. Mis hermanos han formado sus propias familias, al igual que yo. Mis hijas son lo más maravilloso que me ha pasado en la vida y quiero darles la mejor herencia que se puede legar: la oportunidad de una vida plena y sana. Por eso, cuando algo amenaza con provocarme ira, cuando estoy alterada y creo que no me podré contener, siento que estoy traicionando mis ideales y me modero. Por eso digo que es una lucha de todos los días y para siempre.

Estoy en contra del "egoísmo selecto" de ciertas tendencias culturales, que sólo crea seres solitarios que son vistos como animales raros; tendencias que se pueden calificar como inmorales porque no brindan oportunidad a las grandes mayorías de ponerse a la altura de su tiempo, de ser felices con sus propias creaciones.

Mi anhelo como maestra es formar individuos capaces de prescindir de mí, de olvidarme, de desmentirme, de inventar su propio camino, de adaptar su entorno para bien, de rescatarse a sí mismos de sus impulsos. Y sé que esto no puedo imponerlo como un hábito, sino formarlo en su voluntad.

Lo más espantoso que he visto es no sólo a niños que son asesinados, sino a niños que asesinan, y esto es cada vez más frecuente. Los niños ya no son víctimas, ahora son agresores. ¡Ya podrán sentirse contentos los que les ponen el mal ejemplo! Los crímenes existen desde que el hombre existe, y eso que antes no había cine ni televisión para echarles la culpa. Esto significa que la violencia permanece en el hombre como una especie de perturbación y que está latente; no la podemos desaparecer, pero sí controlar.

¿Cómo podemos aspirar a una cultura de la paz si no hay hombres pacíficos capaces de crearla?

Que sea la educación el medio para llegar a la cultura de la paz, y que la diversidad e intercambio cultural nos lleven al más alto fin de la existencia humana: la civilización.

Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz.

Los hombres y las mujeres podrándesarrollarse en plenitud sólo si cuentan con un escenario en el que la paz sea una realidad firme y consistente que permita el florecimiento de las
expresiones humanas más auténticas.

La historia es nuestro referente inmediato y privilegiado que nos da la pauta para entender un presente que siempre es inédito y lleno de pasiones e incertidumbres. El pasado es inamovible, sucedió ya, pero puede ser reinterpretado. En la historia de la humanidad encontramos ejemplos de lo que el hombre debe hacer y de lo que debe evitar. Quienes olvidan o desconocen la historia, repiten los errores. Además, pierden la perspectiva, creen que lo único que existe es su presente y entonces su pensamiento se dogmatiza y su acción atiende únicamente a cuestiones de corto plazo. Los cambios en la historia necesitan mucho abono y siempre son lentos. Las mentalidades deben ser regadas una y otra vez para que se transformen. Una nueva idea o una nueva actitud triunfan cuando reposan en la conciencia de los hombres. Si esto no se da, todo queda en buenas intenciones o en modas pasajeras.

El siglo xx ha sido un siglo atroz. No hubo un solo día en que el planeta no padeciera un conflicto bélico. Las guerras se sucedieron como una verdadera plaga. Se llegó a considerar que la guerra _caliente o fría_ era el camino más adecuado para solucionar los conflictos, del orden que fueran. Esta situación propició ambientes nada favorables para el diálogo y la solidaridad. Surgieron enemigos con extrema facilidad: entre personas, naciones, ideologías, razas, religiones, visiones del mundo. Se incrementó la intolerancia, el racismo, el autoritarismo, y se inhibió la imaginación, la libertad y la democracia.

Durante el siglo xx, junto a la inmensa creatividad de las expresiones artísticas y a los espectaculares avances en los campos del bienestar personal y familiar y de la ciencia y la tecnología, se formó una cultura de la guerra. Dos grandes guerras marcaron el siglo, además de una buena cantidad de conflictos, suscitados por el odio y la incomprensión, por el abuso y los afanes de conquista de los poderosos. ¿Cuántos millones de hombres y mujeres murieron en este siglo envueltos en la irracionalidad de la cultura de la guerra? Los saldos son impresionantes. Junto con la muerte de seres humanos, las pérdidas materiales fueron cuantiosas, en algunos casos tan grandes que pueblos enteros perdieron lo que habían ganado durante décadas tanto en bienestar material como en riqueza espiritual.

