Proceso Electoral Federal 2000

Información General


I. SISTEMA POLÍTICO ELECTORAL

II. PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2000

III. INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

IV. CONSEJO GENERAL

V. REGISTRO FEDERAL ELECTORAL

VI. PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES

VII. RÉGIMEN DE FINANCIAMIENTO Y TOPES A GASTOS DE CAMPAÑA

VIII. ACCESO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

IX. REGISTRO DE CANDIDATOS Y CAMPAÑAS

X. MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA

XI. OBSERVADORES ELECTORALES

XII. VISITANTES EXTRANJEROS

XIII. JORNADA ELECTORAL Y RESULTADOS ELECTORALES

XIV. JUSTICIA ELECTORAL

 

 I. SISTEMA POLÍTICO ELECTORAL

Conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la forma de organización política del Estado Mexicano es el de una república representativa, democrática y federal, integrada por 31 estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos.

Por mandato constitucional, la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo tanto de la Federación como de las 32 entidades federativas se realiza mediante elecciones libres, auténticas y periódicas.

El ejercicio del Poder Ejecutivo de la Unión se deposita en el Presidente de la República, quien es electo de manera directa, por sufragio universal cada seis años. Además de ser titular de la conducción del Gobierno de la República, el Presidente es también Jefe de Estado y de las Fuerzas Armadas. Está expresamente prohibida la reelección al cargo para quien lo haya detentado previamente.

El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en el Congreso de la Unión, que se divide en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores.

La Cámara de Diputados está integrada por un total de 500 diputados, 300 de los cuales son electos por el principio de mayoría relativa en un número equivalente de distritos uninominales y 200 por el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. Todos los diputados son electos para un periodo de tres años y se permite la reelección después de transcurrido un periodo intermedio.

Las 300 diputaciones federales de mayoría relativa se distribuyen entre las 32 entidades federativas en función del porcentaje de población del total nacional que reside en cada uno de ellos, pero por mandato constitucional ninguna entidad puede contar con menos de dos diputaciones federales de mayoría relativa.

La Cámara de Senadores se integra por 128 miembros. En cada una de las entidades federativas se eligen tres senadores, dos de los cuales le corresponden al partido político que haya obtenido la mayor votación conforme al principio de mayoría relativa, en tanto que el tercero se le asigna al partido político que haya ocupado el segundo lugar en la votación de la entidad. Los 32 senadores restantes son elegidos por el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. Todos los senadores son electos para un periodo de seis años y, al igual que los diputados federales, se permite la reelección después de un periodo intermedio.

Por la naturaleza del régimen jurídico-político mexicano y dentro del marco de autonomía del que disfrutan respecto a su régimen interior, los 31 estados y el Distrito Federal asumen las atribuciones relacionadas con la preparación, organización y conducción de sus propios procesos electorales, es decir, los relativos a la renovación de sus autoridades locales. Consecuentemente, cuentan con sus propias normas constitucionales (excepto el D.F.), ordenamientos legales y organismos en materia electoral.

II. PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2000

Conforme a las disposiciones legales que rigen su organización, el proceso electoral federal del año 2000 se inició la primera semana de octubre de 1999 con la sesión que para tal efecto celebró el Consejo General del Instituto Federal Electoral y concluirá con el dictamen y declaración de validez de la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que emita la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que deberá ocurrir durante el mes de septiembre.

El momento más expresivo del proceso, la jornada electoral, tendrá verificativo el domingo 2 de julio del año 2000 cuando se convoque a las urnas a todos los electores que se encuentren dentro del territorio nacional a efecto de que, mediante su voto libre, secreto y directo, se renueven los siguientes cargos de representación popular:

  • La Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.
  • Los 500 miembros que integran la Cámara de Diputados.
  • Los 128 miembros que integran la Cámara de Senadores.
Para acceder a los cargos federales en disputa, contenderán los candidatos postulados por los 11 partidos políticos nacionales que cuentan con registro legal:
  • Partido Acción Nacional (PAN)
  • Partido Revolucionario Institucional (PRI)
  • Partido de la Revolución Democrática (PRD)
  • Partido del Trabajo (PT)
  • Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
  • Partido del Centro Democrático (PCD)
  • Convergencia por la Democracia (CD)
  • Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM)
  • Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN)
  • Partido Alianza Social (PAS)
  • Democracia Social (DS)
Es importante mencionar que siete de los 11 partidos políticos nacionales han participado en la formación de coaliciones para postular candidatos comunes a todos los cargos en disputa en las próximas elecciones federales. Por un lado, el PAN y el PVEM se han coaligado bajo la denominación de "Alianza por el Cambio" y, por el otro, el PRD, el PT, CD, el PSN y el PAS, para conformar la denominada "Alianza por México".
 