La intolerancia fue uno de los fantasmas que recorrió el mundo durante todo el siglo. Existió una forma de ver y entender el mundo basada en el autoritarismo y la exclusión de las mayorías, que algunas instituciones y personas defendían y trataban de preservar por la vía de la imposición. La no aceptación del otro se volvió norma en muchos círculos. La división, el enfrentamiento y la violencia sustituyeron al diálogo, a la solidaridad y a la paz. Pero los seres humanos son infinitamente pacientes cuando se trata de preservar la bondad humana. Los hombres y las mujeres del siglo xx que llegó a su fin, guiados por su conciencia y su responsabilidad, resistieron cuanto había que resistir, lucharon a brazo partido, dieron la batalla por preservar los valores humanos. Hubo explosiones sociales, propuestas y alternativas, encuentros y desencuentros que propiciaron que se conquistaran nuevas libertades, que se ganaran espacios para el placer y el disfrute, que surgieran teorías modernas llenas de frescura, y que el hombre entendiera, ya a finales del siglo, que la humanidad necesitaba un cambio de raíz, una transformación que incluyera al individuo, a su familia y a su comunidad, a su organización social y, sobre todo, a su visión del mundo.

El hombre contemporáneo ve con azoro la llegada del siglo xxi. Después de un siglo de guerras y conflictos, lleno de violencia y de atentados contra los derechos humanos, el hombre, ese ser maravilloso dotado de inteligencia y de emociones, de asombros y de creatividad, de la capacidad de amar y ser amado, tiene nostalgia por la paz. Concentra todo su esfuerzo y se dedica a crear un nuevo humanismo que se fundamente en una paz activa y que propicie una relación armoniosa entre los seres humanos, una convivencia democrática en las comunidades y una relación justa y equitativa entre las naciones.

Frente a la cultura de la guerra debemos construir la cultura de la paz. ¿Cómo construir una cultura de la paz?: A partir del individuo, de su intimidad, de sus creencias, de su visión del mundo. A partir de sus relaciones con la sociedad y con las instituciones, del ejercicio pleno de la vida democrática; a partir del aprovechamiento de los bienes tanto materiales como culturales, que redunde en bienestar, armonía, justicia y libertad para toda la humanidad. La cultura de la paz eleva la calidad de la experiencia de vivir.

Instaurar un Programa de la Cultura de la Paz no es fácil. Hay que crear conceptos atendiendo a las nuevas categorías y horizontes que nos plantea el ciberespacio y la globalización. Tenemos que reconsiderar áreas tan sensibles como la ética, la moral y las costumbres, construir una organización social en la cual no tenga justificación la guerra, propiciar que los hombres y las mujeres, haciendo uso de su libertad personal y social, y ejerciendo sus derechos democráticos, participen activamente en la reafirmación de actitudes y hechos concretos que conduzcan al mantenimiento de una paz duradera.

Los conflictos no son malos en sí mismos, son humanos, inevitables, y tienen su parte positiva: generan coraje, heroísmo, creatividad, sed de justicia, deseos de cambio. Los conflictos aceleran las transformaciones, aclaran y refuerzan la identidad y propician la discusión y la reflexión. Los conflictos hay que enfrentarlos y resolverlos por la vía del diálogo y del consenso, combatiendo sus expresiones violentas que destruyen, aniquilan y desintegran.

Los hombres y las mujeres de fin del siglo xx se enfrentan a la confusión producto de un cambio de mentalidad como el que vivimos y a la incertidumbre frente a un futuro incierto, que cada vez se diluye más, que sólo es apresable en el presente. En medio de la fragilidad, el hombre se busca a sí mismo, se recrea en su rostro, en la mirada de sus seres queridos y admirados, en las palabras de sus grandes escritores y en las ideas de los pensadores que han nutrido un ideal de convivencia armónica. El hombre no está acorralado; medita, piensa, se solaza en la riqueza infinita de su interior.

Deslumbrado por la claridad de la vida, el hombre se prepara para ser el gran promotor de valores y actitudes que propicien soluciones pacíficas a todos los problemas a los que se enfrente. Los heraldos de la cultura de la guerra se autoproclaman guardianes de un sistema que consideran único e inamovible. Para legitimar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea que provenga del Estado o del gobierno, de instituciones civiles o privadas o de miembros de una familia, se acondicionan teorías que se repiten con insistencia a través de la radio y la televisión. La lista de mentiras es larga. Se dice que heredamos de los animales una propensión a hacer la guerra. Lo cierto es que la guerra es un fenómeno específicamente humano, producto de la cultura de un pueblo o de una comunidad. Los genes no producen individuos necesariamente predispuestos a la violencia. Los científicos han demostrado que la biología no condena a la humanidad a la discordia. La guerra es un invento de los poderosos para imponer una organización social que permita dominar a los más débiles. La paz surge del corazón y del imaginario de los hombres humildes y sabios que son la mayoría de la humanidad.

La ciencia y la tecnología son positivas en sí mismas. El problema radica en quienes deciden sus aplicaciones. Los avances del conocimiento igual pueden servir para enriquecer o para empobrecer la vida. El desarrollo de la ciencia es impresionante, pero igualmente lo son las perversidades de la guerra, que conocemos en su exacta dimensión y casi al instante en que se producen gracias a la informática, y que continúan cabalgando por el mundo sin que nadie sea capaz de acabar con ellas. Es evidente que debemos dar el gran salto de un instinto de guerra a una conciencia de paz. "Los avances científicos y tecnológicos, que subordinados a una modernidad ética y a un humanismo moderno podrían propiciar la felicidad de hombres y mujeres, muchas veces sirven para mantener la injusticia, la falta de solidaridad y la banalidad de la vida".¹ Vivimos en un mundo globalizado, con una gran movilidad social y un intercambio cultural permanente. Todos los seres humanos somos, en alguna medida, interdependientes. No existe una barrera que no haya sido derribada. Sin embargo, los métodos que se han utilizado para imponer la globalización en el mundo no siempre han respondido a criterios humanistas. Se ha buscado el desarrollo económico a costos muy altos que generan descomposición social, ingobernabilidad y altos niveles de desigualdad e inequidad entre los individuos y entre las naciones. La tentación de la guerra es real. Pero ante este escenario se puede afirmar que la paz es posible. Está en la mente de todos los seres humanos, cobija la piel de los niños, enciende el corazón de los jóvenes, alimenta el espíritu de los adultos. Hermana a todos los hombres y mujeres del mundo, de cualquier edad, ideología, raza o religión.

La paz no es un concepto abstracto o lejano. La paz es algo concreto e íntimo. Se debe preservar la paz entre las naciones pero igualmente entre el Estado y los ciudadanos, entre los grupos sociales y entre los individuos. La paz es una hermosa paloma con muchos nidos acogedores, que se aloja en los ciudadanos, en las comunidades, en las naciones, en el planeta.

La cultura de la paz de nuestro tiempo se basa en el pluralismo y en el respeto a la diversidad. Quienes procuran la paz se comprometen con el bienestar humano de las generaciones actuales y futuras. Quienes aman la paz aportan su esfuerzo para conseguir la concordia entre los pueblos que posibilite su desarrollo humano e intelectual en un territorio en el que se proteja el medio ambiente.

En la paz renace el amor, la compasión, la dignidad humana y la justicia. Nada contribuye más a la derrota de la paz que todo aquello que atenta contra la dignidad del ser humano: la pobreza, la injusticia, el consumismo, el derroche de recursos, la corrupción, la delincuencia, el racismo y el terrorismo.

¹ Declaración de la Cumbre Regional para el Desarrollo Político y los Principios Democráticos. Gobernar la Globalización, Brasilia, Brasil, 6 de julio de 1997.

La mitad de la humanidad está compuesta por mujeres que en su inmensa mayoría ven limitados sus derechos y prerrogativas que como seres humanos poseen. La situación de las mujeres, como la de los niños, es particularmente difícil y compleja. Los niños deben ser los seres privilegiados del planeta; deben contar con los satisfactores necesarios para su desarrollo integral y con un ambiente familiar de cariño y respeto. Las mujeres, por razón de su sexo, son discriminadas y consideradas menores de edad en muchas sociedades. Se les mantiene dependientes, por el mismo trabajo se les paga menos y sufren violencia intrafamiliar, casi nunca denunciada y castigada, entre otras situaciones que no les permiten un desarrollo humano integral. Para fortalecer las raíces de la paz debemos luchar por conseguir la equidad entre hombres y mujeres; su participación plena en las labores sociales, políticas y culturales de la comunidad contribuirá, sin duda, a fortalecer la democracia y la justicia. "Únicamente juntos, hombres y mujeres a la par y como compañeros, podemos superar los obstáculos y la inercia, el silencio y la frustración y lograr la perspicacia, la voluntad política, las ideas creativas y las acciones concretas necesarias para una transición mundial de una cultura de violencia a una cultura de paz".²
2. Los actos de agresión e intolerancia en la vida cotidiana.