Cabe hacer notar que el día previsto para la jornada electoral, es decir, el domingo 2 de julio, también se celebrarán elecciones a nivel local en 10 entidades federativas que, como se ha indicado, son reguladas conforme a su propia legislación y organizadas por sus propios organismos electorales:
  • En el Distrito Federal habrá elecciones para Jefe de Gobierno, renovar la Asamblea Legislativa y elegir por vez primera Consejos de Gobierno en las 16 delegaciones políticas que lo integran.
  • En Guanajuato y Morelos habrá elecciones de Gobernador, Congreso Local y Ayuntamientos.
  • En Campeche, Colima, Estado de México, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora se renovará el Congreso Local y los Ayuntamientos.

 

III. INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

El Instituto Federal Electoral (IFE) es un organismo público autónomo, de carácter permanente e independiente en sus decisiones y funcionamiento, que tiene a su cargo la responsabilidad de organizar las elecciones federales. Se constituyó formalmente el 11 de octubre de 1990.

Por mandato de ley, los fines del Instituto son:

  • Contribuir al desarrollo de la vida democrática.
  • Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos.
  • Integrar el registro federal de electores.
  • Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones.
  • Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.
  • Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.
  • Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática.
A tal efecto, el IFE lleva a cabo en forma integral y directa todas las actividades relativas a la preparación, organización y conducción de los procesos electorales federales, entre las que figuran las relativas a la integración y actualización del padrón y las listas de electores; la división del territorio nacional para efectos electorales; el registro de los partidos y agrupaciones políticas nacionales, así como de los candidatos a cargos de elección popular; la fiscalización del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas nacionales, así como de los gastos de campaña; el diseño e instrumentación de programas de educación cívica y capacitación electoral; la preparación de la jornada electoral; el cómputo de resultados electorales y la regulación de la observación electoral y las encuestas y sondeos de opinión.

Por mandato constitucional, todas las actividades que desarrolla el IFE deben regirse por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Para asegurar el profesionalismo en el desempeño de sus actividades, el IFE cuenta con un cuerpo de funcionarios que son reclutados, capacitados y evaluados sistemáticamente a través de un servicio civil de carrera denominado Servicio Profesional Electoral (SPE).

En su integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos. En su conformación y funcionamiento se distinguen y delimitan claramente las atribuciones de tres tipos de órganos:

  • Directivos: integrados en forma colegiada bajo la figura de Consejos y donde sólo los consejeros sin vínculos partidistas o con los poderes estatales tienen derecho a voto.
  • Técnico-ejecutivos: compuestos predominantemente por miembros del Servicio Profesional Electoral, bajo la figura de Juntas Ejecutivas.
  • Vigilancia: conformados con representación preponderante y paritaria de los partidos políticos y con atribuciones exclusivamente relacionadas con el registro de electores, bajo la figura de Comisiones.
 IV. CONSEJO GENERAL

El Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades de la institución. En su integración concurren tanto miembros con derecho a voz y voto, (cuyo número fijo es nueve) como miembros con voz pero sin voto (su número actual es 12). Los nueve integrantes con derecho a voz y voto son el Consejero Presidente y ocho Consejeros Electorales. Todos ellos son elegidos para un período de siete años (iniciado el 31 de octubre de 1996), por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre las propuestas formuladas por los grupos parlamentarios. El Consejero Presidente dispone de voto de calidad en caso de empate. Los integrantes con voz pero sin voto son los Consejeros del Poder Legislativo (actualmente cinco en razón de uno por cada grupo parlamentario con afiliación de partido representado en el Congreso); los representantes de los partidos políticos  nacionales o, en su caso, de coaliciones electorales a partir de la fecha de su registro (actualmente 6, toda vez que si bien son 11 los partidos políticos nacionales registrados para contender en las elecciones 2000, aquellos que formaron coaliciones sólo tienen derecho a acreditar un representante común ante todos los órganos directivos del IFE) y el Secretario Ejecutivo del Instituto, quien es nombrado y removido con el voto de las dos terceras partes del Consejo General a propuesta del Consejero Presidente.

Entre las principales atribuciones que la ley le confiere al Consejo General están las siguientes:

  • Designar a los presidentes de los órganos de dirección a nivel local (Consejos Locales) y distrital (Consejos Distritales).
  • Resolver sobre el otorgamiento y pérdida de registro de los partidos y agrupaciones políticas.
  • Determinar los topes de gastos de campaña en las elecciones de Presidente, Diputados y Senadores.
  • Efectuar el cómputo total de las elecciones de senadores y diputados de representación proporcional y realizar las asignaciones correspondientes.
  • Fijar las políticas y programas generales del Instituto.
El Consejo General está facultado para integrar las comisiones que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones, las cuales invariablemente deben ser presididas por un Consejero Electoral.