Las sociedades modernas se caracterizan por un alto grado de intercambio social y cultural entre sus miembros. Un mexicano puede estar comunicado en corto tiempo con un argentino, un finlandés, un ruso, un australiano o un español, a través del correo electrónico o vía satélite. Igualmente, en su comunidad, mediante la radio y la televisión, los periódicos y las revistas, puede enterarse de los acontecimientos más importantes que suceden en todo el planeta. Los principales problemas que aquejan a la humanidad o a ciertas regiones del mundo pueden ser analizados con suficiente información. Este contexto debe corresponder con una actitud abierta y tolerante de los seres humanos. Evitar las agresiones que empañan una vida cotidiana llena de cordialidad y altamente disfrutable es un requisito que refuerza la cultura de la paz.

²Declaración sobre contribución de las mujeres a una cultura de paz, Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, Beijing, China, septiembre de 1995.

3. El uso indiscriminado de la violencia como diversión y la glorificación de la guerra en los medios de comunicación.

La violencia no debe usarse para divertir a las masas. El hecho de que la violencia se siembre en la mente de los niños mediante juegos electrónicos o videos resultará altamente dañino para su formación. La guerra más que un mal necesario, debe ser evitada. El nivel de civilización que la humanidad ha alcanzado permite afirmar que si en el próximo siglo nos proponemos forjar una cultura de paz reinará entre los seres humanos la concordia como un elemento dinámico que propicie la convivencia y el desarrollo del talento humano.

El comercio sin normas ni restricciones que se expande por todo el mundo y que ha convertido a las mercancías en los nuevos dioses de la modernidad ha propiciado que aumente el tráfico de armas, enriqueciendo a personas sin escrúpulos que venden armamento sofisticado a grupos y personas que se dedican a la delincuencia. El mercado de las drogas se consolida cada vez más y amenaza a los niños y adolescentes, quienes, ante la ausencia de incentivos sociales y culturales y la facilidad para adquirir estupefacientes se ven involucrados en la mafia criminal de los narcotraficantes. Igualmente, el tráfico de personas, niños, adolescentes y adultos _quienes después son vendidos o empleados en trabajos que nos recuerdan los peores tiempos de la esclavitud, o bien, en la prostitución o el crimen_ es una realidad que atenta contra los más elementales derechos del ser humano y no permite la construcción de los cimientos de la paz.

5. El terrorismo y la amenaza del uso de armas nucleares o bacteriológicas.

La paz no se mantiene con la amenaza o el chantaje. El hombre debe entender que entre menos armas posean los Estados habrá menos riesgo de guerra y no al revés. Todas las armas de destrucción masiva que existen deben ser eliminadas.

Todas las sociedades deben velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos, por la preservación de las libertades y de los mecanismos que permitan el desarrollo eficiente de la democracia electoral. En la medida en que los países se democraticen partiendo de la obtención real de condiciones para que la ciudadanía elija libremente a sus autoridades, las ventajas de la democracia se irán incorporando a la vida cotidiana de hombres y mujeres de una comunidad, quienes estarán en condiciones de ejercer los valores que una sociedad democrática demanda para su eficiente y justo desenvolvimiento.

El gran flagelo de la humanidad a finales del segundo milenio es la pobreza. En las últimas décadas del siglo xx aumentó de manera alarmante. Es evidente que la pobreza económica _la ausencia de los satisfactores que atiendan las necesidades primarias de un ser humano_ genera todas las demás pobrezas, y que esta inequidad debe ser eliminada de una vez por todas. Sin embargo, también en sociedades con un bienestar social elevado se desarrolla la pobreza cultural y moral. El hombre se olvida de sí mismo y de su compromiso con la comunidad, de su conciencia y de sus valores, y se entrega a la enajenación que lo convierte en desecho humano.

La cultura de la paz se crea y se fortalece a través de la educación. La educación prepara a los hombres y a las mujeres para apreciar la vida en la libertad y en el disfrute de los bienes culturales y espirituales de la humanidad. Enseña que no existe divorcio entre los valores individuales y los colectivos y que deben atenderse de manera pronta y responsable las necesidades básicas y los intereses sociales de largo plazo.