Además, la ley dispone el funcionamiento permanente de cinco Comisiones que se deben integrar exclusivamente por Consejeros Electorales:

  • Fiscalización de los recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas.
  • Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión.
  • Organización Electoral.
  • Servicio Profesional Electoral.
  • Capacitación Electoral y Educación Cívica.
 V. REGISTRO FEDERAL ELECTORAL

En México el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Todas las personas de nacionalidad mexicana por nacimiento o por naturalización que hayan cumplido los 18 años de edad y dispongan de un modo honesto de vivir, tienen derecho al voto. Sin embargo, para ejercer este derecho, es indispensable que todo ciudadano esté inscrito en el padrón electoral y cuente con su Credencial para Votar con fotografía, la cual la expide en forma gratuita el IFE. La integración oportuna, así como la actualización y depuración permanente de los distintos instrumentos que conforman el Registro Federal de Electores  (Catálogo General de Electores, Padrón Electoral, Credencial para Votar con Fotografía y Listados Nominales) constituyen un requerimiento esencial para asegurar la pulcritud y certidumbre de los procesos electorales. Con objeto de garantizar su plena autenticidad y confiabilidad, para las elecciones federales de 1991 se conformó un Padrón Electoral totalmente nuevo, es decir,  sin considerar ningún registro ni listado preexistente y a través del levantamiento de información casa por casa en todo el país (técnica censal). En ese entonces, sobre una base estimada de 45 millones de ciudadanos mayores de 18 años se integró un Padrón Electoral superior a los 39 millones y se hizo entrega de una nueva Credencial para Votar a más de 36 millones, lográndose conformar así en escasos ocho meses una de las bases de datos más grandes del mundo, así como una cobertura y confiabilidad de sus instrumentos equiparables a los más altos estándares internacionales. A partir de una estrategia integral de depuración del padrón, para la elección federal de 1994 se dio cumplimiento al mandato de incorporar la fotografía del ciudadano a la Credencial para Votar. Se logró una cobertura de más de 47.5 millones de ciudadanos (sobre un estimado de 50 millones) en el padrón, de los cuales 45.8 millones, es decir, el 96% obtuvo su nueva Credencial para Votar con fotografía. Los resultados de las 36 auditorías y verificaciones que se realizaron al padrón de 1994 reportaron una confiabilidad superior al 96%. En un esfuerzo adicional por asegurar la mayor confiabilidad de los instrumentos electorales, desde 1997 los listados nominales que se utilizan en las casillas para corroborar la identidad del elector y certificar el ejercicio de su derecho al voto incluyen la fotografía de todos los ciudadanos que se han inscrito en el padrón electoral y cuentan con su Credencial para Votar con fotografía. Además de los programas y acciones que de manera permanente realiza el IFE en esta materia, para efectos del proceso electoral federal del año 2000, se han diseñado y puesto en operación programas especiales de actualización y mejoramiento de la calidad de los instrumentos electorales.  Se estima que, para la jornada electoral federal del próximo 2 de julio, sobre una población en edad de votar de cerca de 60 millones, estarán inscritos en el padrón electoral alrededor de 58 millones y aproximadamente 56 millones dispondrán de su Credencial para Votar con fotografía, es decir, estarán en condiciones de ejercer su derecho al voto.

VI. PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES

La Constitución Política concibe a los partidos políticos como entidades de interés público, lo cual implica su reconocimiento como sujetos del derecho público y la consecuente obligación del Estado de garantizar las condiciones y proveer las facilidades necesarias para su desarrollo. La propia Constitución le reconoce a los partidos políticos tres fines fundamentales:

  • Promover la participación del pueblo en la vida democrática.
  • Contribuir a la integración de la representación nacional.
  • Hacer posible el acceso organizado de los ciudadanos al ejercicio del poder político.
Los ciudadanos mexicanos tienen el derecho de asociarse individual y libremente para participar de manera pacífica en los asuntos políticos del país, por tanto, tienen plena libertad para constituir partidos y agrupaciones políticas nacionales. Para que estas se conviertan en sujeto de los derechos, prerrogativas y obligaciones previstas por la ley, es indispensable que gestionen y obtengan el registro o reconocimiento legal por parte de la autoridad electoral.