Durante el siglo xx se desarrolló una cultura de guerra. Mencionemos algunas regiones en que se produjeron los últimos conflictos bélicos más significativos que degradan la conciencia humana y llenan de tristeza a quienes aman la paz: Camboya, Liberia, Somalia, Ruanda, Bosnia-Herzegobina, Sarajevo, Kósovo. Tan sólo estos ejemplos nos deben comprometer a disminuir al mínimo las inversiones en armas y en cualquier instrumento de destrucción. Un contexto de paz, en el que la educación de los hombres y de las mujeres sea un proceso de toda la vida, permitirá regular el crecimiento demográfico, mejorar la calidad de vida, disminuir los flujos migratorios, combatir la miseria, desarrollar todas las expresiones culturales, cuidar el medio ambiente y fortalecer un sistema de justicia pronto y eficaz.

La semilla de la cultura de la paz debe ser sembrada en la mente de todos los hombres y las mujeres, pero especialmente entre los jóvenes, quienes poseen en su cerebro y en su corazón un campo fértil para que la semilla germine.

En las sociedades de libre mercado que ha impuesto la globalización de la economía nos queda claro que necesitamos mercados competitivos que desaten las energías del crecimiento económico, pero también hemos aprendido que el libre mercado no proporciona estabilidad política ni igualdad social. Por esto, las ciudadanas y los ciudadanos del mundo tienen que trabajar horas extras y utilizar toda su creatividad y sentido histórico para organizar sociedades nuevas en las que puedan vivir en paz y con niveles de vida aceptables para las mayorías que permitan un desarrollo sustentable, equilibrado y justo.

Una cultura de la paz, enmarcada en el contexto de la globalidad que vivimos y en el que nos tendremos que desenvolver en el siglo xxi, tiene que crear un nuevo discurso, realista y firme, sin ambigüedades y propositivo; nuevos contenidos en la educación que fomenten el respeto a los derechos humanos, la equidad entre los géneros, la solidaridad entre las comunidades y el aprecio por el arte y la cultura; nuevas prácticas democráticas que propicien el desarrollo de los talentos individuales y colectivos, y una sana y justa convivencia social. En suma, la cultura de la paz deberá ser un factor fundamental para el cambio de mentalidad que el hombre moderno debe experimentar para encontrarse consigo mismo, con sus semejantes y con la naturaleza.

Apostemos por la solidaridad moral e intelectual de la humanidad. Trabajemos por la implementación global del derecho humano a la paz. Así, los hombres y las mujeres del siglo xxi verán con claridad que la cultura de la guerra es obsoleta, entenderán que el poder basado en la fuerza y la violencia sólo trae, como consecuencia, destrucción y atraso. Acogerán con alegría la cultura de la paz. Cuando la cultura de la paz reine en el mundo gobernarán nuevos líderes, que serán promotores de la vida, defensores de un mundo justo y servidores por excelencia.

La cultura de la paz fortalece a la democracia, afianza el derecho de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, crea un clima propicio para que se exprese la voluntad popular, defiende los derechos humanos y políticos, cultiva el diálogo, la negociación y el consenso como los mecanismos idóneos para resolver controversias y conflictos.

La paz se construye. No es algo que se obtiene de manera gratuita. La fortaleza de la paz se encuentra en los sentimientos de solidaridad y aprecio por la vida y en la búsqueda de consensos para lograr un desarrollo humano integral y equitativo. Construyamos el gran edificio de la paz partiendo de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y del respeto y la aceptación de las diferencias culturales entre los grupos sociales que conforman una nación.

Afiancemos una cultura de la paz que permita resolver, con los métodos más apropiados, los conflictos sociales de manera duradera y definitiva, propiciando la reconciliación y el surgimiento de nuevas relaciones que hermanen a hombres y mujeres distanciados por la gravedad de los acontecimientos.

Nadie debe quedar al margen de la gran tarea que significa construir una cul-tura de la paz. Todos tenemos derecho a una paz estable. La vitalidad de las culturas y la reciedumbre de los hombres y las mujeres de finales del siglo xx harán posible la conformación de una sociedad globalizada en donde predomine el ser humano como el centro de todas las atenciones y preocupaciones, en donde la equidad y la justicia sean una realidad, y la alegría y el talento sean compartidos y disfrutados por todos.

Los hombres y las mujeres libres y conscientes, que cultivan la paz y desean un mundo más equitativo y habitable para las futuras generaciones, no deben permanecer impasibles cuando la violencia y la guerra mutilan y destrozan a seres humanos indefensos e inocentes; cuando los conflictos bélicos destruyen el patrimonio cultural de la humanidad; cuando avanza el deterioro del medio ambiente; cuando aumenta la pobreza en el mundo. Hoy, la paz es el principal instrumento para resolver los problemas a los que se enfrenta el hombre contemporáneo y para construir el escenario más idóneo con el fin de que los hombres y las mujeres del futuro se desarrollen en plenitud. Nuestra misión como hombres y mujeres del siglo xxi es construir una paz sólida que funcione como espejo de las excelencias de la humanidad.

La paz es un valor pragmático, no un ideal. Más allá de aspiraciones y reflexiones exige un método preciso y minucioso, similar al de la guerra. Como toda conquista, su fundamento es un plan de batalla.

Quizás la paz sea un estado de tensión permanente que permite contener las tendencias innatas hacia el conflicto, sean éstas originadas en los genes o en la aglomeración de los individuos.

El referente clásico de Occidente no ofrece una visión de la paz más allá de la que logró imponerse con el divide et impera. El mundo antiguo no conoció más paz que la impuesta por la fuerza. Antes del dominio romano el Mediterráneo fue el teatro del conflicto griego, universo belicoso que se descompuso entre dinastas o tiranos.

Ares (o Marte) es un dios sin contraparte, su antagonista siempre es él mismo. Los dos bandos de un conflicto pueden adorarlo o invocarlo por igual. La paz, si acaso, es el dios de la guerra viendo su reflejo. La única vez que el amo de la guerra fue vencido, según las versiones más profundas del mito, fue por el talento impasible de Atenea.

El mensaje parece claro: la guerra, el carácter pendenciero, sólo puede vencerse por un estado de guerra más sofisticado, más profundo, más reflexivo. Quizás ahí se origine la paz.

La visión de Oriente no va en camino contrario, según lo dice Sun Tzu: "Los que ganan todas las batallas no son los mejores. La excelencia está en aquellos que someten al enemigo sin entrar en combate".

El arte de la guerra, entonces, es el arte de la paz, pues sólo quien perfecciona sus recursos bélicos puede impedir que la guerra se desborde o que un acontecimiento extraordinario, el enemigo, le imponga la paz de la muerte o la paz de los vencidos.

La paz parece ser un estado equilibrado de la guerra, sea para fines de conquista, sea para fines de contención interna.

La reflexión se afina en el Renacimiento, con premisas que se prolongan hasta nuestros días: quien domina el arte de la guerra domina el arte de gobernar.

Así, la política se vuelve la prolongación de la guerra o la guerra de la política. Entonces, quien gobierna es prisionero del rito cotidiano de velar las armas, dispuesto en todo momento al combate.

La evolución, en política, es sofisticación. Las armas existen y seguirán existiendo, pero es posible que las sociedades se subordinen a un dominio pactado o impuesto en donde las armas sirvan sólo como referente final.

Si las armas no aguardan a la mano como antes, de cualquier forma siempre estarán por allí, atentas a la invocación de quienes las han convertido en su recurso legítimo. En lo ordinario, las armas evolucionan y se disfrazan, mientras que el poder crea sustitutos, como el derecho, aunque siempre ha estado latente la posibilidad de los últimos mecanismos bélicos, o mejor dicho, "disuasivos".

La fuerza de la ley no es sólo la que deriva del pacto original trasmutado en acción institucional: también es la fuerza de la violencia final. La paz se sostiene con la posibilidad de la guerra.

Se ha repetido hasta el cansancio el concepto, irrebatible, de Max Weber con respecto a la definición esencial del Estado. De hecho, se repite tanto que el explorador neófito de la ciencia social puede llegar a suponer que tan sesudo personaje sólo apuntó dos conceptos: la dominación por el carisma y la violencia como monopolio legítimo del orden estatal.

Comoquiera que sea, es indudable que sin el trasfondo de la violencia final no es posible el ejercicio del orden por medio de otros instrumentos que comparten su legitimidad original o que la formularon con base en ella, como la ley.