La organización o agrupación política que pretenda constituirse en partido político para participar en elecciones federales debe solicitar y obtener su registro ante el Instituto Federal Electoral. La denominación de "partido político nacional" se reserva a las organizaciones políticas que obtengan su registro como tal, con el cual adquieren el derecho de participar también en las elecciones locales y municipales. Para que una organización pueda ser registrada como partido político nacional debe formular una declaración de principios y, en congruencia con ellos su programa de acción y los estatutos que normen sus actividades, así como contar con tres mil afiliados en por lo menos 10 entidades federativas, o bien 300 afiliados en por lo menos 100 distritos electorales. Los partidos políticos nacionales disponen de un conjunto de derechos y prerrogativas entre los que destacan los de acceso permanente a la radio y la televisión;  recibir financiamiento público y constituir frentes políticos y coaliciones electorales. Entre las causales de pérdida de registro figura la de no obtener al menos el 2% de la votación emitida en una elección federal ordinaria. Si se pierde el registro, no puede volver a solicitarse hasta después de transcurrido un proceso electoral ordinario. A partir de 1996, la legislación electoral reconoce la figura de agrupaciones políticas nacionales como una forma de asociación ciudadana que coadyuva al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada. Estas agrupaciones políticas no pueden utilizar bajo ninguna circunstancia la denominación de "partido" y sólo pueden participar en procesos electorales federales mediante acuerdos de participación con un partido político. Este registro también se gestiona y debe ser aprobado por el IFE. A tal efecto se requiere contar con un mínimo de 7 mil asociados en el país, un órgano directivo de carácter nacional, delegaciones en por lo menos 10 entidades federativas, documentos básicos y una denominación distinta a cualquier otra agrupación o partido. Las agrupaciones políticas con registro (actualmente 41) tienen derecho a recibir financiamiento público para el apoyo de sus actividades editoriales, educación y capacitación política e investigación socio-económica y política. Tanto los partidos como las agrupaciones políticas nacionales están sujetos a régimen de fiscalización financiera. Deben presentar informes anuales al Instituto Federal Electoral sobre el origen, manejo y destino de sus recursos.

VII. RÉGIMEN DE FINANCIAMIENTO Y TOPES A GASTOS DE CAMPAÑA

Desde 1986, año en que se consagra el derecho de partidos políticos a recibir financiamiento público, se ha desarrollado y perfeccionado un conjunto de disposiciones que han tenido como propósito regular de manera cada vez más clara,  precisa e integral el régimen financiero de los partidos políticos.

Por mandato constitucional, el financiamiento público para los partidos políticos debe prevalecer sobre los otros tipos de financiamiento regulados por la ley, y su asignación comprende tres modalidades:

  • Sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, del cual se distribuye un 30% en forma igualitaria y un 70% de acuerdo con el porcentaje de votación obtenido por cada partido.
  • Para gastos de campaña el cual se otorga únicamente el año de la elección y por un monto idéntico al asignado por la modalidad anterior.
  • Por actividades específicas como entidades de interés público, se otorga en función de los gastos comprobados en actividades de educación, capacitación, investigación y tareas editoriales.
Desde 1993, la ley reglamenta e impone ciertas restricciones en el acceso de los partidos políticos a fuentes de financiamiento privado. En este sentido, distingue cuatro modalidades de financiamiento privado: por la militancia; de simpatizantes; autofinanciamiento y por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

La ley enumera de manera explícita y exclusiva las diversas instancias públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras que están impedidas legalmente para realizar cualquier tipo de aportación o donativo, entre las que se incluyen los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de los Estados, los Ayuntamientos, los organismos internacionales de cualquier naturaleza y las empresas mexicanas de carácter mercantil, entre otras. Con el propósito de asegurar condiciones de equidad en la contienda electoral, también desde 1993 se incluyen en la legislación electoral disposiciones que facultan al Instituto Federal Electoral para fijar límites a los gastos que los partidos políticos, coaliciones y candidatos pueden erogar durante las campañas para las elecciones de Presidente de la República, senadores y diputados, correspondiéndole al Consejo General del Instituto Federal Electoral, la atribución de acordar y aprobar los límites aplicables en cada caso. Para el proceso electoral del año 2000 el Consejo General ha fijado en 491.8 millones de pesos (alrededor de 49 millones de dólares) el tope máximo de gastos de campaña para la elección de Presidente de la República y en 738 mil pesos (alrededor de 73 mil dólares) y el aplicable a la elección de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa. Para efectos de fiscalización, todos los partidos políticos deben contar con un órgano interno responsable de presentar informes anuales y de campañas sobre el origen, monto, empleo y aplicación de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento. La legislación electoral establece con toda precisión las faltas administrativas e irregularidades en que puede incurrir un partido político, incluyendo las relacionadas con su régimen financiero, y ante cuya eventual comisión el Consejo General del Instituto Federal Electoral está facultado para fijar las sanciones previstas por la propia ley, tomando en cuenta las circunstancias y gravedad de la falta.