La buena voluntad no es un valor sostenible por sí mismo cuando se habla del régimen de las relaciones humanas. Se requiere poder y éste no es sino la posibilidad del uso de la fuerza para que las decisiones puedan ser aceptadas y acatadas. De hecho, a mayor poder, menor posibilidad de utilización de la fuerza se necesita. Quien tiene menos poder requiere usar más instrumentos coercitivos. Sin embargo, el poder se vuelve ilegítimo cuando no logra los fines de la paz y se descompone en los buenos deseos. El reto es que ese poder, por ser legítimo, desestime cada vez más el recurso final de la violencia. Que el derecho domine la perspectiva humana para que la violencia de Estado, a pesar de ser legítima en teoría, sea cada vez más ilegítima en la práctica. Sólo así encuentra sentido el llamado "Estado de derecho".

Si la paz es la negación de la violencia _el rostro que devuelve la mirada de la guerra_, su dominio siempre será inestable. No es casual, entonces, que muchas veces esa paz deba ser sostenida por la fuerza del poder.

La Roma republicana experimentó una "transición" constante que concluyó en la dictadura. El Senado, de hecho, siempre había estado subordinado a las personalidades dominantes. Desde el primer Bruto hasta César, pasando por Apio, Claudio, Escipión o Camilo, la deliberación siempre cedió al imperio del dominador, del estratega o del hábil agitador.

El demagogo Catilina, quien tantos vicios mereció con su derrota, es un anticipo del cesariato (con iguales vicios, pero triunfador) y éste es la solución que ofreció Roma a la anarquía. El poder personal como respuesta a una libertad sin orden ni concierto.

La libertad se resistió en un primer momento y llegó el magnicidio, pero el poder personal encontró la fórmula precisa, tan acertada y práctica que sigue asombrando hasta este día: la era de Augusto es la era del poder investido con formalidad republicana. Una dictadura enmascarada, si así se quiere.

México ha presentado una evolución similar. Porfirio Díaz arriba al poder y se sostiene en él con un excesivo cuidado frente al formalismo republicano, ese asambleísmo brillante que no logró resolver las tensiones nacionales, aunque en el proceso construyó ideas que se han incorporado a la definición íntima del ser nacional.

La reorganización del poder, apenas concluido el movimiento revolucionario, sigue el ejemplo del dictador. La libertad apenas conseguida no se resigna a una derrota tan rápida y directa. El intento cesarista (Obregón) cumple su destino y es entonces cuando surge el nuevo Augusto (Calles), que define la modalidad de un poder sujeto a límites formales, en una solución que se enriquece y perfecciona con el transcurso del tiempo.

Los años de dura disciplina, de dominio personal _equilibrado apenas por la temporalidad estricta del mandato_, permitieron la paz y la estabilidad. Para dominar al "México bronco" se requería poder y el poder termina siendo, en los albores de todo orden nuevo, indivisible.

La paz de México se sustentó en la fuerza, no en el acuerdo refrendado con los votos. No fue, sin embargo, una mala solución frente a los retos del momento.

No es extraño que los valores que puede acreditar el sistema político mexicano sean los del orden, no los democráticos. La democracia parecía un valor político exótico, no apto para una nación demasiado dispuesta a resolver sus tensiones con las armas.

La discusión entre el cambio político y la gobernabilidad obedece a una preocupación esencial: encontrar las fórmulas que permitan recuperar los valores alcanzados por el antiguo orden y facilitar su coexistencia con los valores políticos del orden nuevo que llega inevitable.

La conciliación de la democracia con la paz y la estabilidad, es decir, el arreglo del presente con el pasado, es el sentido de todo esfuerzo político por el cam-bio, de toda tentativa hacia el futuro. El riesgo es que pueden presentarse transiciones hacia el progreso, o lo que entendemos como progreso en lo político, pero también, casi con mayor facilidad, el cambio puede ser retorno.

Aspiramos a la democracia, pero no a una democracia libertina, compuesta de separatismos, de desplantes anárquicos, de retórica regresiva. Aspiramos a una paz fundada en el orden y en la estabilidad, en liderazgos modernos que aspiren al equilibrio, no a la imposición.

No se desea una democracia como sinónimo de inestabilidad, de inviabilidad, de incertidumbre. La democracia sin paz es el absurdo. Sin embargo, la paz, al igual que la democracia, exige de realismo, de métodos y de sistemas más allá de las buenas intenciones.

En los balbuceos de este siglo, la reflexión precisa de Francisco Bulnes adivinaba la paz en todos lados, menos en las conciencias. Hoy puede localizarse en las conciencias _en forma de aspiración, deseo o esperanza_, pero es difícil encontrarla en las calles y en las plazas.