VIII. ACCESO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Con objeto de garantizar que todos los partidos políticos tengan posibilidades de difundir masivamente sus programas y plataformas electorales, en 1973 se consagró jurídicamente su derecho de acceso gratuito a la radio y la televisión durante los periodos electorales, disponiendo para el efecto de los tiempos oficiales que le corresponden al Estado con esos medios. A partir de 1987, el derecho de acceso gratuito a la radio y la televisión en los tiempos oficiales que le corresponden al Estado tienen carácter permanente, ya no sólo durante los periodos electorales, y comprende de 15 minutos mensuales de transmisiones por cada partido político. Independientemente de los 15 minutos mensuales de que disponen de manera permanente y con el fin de dar a conocer sus candidaturas, los partidos políticos tienen derecho de recibir tiempos gratuitos adicionales durante el periodo de las campañas electorales. Esos tiempos adicionales no solo comprenden la asignación de hasta 250 horas de transmisión en radio y 200 en televisión en el proceso electoral en que se elija Presidente de la República (que se reducen a la mitad en elecciones intermedias), sino además de hasta 10 mil promocionales en radio y 400 en televisión, con una duración de 20 segundos cada uno, que deben ser adquiridos  mensualmente por el Instituto Federal Electoral. Los tiempos adicionales se distribuyen en un 30% de forma igualitaria entre todos los partidos políticos y un 70% en forma proporcional a su fuerza electoral. La ley reglamenta y reconoce como derecho exclusivo de los partidos políticos el de contratar tiempos comerciales en radio y televisión durante los periodos electorales y contiene disposiciones orientadas a garantizar condiciones de equidad en esta materia. En ningún caso se permite la contratación de propaganda a favor o en contra de algún partido político o candidato por parte de terceros. El Instituto Federal Electoral está facultado para sugerir a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión los lineamientos generales aplicables que considere conveniente en los noticieros respecto de la información o difusión de las actividades de campaña de los partidos políticos. La ley reconoce a los partidos, candidatos y coaliciones la posibilidad de ejercer el derecho de aclaración respecto a la información que presenten los medios de comunicación durante las campañas electorales cuando considere que ha deformado hechos o situaciones relativas a sus actividades o atributos personales.

IX. REGISTRO DE CANDIDATOS Y CAMPAÑAS

Es derecho exclusivo de los partidos políticos nacionales y, en su caso, de las coaliciones debidamente formalizadas, el postular y solicitar el registro de candidaturas a los cargos federales de elección popular.

Para efectos del proceso electoral federal del año 2000, los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones disponen de los siguientes plazos para solicitar el registro de sus candidaturas ante los órganos colegiados competentes del Instituto Federal Electoral:

  • Para Presidente de la República del 1 al 15 de enero del año 2000 ante el Consejo General.
  • Para senadores de mayoría relativa del 15 al 30 de marzo, ante los consejos locales correspondientes.
  • Para diputados de mayoría relativa y senadores de representación proporcional del 1 al 15 de abril, ante los consejos distritales y el Consejo General, respectivamente.
  • Para diputados de representación proporcional del 15 al 30 de abril, ante el Consejo General.
A partir del vencimiento de estos plazos, los órganos competentes del IFE disponen de un lapso de 72 horas para sesionar con el propósito expreso de aprobar los registros de las candidaturas que resulten procedentes

En el caso de las coaliciones, los partidos políticos nacionales implicados deben suscribir previamente un convenio de coalición y presentar la solicitud de registro correspondiente ante el Consejero Presidente del IFE, en los plazos y términos previstos por la legislación y las disposiciones aplicables. Se pueden formar coaliciones para todos los cargos federales, pero en el caso de diputados de mayoría relativa deben comprender al menos candidaturas comunes en 33 de los 300 distritos electorales  y en el caso de senadores de mayoría relativa las fórmulas correspondientes a por lo menos tres de las 32 entidades federativas. La ley distingue entre coaliciones totales (tienen efectos automáticos sobre otros cargos en disputa) y parciales (no tienen efectos para otros cargos). La coalición para postular candidato a la Presidencia de la República es la más rigurosa de las totales, pues para ser válida  tiene que hacerse extensiva a la totalidad de los cargos federales, es decir, implica a todas las candidaturas al Congreso de la Unión.  Este es precisamente el tipo de las dos coaliciones electorales conformadas para las elecciones federales 2000. Las coaliciones parciales se restringen a la postulación de candidatos a diputados de mayoría relativa en 33 y hasta 100 distritos electorales y de senadores de mayoría relativa en tres y hasta diez entidades federativas. Las campañas electorales, que comprenden el conjunto de actividades que pueden desarrollar los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados en búsqueda del voto popular, se pueden iniciar en el momento mismo en que la autoridad electoral resuelve sobre el registro de las candidaturas correspondientes y, en todos los casos, deben concluir tres días antes de la jornada electoral, es decir, no se puede realizar ningún acto de campaña a partir del jueves 29 de junio del año 2000. Los actos de campaña no tienen más límite que el respeto a los derechos de terceros, en particular los de otros partidos y candidatos, así como las disposiciones que dicten las autoridades competentes para el ejercicio de la garantía de reunión y la preservación del orden público.

X. MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA

Las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos en quienes se deposita la autoridad para respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo durante la jornada electoral. Con objeto de que los electores puedan ejercer su derecho al voto en el sitio más próximo a su domicilio, la ley dispone que cada sección electoral (célula básica de la división territorial para efectos electorales), se integre con un mínimo de 50 y un máximo de 1500 electores, y que se instale una casilla por cada 750 o fracción menor de ellos. De ser necesarias dos o más casillas en una misma sección, por regla general se deben instalar en forma contigua. Si no existe un local que así lo permita, la ley dispone que se ubiquen en lugares diversos atendiendo la concentración y distribución de los electores en una sección. Además de las casillas ordinarias, existen las denominadas extraordinarias y especiales. Cuando las condiciones geográficas de una sección hagan difícil el acceso de todos los electores residentes en ella a un mismo sitio, se puede acordar la instalación de casillas extraordinarias en lugares que ofrezcan un fácil acceso. Para recibir el voto de los electores que se encuentren transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio, se puede acordar la instalación de hasta cinco casillas especiales por cada distrito electoral. La mesa directiva de cada una de las casillas se compone de un presidente, un secretario y dos escrutadores, así como tres suplentes generales, es decir, por un total de siete miembros, los cuales deben ser ciudadanos residentes de la respectiva sección electoral, seleccionados a través de un doble sorteo ordenado por la ley, y a quienes finalmente se les asigna una función en la casilla de acuerdo con su nivel de escolaridad. Además, para el desempeño de la importante responsabilidad de recibir y contar los  votos, todos ellos deben recibir al menos dos cursos de capacitación diseñados e impartidos por el IFE. Antes de los comicios se deben publicar hasta en dos ocasiones los listados donde se indique la ubicación exacta de las casillas que se instalarán en cada sección electoral así como el nombre de los integrantes de cada mesa directiva de casilla. También es usual que el mismo día de la jornada electoral se publiquen una vez más estos listados en los principales medios informativos de cada entidad federativa. Cada partido político o coalición electoral tiene derecho a nombrar hasta dos representantes propietarios y un suplente por cada casilla. Se estima que para la jornada electoral del 2 de julio del año 2000, se aprobará la instalación de alrededor de 115 mil casillas en todo el territorio nacional.

  XI. OBSERVADORES ELECTORALES

Considerando el manifiesto interés de importantes segmentos de la ciudadanía por involucrarse y participar activamente en actividades relacionadas con los procesos electorales y de manera consecuente con la apertura y fortalecimiento de diversos espacios de participación en la organización electoral, la reforma electoral de 1993 incorporó la figura de los observadores electorales. A tal efecto se dispone que los ciudadanos mexicanos pueden participar como observadores de los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, así como de los que se lleven a cabo el día de la jornada comicial, en la forma y términos que determine el Consejo General del Instituto. Las actividades de observación pueden realizarse en cualquier ámbito territorial del país.

Sólo pueden participar en calidad de observadores los ciudadanos que hayan obtenido oportunamente su acreditación ante la autoridad electoral, para lo cual deben satisfacer entre otros requisitos los siguientes:

  • Presentar su solicitud debidamente requisitada en la forma y términos señaladas por la ley, en donde se incluye una manifestación expresa de que se conducirán conforme a los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad, y sin vínculos con partido u organización política alguna.
  • No ser, ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o partido político alguno, o candidato a puesto de elección popular, en los tres años previos a la elección.
  • Asistir a los cursos de capacitación, preparación o información que impartan el IFE o las propias organizaciones a que pertenezcan.
El día de la jornada electoral los observadores pueden presentarse en una o varias casillas así como en el local del Consejo Distrital correspondiente, pudiendo presenciar los actos de instalación de la casilla, desarrollo de la votación, escrutinio y cómputo de la votación, fijación de resultados en el exterior de la casilla, clausura de la casilla y lectura en voz alta de los resultados en el Consejo Distrital.