La violencia aparece en todas partes, sea en forma de guerra entre pandillas, sea como revueltas y represiones, o en forma de venganza social o de desconfianza pública. La ruta de la paz se pervierte en inseguridad, en desconfianza, en movimientos intolerantes y dogmáticos, en represión.

Ante el azar del cambio se vislumbran ideales pero se olvidan métodos. La paz (la gobernabilidad) no dispone de un plan de batalla.

En México, el derecho se interpreta fácilmente como instrumento de represión, incluso de domesticación, pero no se advierte como un factor seguro y eficaz de resolución de los conflictos sociales. Los años de práctica común para convertir al derecho en instrumento coercitivo, punitivo, casi siempre al servicio de grupos en rotación por el poder, han desprestigiado su función estatal, la más trascendente.

La aplicación literal de la ley conduce, por lo general, a la injusticia. Ello significa una disociación entre fines y medios que resulta natural en un andamiaje jurídico construido al servicio del poder, no como un sistema confiable de regulación de la controversia social.

Sin embargo, la adecuación de los instrumentos jurídicos ha sido un tema poco atendido hasta el momento. Cuando de ley se habla se refiere a temas inmediatos, a urgencias por legalizar hechos consumados. Se escucha poco debate en torno a la necesidad de formular nuevos referentes jurídicos que den respuesta a los imperativos de una realidad política en cambio.

Hasta hoy, seguimos por la senda de la solución práctica, que lo mismo puede llevar a la decisión democrática que a la autoritaria. La respuesta al ánimo turbulento del país sigue siendo la política, no el recurso legal. El poder es rápido y directo, el derecho, al contrario, significa un camino sinuoso y difícil, hasta lento en ocasiones, pero con seguridad el mejor.

La paz no se construirá llamando a la concordia. La paz no es un discurso, es un tema tan importante que exige de un estado de alerta permanente en donde coincidan los recursos necesarios para protegerla, salvaguardarla o recuperarla de inmediato.

"No vamos a permitir por ninguna razón la llegada de agitadores. Si en el Distrito Federal no se aplica la ley, aquí sí se aplica", dijo el gobernador de Chiapas, Roberto Albores Guillén (La Jornada, agosto 21 de 1999, p. 7).

No se debe desestimar el acierto, quizás involuntario, de la declaración. Tan perjudicial es la aplicación estricta, un tanto viciosamente estricta de la ley _por otra parte, sujeta a diversas interpretaciones y conflictos normativos, como los que derivan de la comparación entre la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la de Concordia y Pacificación, de 1996_, como la renuencia a aplicar la ley si ello perjudica el interés político inmediato o incluso, si así se desea ver, las convicciones más profundas.

Entre ambos extremos se localiza la supremacía de la política, lo que concuerda fielmente con la visión utilitaria de la ley y del derecho.

Para lograr una cultura de la paz, tan ligada hoy a una cultura de la ley, del orden y de la democracia (como sistema eficaz de toma de decisiones), son necesarios instrumentos y conductas que vayan más allá de las buenas intenciones. Sin esos recursos la sombra de Augusto seguirá proyectándose sobre el futuro nacional, es decir, ese respeto a la forma que no impide el ejercicio desnudo del poder personalista sin más límites que los que imponen las propias circunstancias o las propias convicciones.

Acostumbrados al lugar común, vemos en la paz un tema recurrente, indispensable, que por repetitivo suena demasiado familiar y poco concreto.

Con el tiempo, es posible que los conflictos que atentan esporádicamente contra la paz se multipliquen, más allá de las circunstancias específicas que los estimulan, para convertirse en tema cotidiano.

Para entonces, es posible que la paz se convierta en un recurso proselitista, como ya lo fue la democracia. Ello no es negativo en sí mismo. La democracia, al transmutarse en recurso invectivo, en justificación militante, en tenacidad discursiva opositora, fue llegando a la realidad, a la práctica cotidiana.

Lejos quedó el momento, el estilo, el uso que condenaba a la democracia a un simple adorno de los discursos oficiales, a un tema sin engranaje en la vida política cotidiana.

Algo similar puede ocurrir con la paz. Será entonces cuando habremos alcanzado su cultura. Esperamos que sea pronto, pues la violencia está atenta a su reflejo.

Ensayos ganadores del Cuarto Certamen Nacional de Ensayo Francisco I. Madero