En todo caso, los observadores deben abstenerse, entre otras acciones, de: sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones; hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse a favor de partido o candidato alguno y; declarar el triunfo de cualquier partido político o candidato. Los observadores pueden presentar ante la autoridad electoral un informe de sus actividades en los términos y tiempos que determine el Consejo General, pero en ningún caso sus informes, juicios u opiniones pueden tener efectos jurídicos sobre el proceso electoral y sus resultados. Para efectos del proceso electoral federal del año 2000, el Consejo General aprobó el 8 de septiembre de 1999 el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la acreditación y desarrollo de las actividades de los observadores electorales. Los interesados cuentan con un plazo que vence el 31 de mayo del año 2000 para solicitar la acreditación correspondiente. Los observadores acreditados pueden celebrar entrevistas con autoridades electorales a fin de obtener información sobre las instituciones y procedimientos electorales; celebrar reuniones con representantes de partidos políticos, coaliciones y sus candidatos, para obtener información sobre las respectivas organizaciones políticas, así como de recibir de los partidos, previa petición por escrito, los planteamientos y documentación que consideren pertinentes respecto al proceso electoral, siempre y cuando la información requerida no sea confidencial y existan posibilidades técnicas y materiales para su entrega.

XII. VISITANTES EXTRANJEROS

En atención al manifiesto y creciente interés de distintos segmentos de la comunidad internacional por conocer sobre la organización y desarrollo de los procesos electorales en México, una reforma legal adoptada en mayo de 1994 abrió la posibilidad de que los ciudadanos extranjeros puedan ser invitados y acreditados con el fin de conocer e informarse directamente sobre el desarrollo de los procesos electorales federales. A tal efecto, la ley electoral faculta al Consejo General del IFE para que, en ocasión de cada proceso electoral federal, decida sobre el particular y, en su caso, establezca las bases y criterios relativos a su invitación, acreditación y actividades. En las dos ocasiones previas que resultó procedente, es decir, con motivo de las elecciones federales de 1994 y 1997, el Consejo General ejerció su atribución y aprobó el acuerdo correspondiente. Para las elecciones de 1994 se aprobaron las solicitudes de acreditación presentadas por 943 ciudadanos extranjeros provenientes de 34 países. Para las elecciones de 1997 fueron 398 las solicitudes aprobadas provenientes de 30 países. Para efectos del proceso electoral federal del año 2000, el Consejo General aprobó el 8 de septiembre de 1999 el acuerdo en el que se fijan las bases y criterios bajo los que se acreditará y se atenderá a los extranjeros interesados en conocer sobre su desarrollo y determinó que la convocatoria correspondiente se emitiera de inmediato, dando así la oportunidad a los interesados de solicitar su acreditación y conocer sobre el proceso desde su etapa inicial. Las personas extranjeras interesadas en obtener su acreditación disponen de un plazo que vence el 21 de junio del año 2000 para presentar su solicitud debidamente requisitada. Tanto el texto de la convocatoria como los formatos de solicitud de acreditación se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas centrales y locales del IFE, en las representaciones diplomáticas y consulares de México en el extranjero, pero el interesado también tiene la posibilidad de obtenerlas electrónicamente, pues se encuentran disponibles en la página del IFE en internet (www.ife.org.mx). Además del propio Consejo General del Instituto, los partidos y las agrupaciones políticas nacionales y, en su caso, las coaliciones electorales, así como las organizaciones de observadores y todas aquellas instituciones y asociaciones mexicanas de carácter civil especializadas o interesadas en la materia, pueden difundir la convocatoria e invitar a las personas extranjeras que cumplan con los requisitos establecidos en las bases y criterios del acuerdo aprobado por el Consejo General. Los visitantes extranjeros acreditados pueden conocer e informarse sobre el desarrollo del proceso electoral federal del año 2000 en cualquiera de sus etapas y en cualquier parte del territorio nacional, y pueden solicitar la celebración de entrevistas o reuniones informativas con funcionarios del IFE, tanto en las oficinas centrales, como en las locales y distritales. Los partidos y las agrupaciones políticas nacionales así como las coaliciones electorales pueden exponerles sus planteamientos sobre el proceso electoral y proporcionarles la documentación que consideren pertinente. Durante su estancia en el país y en el desarrollo de sus actividades, los visitantes extranjeros acreditados deben cumplir en todo tiempo y lugar con las leyes mexicanas y las disposiciones legales aplicables.

 XIII. JORNADA ELECTORAL Y RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES

Conforme a la ley, la celebración de la jornada electoral correspondiente al proceso electoral del año 2000 se verificará el domingo 2 de julio. A las 08:00 horas los funcionarios de las mesas directivas deben proceder a la instalación de la casilla, en presencia de los representantes de los partidos políticos que concurran, quienes pueden solicitar que las boletas electorales sean rubricadas o selladas por uno de ellos. La ley prevé distintas hipótesis y los mecanismos aplicables a efecto de asegurar que las casillas cuenten con una mesa directiva que reciba válidamente la votación y funcione hasta la clausura. Una vez llenada y firmada el acta de la jornada electoral, el presidente de la mesa debe anunciar el inicio de la votación, la cual sólo puede ser suspendida por causas de fuerza mayor. Los electores deben votar en el orden en que se presenten ante la mesa directiva de casilla, para lo cual es indispensable que cuenten y presenten su Credencial para Votar con fotografía. Los electores que no sepan leer o tengan alguna discapacidad física para poder emitir su voto pueden ser asistidos por una persona de su confianza. Una vez que el elector ha marcado sus boletas y las ha depositado en las urnas correspondientes, el secretario de la casilla registrará su voto en la lista nominal correspondiente; marcará su credencial de elector y le impregnará con líquido indeleble el dedo pulgar derecho. Corresponde al presidente de la mesa directiva ejercer la autoridad para preservar el orden, asegurar el libre acceso de los electores y garantizar en todo tiempo la secrecía del voto. A tal efecto puede solicitar en todo tiempo el auxilio de las fuerzas de seguridad. Los representantes de los partidos políticos pueden presentar al secretario de la mesa directiva escritos sobre cualquier incidente que a su juicio constituya una infracción a lo dispuesto por la ley electoral. La votación concluye a las 18:00 horas, pero puede cerrarse antes si todos los electores incluidos en la lista nominal correspondiente han ejercido su derecho al voto, o después en caso de que a esa hora aún se encuentren electores formados para votar y hasta que todos estos hayan ejercido su derecho ciudadano. La opinión pública, los partidos políticos y los propios candidatos cuentan con distintas vías para conocer sobre los resultados preliminares de las elecciones desde el mismo día de la jornada electoral. Un primer momento se da poco tiempo después de que se produzca el cierre de votación en cada una de las casillas, pues la ley ordena que una vez concluido el procedimiento de cómputo  de las elecciones, el presidente de cada mesa directiva fije avisos con los resultados de cada elección en un lugar visible del exterior de la casilla correspondiente. Ahora bien, con objeto de disponer a la mayor brevedad posible con resultados preliminares de las elecciones a nivel nacional, la ley ordena al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral establecer un mecanismo para su recabación y difusión inmediata en el Consejo General, al cual se le denomina Programa de Resultados Electorales Preliminares. Al igual que en 1997, para las próximas elecciones federales se tiene previsto que los resultados generados a través de este Programa se difundan de manera pública y directa a medida que vayan siendo recibidos a nivel central.
 
Además, la ley faculta al Presidente del Consejo General para ordenar, previo acuerdo del propio Consejo, la realización de los estudios o procedimientos pertinentes, a fin de conocer las tendencias electorales el día de la jornada electoral, cuyos resultados sólo podrán ser difundidos cuando así lo autorice el máximo órgano colegiado del Instituto.

XIV. JUSTICIA ELECTORAL

De manera paralela al desarrollo, fortalecimiento y actualización de la organización y procedimientos electorales, se ha ido conformando un sistema integral de recursos y procedimientos para resolver las controversias en esta materia y reforzar el control sobre la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los órganos y autoridades electorales. La reforma constitucional y legal de 1996 reportó avances e innovaciones especialmente significativas en esta materia, incluido el de haber dado origen a una Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. El Tribunal Electoral con jurisdicción federal (hasta antes de la reforma de 1996, Tribunal Federal Electoral), forma ahora parte del Poder Judicial de la Federación como un órgano especializado y constituye la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con excepción de las acciones de inconstitucionalidad, que se reservan expresa y exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones relativas a:

  • Elecciones federales de diputados y senadores.
  • Elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que deben ser resueltas en última instancia por la Sala Superior.
  • Actos y resoluciones de la autoridad electoral federal que violen normas constitucionales o legales.
  • Actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, cuando puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso o el resultado final de la elección y la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible.
  • Actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país.
  • Conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores o el IFE y sus servidores.
  • Determinación e imposición de sanciones en la materia.
El Tribunal Electoral funciona con una Sala Superior y Salas Regionales, las sesiones son públicas en los términos que determine la ley. La Sala Superior se integra por siete Magistrados Electorales y el Presidente del Tribunal es elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, por un periodo de cuatro años.

Los Magistrados Electorales que integran tanto la Sala Superior como las Regionales son elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Instituto Federal Electoral, Oficinas Centrales: Viaducto Tlalpan No. 100 Col. Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, C.P. 14610, México, D.F.